La hija de Berta Cáceres denuncia irregularidades en el juicio contra el supuesto asesino de la ambientalista

Han pasado cinco años desde el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres y su hija, Berta Zúñiga, afirma que varios de los involucrados en el crimen de su madre siguen sin ser enjuiciados en Honduras, un país con una alta tasa de impunidad, principalmente cuando se trata de esclarecer crímenes contra ecologistas. A la familia de la activista les alivia que al menos siete personas ya fueron condenadas en 2019 y esta semana se desarrolla el juicio contra Roberto David Castillo, señalado de ser el actor intelectual del asesinato. Zúñiga, sin embargo, denuncia que el Estado hondureño protege a otras personas involucradas, incluidos integrantes de la poderosa familia Atala, propietaria de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a quien el Gobierno le otorgó la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se oponía.

“Durante todo este tiempo ha quedado claro que hay una estructura criminal que incluye a personas que son protegidas por el Estado”, afirma Berta Zúñiga en conversación telefónica con EL PAÍS. La joven, además de a varios integrantes de la familia Atala, señala a oficiales de la policía de Honduras. En el caso de los Atala dice que ha habido “cientos de mensajes” analizados por peritos involucrados en el caso de su madre que pueden ser usados como pruebas de la participación de los empresarios hondureños. “Ellos trafican con influencias. Se comunican con expresidente y ministros. Es urgente que el Ministerio Público tome acciones y deje de protegerlos”, exige Zúñiga.

En 2017, DESA envío un mensaje a este periódico en el que afirmaba que estaba “completamente desvinculada de los desafortunados hechos que terminaron con la vida de Berta Cáceres”. La Fiscalía de Honduras, sin embargo, afirmó en su acusación de 2018 que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares (1.986 euros) para cometer el crimen, según la Fiscalía. Tanto Bustillo como Díaz Chávez fueron condenados a 30 años de cárcel en 2019.

Mientras la familia de Berta Cáceres espera que otras personas involucradas en el crimen sean enjuiciadas pronto, siguen con expectativa el proceso contra Castillo, que se extenderá durante esta y la próxima semana. A pesar de sentirse “afortunada” porque el caso de su madre no ha quedado totalmente en la impunidad, Zúñiga afirma que ha habido irregularidades en el juicio y acusa a la Fiscalía de mantener “un gran hermetismo” en el manejo de la investigación. “La Fiscalía ha desconocido nuestro derecho para conocer las líneas de investigación. Si no fuera por la presión internacional, Castillo no estaría siendo procesado”, afirma Zúñiga.

Gonzalo Sáenz, representante de la Misión Internacional de Observación en el juicio, comparte las quejas de la hija de Cáceres y afirma que el Ministerio Público ha manejado información que no ha compartido con el quipo que defiende el caso de la activista y que también puede afectar a otras personas involucradas en el crimen. “Es responsabilidad del Estado esclarecer todos los hechos relacionados con el caso de Berta”, afirma. Con todo, Sáenz toma nota de lo importante que es para Honduras que se realice el juicio contra Castillo, porque puede generar un precedente en un país donde se han cometido decenas de crímenes contra ecologistas y que se mantienen impunes.

Berta Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. “Ella señaló que si alguien iba a asesinarla esa persona era él”, dice su hija. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroeléctrico que afectaría al río Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en su ramo. Bertha Zúñiga afirma que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de su madre.

Un tribunal de Honduras condenó en 2019 a siete personas por el asesinato de la activista, entre ellos a los tres sicarios que le dispararon en de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA. El tribunal declaró culpables a Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor en activo del ejército de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (exmilitar) y a los sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato. La familia de Cáceres espera que David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y señalado de ser el autor intelectual del homicidio contra la activista, también sea condenado al final del juicio en su contra. “Este es un proceso por la memoria de mi madre. Sé que hace falta un largo trecho para que otros involucrados sean juzgados, pero para lo que es nuestro país [Honduras] y su alta impunidad, este proceso marca un camino y así evitar que queden impunes otros crímenes”, afirma Berta Zúñiga.

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