España aprueba su plan de adaptación al cambio climático para reducir los impactos del calentamiento

Olas de calor, subida del nivel del mar, fuertes tormentas, inundaciones, sequías prolongadas... Los fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, que ya están aumentando en intensidad y frecuencia, amenazan con causar daños millonarios en las próximas décadas. Las emisiones de gases de efecto invernadero (que se han acumulado en la atmósfera) han sido de tal magnitud en el último medio siglo que en estos momentos no es posible revertir el incremento de las temperaturas. El gran reto climático es ahora reducir esas emisiones para que el calentamiento se quede dentro de los límites menos catastróficos y adaptarse a las consecuencias de esta crisis. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que cubrirá el periodo comprendido entre 2021 y 2030. El objetivo de este documento es anticiparse a esos impactos y riesgos para lograr “un país menos vulnerable”.

Dentro de Europa, España está en la zona roja de los impactos del calentamiento. Las regiones del sur y del Mediterráneo serán las más golpeadas de la UE, según advierten diversos estudios científicos. Pero muchos de esos impactos se pueden minimizar y prevenir con los programas de adaptación. El plan aprobado este martes por el Gobierno de España contempla 81 líneas de acción ideadas para “construir una economía y una sociedad más seguras y menos vulnerables”. Esas actuaciones ―que se refieren a campos como la salud, las costas, la gestión del agua, la agricultura, la biodiversidad, la lucha contra la desertificación o el turismo― tendrán que desarrollarse durante esta década y, en muchos casos, requerirán de la aprobación de nuevas leyes y de la reforma de algunas existentes ya.

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Uno de los campos en los que más fácil es apreciar los impactos de la crisis climática es en las costas. Alrededor de un tercio de la población de la UE vive a menos de 50 kilómetros del mar. En los peores escenarios de calentamiento, el nivel del mar en Europa podría aumentar más de un metro a final de siglo. Y si no se tomarán medidas de adaptación, el daño anual de las inundaciones costeras en la UE y el Reino Unido podría pasar de los 1.400 millones de euros de este momento a cerca de 240.000 millones de euros para 2100, según el último informe de Impactos del cambio climático y adaptación en Europa, elaborado por el servicio científico de la Comisión Europea, JRC. Pero ese mismo informe recuerda que el 95% de esos daños se pueden evitar con medidas de mitigación como la protección de los asentamientos humanos con diques y la recuperación de barreras naturales que frenan la subida del nivel del mar.

Urbanismo

El plan de adaptación del Gobierno tiene un apartado dedicado al urbanismo costero, en el que se apuesta por “cambios en el marco normativo orientados a mejorar la eficacia de las respuestas frente a los riesgos costeros”. En el texto que hace tres meses se sometió a información pública se establecía, por ejemplo, que "todos los Planes Generales de Ordenación Urbana tramitados a partir de 2021″ de las localidades de costa deberán contemplar “los riesgos derivados del ascenso del nivel del mar y los efectos de los temporales marítimos”. Además, como norma general, el texto marcaba como objetivo que toda la nueva planificación territorial y urbanística analice “los riesgos derivados del cambio climático” e incorpore “medidas para minimizarlos”.

El Ministerio para la Transición Ecológica, encargado del plan, apuntaba también al “aumento de la flexibilidad a la hora de otorgar títulos de ocupación, pudiendo, por ejemplo, limitar o reducir los plazos de las concesiones o agilizar su revisión por causa del cambio climático”. Y establecía como meta la “agilización de la revisión de los deslindes del dominio público marítimo-terrestre, basado en datos científicos”. Y se abría la puerta a las “demoliciones de elementos artificiales deteriorados, altamente vulnerables o que sean perjudiciales para la integridad del dominio público y reduzcan su capacidad de adaptación”. También, se proponían “intervenciones sobre infraestructuras vulnerables para reducir su sensibilidad ante los riesgos costeros” y la “reubicación de infraestructuras muy vulnerables”.

Entre las normas que se deberían modificar está la Ley de Costas y su reglamento. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado en varias ocasiones que su intención es cambiar esta ley, cuya última polémica modificación fue abordada por el PP en 2013. El plan no pone fecha a los cambios de leyes necesarias; habla de crear “grupos de trabajo con el objeto de analizar y, en su caso, proponer posibles modificaciones del marco normativo”. También se contempla la reforma de otras (como el Texto Refundido de la Ley de Aguas o la Ley de Evaluación Ambiental) y la aprobación de nuevas, como la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Ley de Industria y Estrategia Industrial, todas ellas comprometidas en el acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Podemos.

En la última redacción del plan, apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se hace hincapié en vincular las actuaciones de adaptación a las políticas de recuperación frente al impacto del covid-19 que ha puesto en marcha la Comisión Europa. “El plan identifica fondos que podrán ser movilizados para la adaptación aunque, al tratarse de una hoja de ruta para toda una década, establece que la concreción de medidas concretas y valoración se deja a los programas de trabajo”, señalan en el ministerio sobre la financiación de las medidas. La aprobación de este plan de adaptación era uno de los compromisos que el Gobierno adquirió cuando realizó la declaración de emergencia climática en enero.

El plan también se marca como objetivo mejorar el conocimiento de los impactos del calentamiento en los principales sectores económicos. Para ello se establece la obligación para el ministerio de elaborar, “con una periodicidad al menos quinquenal”, un informe de síntesis “sobre la evolución de los principales riesgos y sus impactos derivados del cambio climático”, según detalló en mayo el departamento de Teresa Ribera. En el plan se establecen 27 indicadores climáticos relacionados, por ejemplo, con la incidencia en la salud, los daños económicos por tormentas costeras y el estado de los recursos hídricos.