323 personas recibieron la eutanasia en 2023, un 12% más que el año anterior

En 2023, el tercer año en vigor de la ley de eutanasia, 323 personas la recibieron en España. Fueron algo menos de la mitad de quienes lo solicitaron (727), según datos provisionales (y todavía sin publicar) del Ministerio de Sanidad, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Esto supone un 12% más que en 2022 (cuando se aplicaron 288 prestaciones) y cuatro veces más que en 2021, su primer año de aplicación: fueron 75 en los seis meses en los que estuvo en vigor.

A falta de que Sanidad depure y consolide estos datos, que incluyen a todas las comunidades autónomas, uno de los grandes escollos que sigue manteniendo la aplicación de la ley es su tardanza. En 2022, un tercio de quienes solicitaron la eutanasia fallecieron antes de recibirla. En su mayoría, las personas solicitantes tenían entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico.

Sobre la base del único informe anual publicado, el de 2022, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha reivindicado hoy una mayor agilidad para el proceso, que tarda una media de 75 días, cuando no debería demorarse más de 35.

Esta falta de información actualizada no permite hacer un análisis completo y pormenorizado de cómo se ha articulado el derecho en estos tres años en los que la ley está en vigor. Los datos que se conocen muestran una gran diferencia entre comunidades autónomas. Las diferencias son tan grandes como un 0,01% de los fallecimientos por este procedimiento en Galicia o Extremadura frente a un 0,1% en Euskadi o Cataluña, 10 veces más.

Son diferencias tan abismales que parece difícil que se explique por mero azar o factores culturales. Los activistas de la muerte digna apuntan a trabas burocráticas y falta de información para que en unos territorios el derecho esté más implantado que en otros. “¿Por qué las cifras son más bajas de lo esperado, según la experiencia de otros países? ¿El proceso de tramitación es demasiado complejo y aparatoso? ¿Tiene que ver con el elevado número de personas que fallecen durante la tramitación?”, se preguntan.

Con el propósito de mejorar la aplicación de la ley y garantizar el derecho a la eutanasia en todo el territorio español, DMD ha trasladado al Ministerio de Sanidad 18 propuestas para que se incluyan en el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia. Entre ellas, que el ministerio proponga un modelo de informe para todas las comunidades autónomas y una fecha de publicación; que impulse una comisión estatal de la eutanasia y recomiende que los miembros de las comisiones de garantía y evaluación no sean objetores de conciencia. “Estas comisiones deberían ser órganos administrativos que verifican el cumplimiento de lo que marca la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones se están comportando como un tercer evaluador, poniendo en cuestión o incluso contradiciendo las conclusiones de los clínicos que han intervenido en el proceso deliberativo de cada caso”, ha resaltado este martes Loren Arseguet, coordinadora internacional de la asociación.

DMD reclama al Ministerio de Sanidad la creación de un reglamento para la Ley de Eutanasia que aclare este tipo de cuestiones, defina los mínimos exigibles y sitúe los contenidos de la ley en la realidad sociopolítica. “Entendemos que este reglamento debe ser elaborado y aprobado por el Gobierno sin dilatar más esta y otras indefiniciones que están contribuyendo a la desigualdad entre territorios”, sostiene el vicepresidente de la asociación, Fernando Marín.