La denuncia de una joven ante la ONU: “Me han condenado por un hurto que no cometí porque soy mujer y gitana”

Jennifer Muñoz (Madrid, 22 años) ha denunciado ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que fue discriminada “por ser gitana”. En 2019 fue condenada a una multa de 26 euros por cometer un hurto de un juguete que costaba 7 euros en un hipermercado. Ahora le constan antecedentes penales. “Fue discriminada por el vigilante de seguridad, pero también por las instituciones”, asegura Selene de la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano, organización que apoya a la joven en su reivindicación. “Me han condenado por un hurto que no cometí porque soy mujer y gitana, y además me han ensuciado el expediente”, asegura Muñoz.

Era diciembre de 2019 cuando Muñoz estaba comprando en el supermercado de un centro comercial de Vallecas con su cuñada y su bebé. A la salida, fue interceptada por el guardia de seguridad, que la acusó de que el juguete que llevaba en el carrito de su hijo, valorado en 6,9 euros, era robado. La joven cuenta que pasó una hora y media en el cuarto de seguridad, sin poder alimentar ni cambiarle el pañal a su bebé hasta que llegó la policía, y escuchó que el vigilante le decía a su compañero: “Son gitanas, ¡cómo no van a robar!”. El juguete se lo habían regalado en la inauguración de una tienda días antes, y ni siquiera había pasado por la juguetería del hipermercado esa jornada. “Me sentí tan mal que desde ese día me cuesta muchísimo entrar en un centro comercial porque pienso que voy a volver a pasar por esa humillación”, asegura la mujer.

Llegaron los agentes de policía, que le abrieron acta de denuncia basándose solamente en el testimonio del guardia y sin tener en cuenta las explicaciones de Muñoz, que pedía que miraran las cámaras de seguridad como prueba de que no había pasado por la sección de juguetes o que la acompañaran a la tienda donde se lo habían regalado. Al día siguiente, debía presentarse a un juicio rápido por un delito de hurto. Antes, la joven se dirigió a la juguetería recién inaugurada y habló con el dependiente, que se ofreció a testificar a su favor y llamó al jefe de seguridad del hipermercado para confirmarle que él se lo había regalado. Ella se personó en la comisaría para denunciar los hechos y manifestar que tenía un testigo y que debían pedir las imágenes de las cámaras de seguridad, pero los agentes le respondieron que no se preocupara, que sería el juez el que valoraría si necesitaba pruebas.

“Nunca me había ocurrido algo así. Sí que he entrado a tiendas a comprar y me han seguido, pero ha llegado un punto en el que me doy la vuelta y digo: ‘Soy gitana, pero no robo’. Están pendientes de nosotras por ser de etnia gitana, y eso choca y da un poco de rabia. Pero fue la primera vez que me acusaban de un robo”, relata Muñoz. Selene de la Fuente, abogada e integrante del equipo jurídico que ha participado en todo el proceso judicial, respalda la historia de la joven: “Hemos recogido centenares de casos de vigilancia y control excesivos a mujeres gitanas en puntos de venta. A cualquier gitana a la que preguntes, la han perseguido alguna vez al entrar en una tienda”.

Al día siguiente se celebró el juicio, en el que solo testificó el vigilante de seguridad, que la acusó pese a tener conocimiento, porque así se lo había confirmado el propio dependiente de la tienda, de que el juguete era un regalo. A pesar de que Muñoz pidió al juez (y así figura en el vídeo del juicio) que llamara al dependiente de la juguetería como testigo y que visualizaran las cámaras de seguridad, el juez únicamente tuvo en cuenta el testimonio del vigilante y condenó a la joven a una multa de 26 euros por un delito de hurto, lo que, además, le genera antecedentes penales, que solo se podrán cancelar seis meses después de haber cumplido la pena, es decir, de haber pagado la multa. “El juez no me escuchaba. Lo único que hizo fue preguntarle al guardia si era racista, a lo que él respondió que no. Era su palabra contra la mía”, aclara Muñoz, que se niega a abonar la multa porque defiende su inocencia.

La joven pudo recurrir la sentencia, con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano, que apoyó el caso por “la gravedad de la vulneración de derechos ocurrida”. “Es inocente y va con su verdad por delante”, declaran desde la organización. En primer lugar, se recurrió ante la Audiencia Provincial contra la sentencia condenatoria, pidiendo también la nulidad de las actuaciones, al haberse vulnerado el derecho a la defensa de Muñoz. El recurso fue desestimado, por lo que se recurrió ante el Tribunal Supremo, que también lo desestimó. Finalmente, se recurrió ante el Constitucional, que no lo admitió a trámite por considerarlo carente de relevancia constitucional. Según de la Fuente, el juez de instrucción, la Audiencia Provincial, el Supremo y el Constitucional argumentaron que la joven tendría que haber llevado los medios de prueba. “Pero es que cuando un ciudadano no tiene los conocimientos necesarios, hay que explicarle las cosas, hay que velar porque conozca sus derechos. A ella la policía le había dicho que no llevara nada, que el juez valoraría”, lamenta la abogada.

De la Fuente denuncia que este es “un claro caso de discriminación interseccional”, por ser gitana y por ser mujer. “Existe una vulneración de derechos fundamentales en dos sentidos. Por un lado, vulneración del derecho a la igualdad, por su doble condición de gitana y mujer. No solo por parte del vigilante de seguridad, sino también por parte de quienes deberían haberla protegido (Policía Nacional, jueces y fiscales y tribunales). Por otro lado, vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva, porque no se escuchó al testigo ni se revisaron las cámaras del local. Por lo tanto, no ha tenido un juicio justo”, explica de la Fuente, que añade: “Si esta mujer no fuera gitana, posiblemente esas garantías procesales se le hubieran dado”.

Por todo ello, y porque en el ámbito estatal ya no hay “más opción”, Jennifer Muñoz ha presentado este jueves una comunicación para elevar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. “Esperamos que el Comité traslade los estándares europeos e internacionales de derechos humanos en materia de discriminación a los tribunales españoles, aunque ya no se pueda echar atrás la resolución. También esperamos sentar un precedente que otorgue justicia no solo a ella, sino a muchas otras mujeres gitanas víctimas de discriminación. Lo vemos como un litigio estratégico”, aclara de la Fuente. “Para mí, solo deseo que me borren los antecedentes. Lo que quiero de verdad es que no le pase a ninguna mujer más”, concluye Muñoz.

Sensibilización y formación

Selene de la Fuente propone la sensibilización y la formación de los agentes clave (policía, jueces y fiscales, tribunales…) como las medidas a tomar para luchar contra el racismo. También considera esencial trabajar con las víctimas en la comunidad gitana, para que sean conocedores de sus derechos y de las herramientas y mecanismos de defensa que hay. “Tienen la discriminación tan normalizada, la sufren tanto y tantas veces en su día a día, que en la mayoría de los casos no se quejan, no lo denuncian, o sea, lo asumen”, explica. En su opinión, la proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como ley Zerolo, podría ser la solución para que la discriminación y la vulneración de derechos fundamentales no queden impunes. La propuesta, planteada hace casi 13 años, ahora se encuentra en fase de enmiendas. “No termina de ser promulgada. Hasta entonces, sensibilización y formación”, recomienda de la Fuente.