El Gobierno propone residencias más pequeñas, con más personal y un mayor control de los centros

El debate sobre los nuevos requisitos que se exigirán a las residencias está en marcha. El Ministerio de Derechos Sociales negocia con los agentes sociales y con las comunidades autónomas un nuevo acuerdo de acreditación de los servicios de la dependencia, es decir, qué condiciones mínimas deberán regir en todo el territorio para que puedan operar dentro del sistema. También mantiene discusiones con asociaciones y expertos en el sector para recabar sus opiniones.

Un borrador de trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, contempla centros más pequeños (de un máximo de 50 plazas), divididos en unidades en los que conviva un “grupo reducido de personas”, de forma que se pueda garantizar un “funcionamiento tipo hogar”. El texto plantea a su vez una subida progresiva del personal que trabaja en el cuidado diario de los usuarios, y que, como mínimo, en la Administración haya un inspector por cada 30 residencias acreditadas. A su vez, reconoce el “importante” papel de las familias, con quienes los centros deberán reunirse periódicamente, y propone elaborar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios, cuyos resultados deberán ser públicos.

El documento fue discutido este jueves con la mesa de diálogo social, que reúne a empresas y sindicatos, y la semana que viene se abordará en la de diálogo civil, con asociaciones y entidades expertas en el sector. Fuentes conocedoras de la negociación sostienen que están aún en fase inicial y que las ratios o el tamaño de los centros, por ejemplo, son un punto de fricción.

El asunto también se discutirá con las comunidades autónomas, competentes en la gestión de la dependencia. Muchas ya están emprendiendo cambios normativos encaminados a un nuevo modelo, si bien el ministerio tiene la labor de coordinación. El pasado julio, ya acordaron con Derechos Sociales los principios sobre los que se articulará este acuerdo, que se previó que estaría listo en diciembre, pero cuya negociación se alargará durante el primer trimestre de 2022.

Es muy posible, por tanto, que el texto sufra modificaciones y que no resulte fácil llegar a un consenso. Constituye, sin embargo, el esqueleto del futuro pacto. En él se habla de residencias, bien de mayores o de personas con discapacidad, y de centros de día. Deberán añadirse otros servicios, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. El último pacto sobre los requisitos mínimos del sistema de la dependencia, muy escueto, data de 2008, aunque fue modificado en 2017.

La idea es poner a los usuarios en el centro y que sean las entidades que prestan el servicio las que se adapten a sus rutinas, y no al revés, tal y como sucede ahora muchas veces. Se plantea, a su vez, promover un cambio de modelo que afecte a los centros que se construyan. Y también a los ya existentes: estos dispondrán de cinco años para adaptarse, según el borrador. El plan afectará a los servicios públicos, a los concertados y a los que operen a través de una prestación vinculada (cuando la Administración da a la persona dependiente parte del dinero y ella pone el resto de su bolsillo). Las comunidades autónomas deben trasponer el acuerdo a sus normativas en el plazo de un año desde su aprobación, según consta en el texto.

Personalizar las habitaciones

Las nuevas residencias que se construyan tras la adaptación autonómica del acuerdo no podrán superar las 50 plazas y los centros de día, las 100. Las ya existentes tienen que presentar un plan de adecuación, “bien sectorizando de forma totalmente independiente sus instalaciones”, bien reduciendo “paulatinamente su número de plazas”. Las residencias contarán con “módulos o unidades de convivencia estables”, donde viva un número reducido de personas, que funcionarán “tipo hogar”. El personal que los atienda tendrá estabilidad, se evitarán muchas rotaciones. Se permitirá “al máximo la personalización de las habitaciones”, podrán traer muebles y enseres personales. Los centros estarán ubicados en suelo urbano, próximos a los espacios de actividad social y comunitaria y los ya construidos que no cumplan este requisito deberán garantizar la comunicación mediante transporte público u otros medios.

Se deben garantizar requisitos mínimos en tres ámbitos: recursos materiales y humanos y “aseguramiento de la dignidad de trato”. Cada usuario contará con un plan de apoyos en cuya elaboración participará, “una de las estrategias clave para la personalización de los cuidados”. Recogerá preferencias y voluntad de los usuarios sobre cómo quieren vivir. También tendrán un profesional de referencia, responsable de “promover un apoyo personalizado”. Esta figura debe contar con la aceptación de los usuarios. Además, se establece que los usuarios “tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas”. Los centros deben tener un plan de reducción o de su supresión, que tendrán siempre “carácter excepcional y temporal”. En las residencias, las familias y allegados tendrán un “importante papel de apoyo” y se celebrarán “reuniones periódicas” con el equipo de atención directa y el profesional de referencia. Se facilitarán las visitas siempre que los residentes lo deseen, “sin más límites que los derivados de la convivencia y necesaria organización de cualquier hogar”.

Parte del texto se centra en el personal y en sus condiciones laborales. Se establece que las ratios se contarán por jornadas completas de trabajo, es decir, por número de horas de atención y no número de empleados. Una gran queja de los trabajadores y familiares es una elevada carga de trabajo que redunda en una atención deficitaria. Hay diferencias por comunidades y hay normativas anteriores a la aprobación de la ley de dependencia, hace ya 15 años.

Muchas las miden por número total de trabajadores, desde el recepcionista hasta el personal de limpieza. Ahora se prevé que se midan por atención directa, bien de primer nivel (cuidadores) o sumando primer y segundo nivel (que también incluye a otros profesionales, por ejemplo del ámbito sanitario y social). En la primera, las ratios en residencias de mayores serán de 0,33 empleados por cada usuario el 1 de enero de 2023; de 0,38 en 2025 y de 0,40 en 2027. En atención directa en general, que incluye también a otros profesionales (por ejemplo del ámbito sanitario y social), las ratios serán de 0,36 en 2023, 0,40 en 2025 y 0,43 en 2027.

En el acuerdo de 2008, la cifra que se recoge para atención directa en residencias de mayores es de 0,27 para los dependientes de grado dos (en una escala del uno al tres), y de 0,28 para el grado tres. Además, se limita el porcentaje permitido de contratos eventuales y a tiempo parcial. También se establece que la atención sanitaria será responsabilidad del sistema público.

Por último, se recalca la importancia de la supervisión pública de los centros. Una investigación de EL PAÍS constató que de 2014 a 2019, antes de la pandemia, 10 autonomías tuvieron de media menos de una inspección de servicios sociales al año en residencias de mayores. En Asturias, por ejemplo, tenían de media un inspector por cada 39 centros. En el borrador se exige uno por cada 30 residencias, incluyendo las de mayores y de discapacidad. Además, las autonomías deberán hacer públicos planes anuales de inspección y “comunicar de forma periódica” sus resultados.

También se creará un sistema público de evaluación de los servicios, teniendo en cuenta su impacto en la calidad de vida de los usuarios. Ahora mismo resulta imposible comparar los centros. Se propone que el consejo territorial del ramo, que reúne al ministerio y las comunidades autónomas, fije los indicadores y estándares en el plazo de un año a partir de la aprobación del acuerdo, empezando por residencias.

El borrador plantea una batería de puntos en torno a cinco principios: la dignidad y el respeto, la atención centrada a la persona, la participación, el derecho a la salud y bienestar personal y la proximidad y conexiones con la comunidad. Hay indicadores como si se les tiene en cuenta al elegir el menú o si hay una estrategia para reducir la sobremedicación. Los resultados serán públicos y las evaluaciones podrán establecer categorías de resultado que influyan en el precio de concierto con la Administración.