La Audiencia de Sevilla reabre la pieza política del fraude en los cursos de formación

La Audiencia de Sevilla ha reabierto la rama política de los cursos de formación en la que estuvieron investigados 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por una supuesta trama para desviar fondos públicos, y que fue archivada hace dos años y medio. Los magistrados corrigen el criterio de la juez María Núñez y la Fiscalía Anticorrupción y apoya al Partido Popular, acusación que recurrió el archivo de Núñez y a la que ahora dan parcialmente la razón después de aclarar que, por ahora, no existen indicios de que hubiera una trama entre los ex altos cargos inculpados.

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En 2015 la juez Mercedes Alaya ordenó detener a ocho exdelegados provinciales de la Consejería de Empleo en la Operación Barrado entre otros altos cargos y acusó a la cúpula de la Consejería de Empleo de diseñar un sistema para evitar el control sobre los cursos de formación que impartían las empresas con fondos públicos. Dos años después, su sustituta, María Núñez, rebatió su criterio y archivó la pieza política de la macrocausa de los cursos de formación, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, que no veía indicios suficientes.

Ahora, cuatro años después de la operación de la Guardia Civil, la Audiencia ha ordenado este lunes practicar ciertas diligencias pendientes en la investigación y otras nuevas que había pedido el PP. Desde la decisión de Núñez, la Sección Primera de la Audiencia ha tardado dos años y medio en deliberar y contrariarle, si bien en este tiempo el presidente de la Sección, Pedro Izquierdo, fue recusado y debió abstenerse, lo que ha retrasado la resolución.

La Audiencia rebate una decisión clave adoptada por Núñez una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción le denunciara ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por retrasos indebidos en las principales causas de corrupción que instruye. Sin embargo, la pieza política de los cursos de formación no figura entre ellas, ya que Anticorrupción solicitó el archivo y Núñez estuvo de acuerdo.

Las nuevas pesquisas ordenadas ahora persiguen aclarar las supuestas irregularidades que pudieran haberse cometido desde Empleo en “el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones” destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012, decreta el auto de la Audiencia. Los jueces piden a la Guardia Civil que examine una serie de expedientes de subvención precintados en el SAE para cotejar las carencias de los expedientes informáticos con los almacenados en una sede del SAE. La Audiencia invita a la juez a practicar otras diligencias que estime necesarias para esclarecer los hechos, y entonces podrá archivar la pieza, para evitar que se convierta en una investigación prospectiva.

El fiscal sostuvo en su día que no había indicios para denunciar una situación de descontrol y mala administración de los cursos subvencionados por la Consejería de Empleo, pero la Audiencia refuta ahora que no hay “elementos bastantes para decidir” si este descontrol se produjo. “No sabemos cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice” en el informe del SAE que consta en el sumario, “ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados”, lo que debería quedar acreditado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

En paralelo, los magistrados tumban la argumentación del PP al acusar a la juez Núñez de imparcialidad, y le reprocha que su recurso contiene “una argumentación inadmisible” después de que los populares promovieran contra la magistrada una recusación administrativa ya rechazada por el Poder Judicial. “Pese a lo que se le ha respondido desde el CGPJ el recurrente porfía de forma incomprensible en su infundado argumentario”, censura el auto de la Audiencia.