Las derechas pactan el presupuesto andaluz para 2020 con medidas para reducir el sector público
La comunidad adelanta la tramitación de sus cuentas regionales para sortear la agitación electoral
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha alcanzado este jueves un acuerdo con Vox para la aprobación del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2020. No habrá, pues, enmienda a la totalidad por parte del grupo de ultraderecha, cuyos 12 diputados son vitales para la estabilidad del Ejecutivo autónomo.
El acuerdo se ha cerrado al filo del mediodía, hora en la que terminaba el plazo para registrar las enmiendas de devolución. Aún no está todo cerrado y se sigue negociando, pero lo que está claro es que no se producirá el sobresalto de lo ocurrido con las cuentas de 2019, cuando en junio pasado Vox mantuvo en vilo al Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno hasta el último segundo. Entonces, Vox retiró la enmienda a la totalidad desde la misma tribuna del Parlamento. Al día siguiente, presentaron un documento pactado por PP, Cs y Vox, en el que por primera vez figuraban los logos de los tres partidos, con medidas a desarrollar en los ejercicios 2019 y 2020.
En ese texto, el partido de Abascal imponía cambios en inmigración, “violencia intrafamiliar”, memoria histórica y la conquista de América para levantar el veto a los presupuestos. Pero lo fundamental y donde Vox pone el foco es en la reordenación del sector público empresarial andaluz.
En 2020 se realizarán auditorías independientes en lo que el PP ha denominado siempre de manera despectiva como la "Administración paralela". Los tres partidos están de acuerdo en reducir el sector público andaluz, con una plantilla de 26.045 personas. En principio, el foco está puesto en 12 agencias empresariales en las que trabajan 9.461 personas, de las que solo 498 son funcionarios.
El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, aseguró que hay “avances” y una “buena disposición” del Gobierno andaluz para el “desmantelamiento” de la Administración instrumental. Un propósito que, en cualquier caso, no empezará a verse hasta finales de 2020. En esa fecha está previsto que el Ejecutivo autónomo presente una nueva ley de función pública. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha matizado que no se trata tanto de “desmantelar”, como de “conocer” la situación real de las empresas públicas.
Andalucía es de las primeras comunidades autónomas —Castilla-La Mancha ya lo ha registrado— que aprobará el proyecto de ley de presupuestos de la región dentro de un contexto político marcado por la inestabilidad y las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Los plazos de tramitación se han acelerado precisamente para evitar su coincidencia con la agitación electoral. Las cuentas para 2020 ascienden a 38.540 millones de euros, 5,4% más que el vigente. En plena desaceleración económica, el Ejecutivo regional estima que la economía andaluza crecerá cuatro décimas menos (del 2,3% al 1,9%) y calcula que se crearán unos 60.000 empleos.
Los grupos del PSOE y Adelante Andalucía (la coalición de Podemos e Izquierda Unida) sí han registrado enmiendas a la totalidad. Ambos creen que las cuentas pecan de optimismo y aseguran que recortan derechos sociales. El partido que lidera Teresa Rodríguez las ha tachado de “fascistoides”.
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