El Gobierno permitirá usos turísticos en los parques nacionales

Los parques nacionales pueden convertirse en recintos de ocio en los que navegar, practicar vuelo sin motor o pasar unos días en una casa rural con el riesgo de que esas actividades molesten a especies hasta ahora ultraprotegidas. El Gobierno del PP contempla estas posibilidades en el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales que esta semana debate con las autonomías y organizaciones ecologistas. Los conservacionistas advierten de que se corre el riesgo de que estos 14 recintos se conviertan en parques temáticos en los que lo último sea la naturaleza. En el Ministerio de Medio Ambiente aseguran que se preservarán estos ecosistemas haciéndolos compatibles con dichas actividades.

Hasta el momento, los parques nacionales tienen una pequeña zona de acceso al público en la que se explican los hábitats sin molestar. En principio, la idea del Ministerio de Medio Ambiente era ampliarla al estilo de los parques africanos, con sus rutas en todoterreno. “Esto no sería aplicable porque esto no es Sudáfrica, aquí los parques son muy pequeños”, explica un técnico que pone como ejemplo las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

El texto contempla que se puedan conceder autorizaciones de navegación en el interior de los parques con fines turísticos o recreativos de forma excepcional cuando esta actividad contribuya de forma notable al desarrollo socioeconómico del entorno y sea completamente compatible con la conservación de los valores y sistemas naturales. Extremadura, que acepta parcialmente el contenido del anteproyecto, ha pedido que se pueda surcar el Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). “Prácticas intrusivas como esta entorpecen la vida de especies como la cigüeña negra, el buitre leonado o a las nutrias”, explica Teo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. “Hay zonas navegables del Tajo, con un paisaje similar, que no están en el corazón del parque”, aseguran en Seo-Birdlife.

También altera la vida natural el hecho de que se permita el vuelo sin motor en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En una de sus disposiciones adicionales, el anteproyecto establece que se estudien las cotas, periodos y zonas donde “no resulte incompatible con la conservación de los recursos del parque”. La práctica de deportes no estaba permitida hasta ahora en estos recintos.

El Gobierno también quiere dar mayor protagonismo a los propietarios de terrenos que forman parte de los parques nacionales y a los que ofrece la oportunidad de optar a contratos, convenios o acuerdos para participar en la conservación de estos parajes. Según el texto, los particulares podrán “desarrollar actividades económicas y comerciales, en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”.

Algunos de los expertos consultados ven en la participación de los dueños de estas fincas una puerta abierta para que se pueda cazar en los parques nacionales. El texto califica la caza deportiva y comercial como actividades “incompatibles”. Sin embargo, establece que la Administración del parque puede programar actividades de control de poblaciones —en las que se matan ejemplares— entendiendo esta actividad como necesaria para la gestión. El secretario de Estado, Federico Ramos, ya declaró en 2012 a Europa Press que no descartaba la posibilidad de recurrir a las asociaciones de cazadores para participar en esta práctica. “No hay ninguna puerta abierta a que se pueda permitir la caza en los parques nacionales”, remachó ayer un portavoz de Medio Ambiente. “El control poblacional es una figura que ha existido siempre y no se puede considerar como caza”, añadió.

La caza deportiva siempre ha estado prohibida en los parques nacionales, aunque las diferentes leyes de declaración de cada recinto establecen periodos de transición en los que se permite esta actividad. En el Parque Natural de Monfragüe, por ejemplo, todavía está permitida de forma transitoria.

En su afán por impulsar la actividad económica, la norma quiere potenciar la marca Parques Nacionales de España como “identificador común de calidad” para productos de estos espacios y creará “áreas de influencia socioeconómica” en las que la Administración pública va a impulsar políticas de desarrollo. En el documento también se contempla la posibilidad de que se impulse la “colaboración público-privada” con la incorporación a los parques de recursos financieros de la iniciativa privada y el sector empresarial.

Este primer borrador del anteproyecto todavía tiene que leerse en el Consejo de Ministros y está pendiente de las alegaciones de las comunidades autónomas. Andalucía, gobernada por el PSOE, ha sido una de las primeras en rechazarlo porque advierten una recentralización encubierta de la gestión de los parques de Sierra Nevada y Doñana, ya que subordina a los directores de parques al ministerio. Extremadura, gobernada por PP, lo ha aceptado con matices, también relacionados con la invasión de competencias. El Tribunal Constitucional ya estableció en 2004 y 2005 que la gestión de los Parques correspondía a las comunidades autónomas y reservaba para la Administración general otras funciones. En Ecologistas en Acción creen que estos cambios en la ley de Parques Nacionales vigente, de 2007, generarán nuevas batallas judiciales.