Unidas Podemos propone multiplicar el número de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública

Unidas Podemos (UP) ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de sobre salud mental que contempla aumentar considerablemente el número de profesionales del sistema sanitario dedicados a este campo y acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos. También plantea el despliegue de programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa parlamentaria ha sido elaborada tras un proceso de consulta con distintos colectivos y asociaciones especializadas en salud mental. El grupo parlamentario ha enviado ahora el texto al Gobierno a través de Relaciones con las Cortes, tal y como ha acordado con el Ministerio de Sanidad, según fuentes de UP, con la intención de recoger propuestas de dicho departamento antes de registrar la ley en la Cámara baja, un trámite que está previsto para el próximo viernes. La formación confía en sacar adelante la iniciativa legislativa y destaca la sintonía con el PSOE en esta materia, aunque se abre a las modificaciones que puedan aportar los distintos grupos a lo largo de la tramitación parlamentaria.

La formación morada ya anunció a finales de mayo el impulso de esta nueva normativa, similar a la ya presentada en 2019, pero que no se pudo tramitar por la disolución de las cortes. Después de que Más País, con su portavoz Íñigo Errejón a la cabeza, haya hecho bandera de esta cuestión durante el curso pasado, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ya dijo que “en política es importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que se hace”. “Actualmente, la salud mental debe ser considerada una prioridad absoluta. De acuerdo con la previsión de la OMS, aproximadamente el 25% de la población tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Situaciones de incertidumbre vital como la crisis económica, el paro, la precariedad laboral o la exclusión social generan en las personas riesgos para su salud mental”, desgrana la formación morada en su exposición de motivos para citar también el impacto “adicional” de la crisis del la covid-19.

La salud mental, el gran desafío de una sanidad pública al límite

La proposición de ley reconoce explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales. Concretamente, un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental. Eso sí, se introduce una disposición adicional en el texto del grupo confederal para especificar que este nivel de ratios se alcanzará progresivamente en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor.

En España, ahora mismo, hay 11 psiquiatras por 100.000 habitantes, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23). Alemania tiene 27 y Países Bajos, 24. También los psicólogos clínicos escasean y en 2018 apenas eran unos 6 por 100.000 habitantes en la red pública (tres veces menos que la media europea). En cuanto a camas psiquiátricas, España no llega a 40 plazas por 100.000 personas, mientras que la media europea está en 75 y en Bélgica y Alemania hay más de 125.

La ley contempla también medidas para la prevención del suicidio mediante la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa suicida, el establecimiento de protocolos de prevención e identificación precoz para grupos vulnerables y la creación de una formación especializada para la prevención del suicidio y el estigma para personal sanitario, servicios de urgencia, bomberos, policía, protección civil, medios de comunicación, centros docentes y funcionarios de justicia.

“Cuestión de Estado”

Sofía Castañón, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ha destacado durante la presentación del texto ante los medios que es una “cuestión de Estado” abordar la situación de la salud mental y ha enfatizado que ahora el ratio de profesionales está “muy por debajo de los estándares y la media europea”, por lo que es necesario llegar a ese umbral. “Esperamos que la respuesta de todos los grupos parlamentarios sea en consecuencia con lo que es una cuestión de salud comunitaria”, ha añadido. En este asunto, ha afirmado Castañón, “hay completa sintonía con el grupo socialista y dentro del Gobierno”. Por su parte, la diputada Rosa Medel ha señalado que los servicios públicos están “sobrepasado” y que la pandemia ha demostrado que se han multiplicado por cien los casos de trastornos de salud mental, como demuestra un estudio realizado en 55 países con 190.000 casos. “Esta situación se traduce en que solo las personas con recursos económicos pueden acceder a la medicina y psicología privada, lo que provoca una situación de inequidad”, ha ahondado la diputada para destacar que esta ley “va a asegurar un servicio de salud mental de calidad y garantizar la equidad en el acceso a estos servicios”.

La también parlamentaria Mar García Puig ha añadido que la ley supone un “cambio de paradigma” al poner el énfasis en los condicionantes sociales y económicos. ”Una de cada cuatro personas en el mundo va a sufrir problemas de salud mental, esto se ve reforzado cuando existen problemas de precariedad”, ha argumentado. García Puig se ha referido además a la desigualdad de género. “El doble de mujeres en España sufren sintomatología relacionada con la depresión”, por lo que ha señalado que el proyecto se enfoca en la salud mental de las mujeres, con atención específica a las víctimas de violencia machista o a la salud mental de las madres, además de abordar la atención en la salud mental perinatal, siempre que las madres lo deseen, y se vincula la prohibición de la esterilización forzosa por los problemas de salud mental de la madre, ha explicado.

Por otro lado, el texto opta por “atribuir al empresario la protección de la salud mental” de su plantilla como deber de prevención de los riesgos derivados del trabajo. De esta forma, contemplan “prevención, vigilancia y control”, la “efectividad del derecho a la desconexión digital, la promoción de un ambiente agradable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras”.

Además, defiende implantar programas específicos orientados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria, en Centros Educativos y en los Servicios Sociales, dirigidos especialmente a las y los niños y sus familias, identificando y abordando factores de riesgo psicosociales. Junto a ello, contempla también el derecho de los enfermos a “una intervención en salud mental que las proteja de la iatrogenia”, que todos los servicios que se presten en este ámbito adopten tratamientos basados en el “consentimiento libremente otorgado” y que “ninguna persona sea sometida a terapia electroconvulsiva si así se recoge en el Documento de Voluntades Anticipadas”.