“El sistema ha fallado”

El engranaje judicial comenzó a funcionar de forma sistemática en 2012, cuando WWF remitió a la Fiscalía General del Estado el informe El robo del agua en Doñana, que detallaba las extracciones ilegales que se realizaban en cinco zonas próximas al espacio natural. El Seprona comenzó entonces una campaña de inspecciones en esos puntos, que está próxima a terminar. Con los datos que le han ido facilitando los agentes, el fiscal de Medio Ambiente de Huelva ha comenzado a actuar también. Alfredo Flores explica que se han denunciado ya tres casos “flagrantes” y que los jueces han empezado a ordenar la clausura de algunos pozos.

Uno de los últimos casos data del pasado julio, cuando un juzgado de Moguer ordenó el cierre “con precinto policial” de cuatro pozos en una finca. “Estas personas ya habían sido investigadas, enjuiciadas y condenadas por cambios de uso, construcciones o balsas ilegales”, explica Flores.

Hasta hace poco lo que más se había perseguido penalmente en esta conflictiva zona eran los cambios de uso de los suelos. Es decir, fincas que en origen eran montes públicos y que terminaban convirtiéndose de forma irregular en zonas de regadío. Desde 2005, la fiscalía de Huelva tiene contabilizadas 30 sentencias condenatorias por este asunto. Según se recoge en su memoria de 2012, estas sentencias han “supuesto un importante efecto preventivo en la zona, donde se ha conseguido al menos acabar con la sensación de impunidad”. Ahora lo que se está persiguiendo son las extracciones de agua del acuífero 27.

El fiscal reconoce la dificultad para perseguir por la vía penal la sustracción de agua. Recurre al ejemplo de Daimiel, otro paraje protegido en el que la Fiscalía General del Estado también emprendió una investigación por motivos similares. En aquel caso, explica, “se fue por la vía del artículo 325 del Código Penal, por extracciones con grave afectación al medio ambiente”. Pero en Daimiel la Administración declaró sobreexplotado el acuífero 23, algo que no ha ocurrido en Doñana. “Eso también te limita”, reconoce Flores. “Los juristas nos tenemos que fiar de los técnicos, y los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dicen que el acuífero de Doñana no está perfecto, pero que tampoco tiene una situación grave. Ahí nos movemos”.

El fiscal, paradójicamente, reconoce que la vía administrativa puede ser más efectiva en este asunto. Por la vía penal los agricultores se enfrentan a multas de 1.500 euros, señala Flores. “Por la administrativa he visto sanciones de 60.000 y 100.000 euros”.

“Está claro que el sistema de control que debe tener la Administración ha fallado”, sostiene Flores cuando se le pregunta sobre el origen de las captaciones ilegales. “En algunos casos parece evidente que no ha habido la voluntad, el compromiso y la responsabilidad que son de exigir”, añade. “Aunque también es cierto que desde 2004 o 2005 la Administración autonómica sí que ha colaborado mucho con nosotros. Casi todo lo que nos ha llegado han sido denuncias de la Administración autonómica”.

Flores pone como ejemplo la denuncia contra cinco agentes medioambientales que no impidieron la construcción de pozos. “Ese foco de corrupción nos llegó por la Administración autonómica”, indica. “Aquí se mueve mucho dinero, y cuando se mueve mucho dinero hay corrupción”, apunta sobre este caso concreto.

Respecto al futuro de la actividad agrícola, Flores cree lógico que “si se restringe por un lado el agua subterránea habrá que dar otra solución”. “Me parece bien que se luche por el agua superficial”, apunta en referencia a las demandas de trasvases.

El plan especial que la Junta prevé aprobar a principios de 2014 plantea terminar con las extracciones ilegales en un máximo de cinco años. El fiscal cree que es “factible” lograr este objetivo, pero si hay “voluntad” por parte de todos.