Los obispos buscan cerrar el escándalo de la pederastia mientras el Defensor del Pueblo defiende un plan urgente para pagar indemnizaciones

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

───────────

La que empieza esta lunes es la semana clave para las víctimas de pederastia en la Iglesia católica. Tras un año de finalizar y entregar su informe sobre los abusos sexuales a menores en el clero, el Defensor del Pueblo defenderá este jueves en el Congreso de los Diputados, ante los grupos parlamentarios, las conclusiones y las recomendaciones para frenar esta lacra y ofrecer justicia a los afectados. La más importante: aprobar un modelo para pagar indemnizaciones. El titular de la entidad, Ángel Gabilondo, que ya expuso en octubre su trabajo en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con su institución, ha insistido repetidamente desde entonces que las víctimas necesitan ser reconocidas y reparadas, que “están a la espera”. Su proposición será la creación de un fondo estatal “para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”. Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos. Los grupos parlamentos tendrán que debatir y marcar sus posturas sobre cómo España abordará el escándalo.

La investigación de Gabilondo, encargada por el Parlamento en marzo de 2022, ha sido de las pocas iniciativas aprobadas por una amplia mayoría, solo Vox votó en contra. Los trabajos se alargaron un año y medio y los resultados fueron demoledores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. El Defensor lanzará este jueves la pelota al tejado del Parlamento: “Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”.

A las indemnizaciones se le suman otras 23 recomendaciones, como la organización de un acto público de Estado para pedir perdón a las víctimas y reconocerlas como tales, estudiar la prescripción de los delitos de pederastia, la apertura de los archivos eclesiásticos —protegidos y blindados en la actualidad por los acuerdos con el Vaticano— y que la Iglesia reforme su derecho canónico, donde ahora las víctimas no forman parte activa. Es el momento de que los partidos, que aprobaron la investigación del Defensor, se pronuncien sobre estas cuestiones.

Pero la Iglesia no piensa así. Los obispos españoles, que renegaron de las conclusiones del informe del Defensor y que ocultaron los resultados de la auditoria que ellos mismos encargaron a un bufete, subrayan que el momento de abordar las indemnizaciones corresponde “unilateralmente” a ellos. Mientras Gabilondo acuda al Congreso, los prelados de las 70 diócesis españolas se encerrarán en Madrid durante su segunda plenaria anual para cerrar el capítulo de la pederastia poniendo en marcha el PRIVA, su Plan de Reparación Integral Para Víctimas de Abusos. Pero lo cierto es que, de ese plan, aprobado ya el pasado julio, solo se conoce los nombres de los integrantes de la Comisión Asesora que “tratará de verificar el caso y recomendará el marco posible de reparación, partiendo de lo que la propia víctima solicita para su sanación y buscando siempre una reparación integral”.

De los pocos retales que se conocen del plan de la Iglesia es que no obligará a los obispos y a las órdenes a pagar indemnizaciones a las víctimas cuyos casos han prescrito. La comisión enviará una valoración a cada diócesis y congregación responsable y esta luego decidirá si cumple o no la propuesta. No obstante, el tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, como el presidente de la Confederación Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, aseguran que, en el caso de que uno de estos responsables eclesiásticos no quiera o no pueda hacer frente al pago, lo asumirá la Iglesia en general.

Pese a que la CEE insiste que, desde hace años, está acogiendo a las víctimas para reconocerlas y repararlas, decenas de ellas denuncian públicamente que la jerarquía eclesial sigue desoyéndolas y no le entrega la indemnización económica que la diócesis u órdenes les prometen cuando inician el proceso de reparación. Y es que la gestión de los abusos es diferente y depende de la sensibilidad de cada obispo u orden religiosa. Una cuestión que mantiene dividida a la Iglesia española, especialmente a los obispos. Hasta la fecha, solo dos purpurados españoles han realizado un homenaje público para pedir perdón a los afectados. El último fue el pasado mes en la catedral de la Almudena, organizado por el cardenal José Cobo y al que no acudió una representación oficial de la CEE.

Temor a la factura

Los obispos se han negado a pronunciarse sobre qué baremos emplearán para pagar las indemnizaciones. La mayoría de las compensaciones conocidas pagadas hasta ahora en la Iglesia española rondan de media los 10.000 euros, según los cálculos de este diario en base a las sentencias y casos conocidos. Una cifra muy por debajo de las últimas declaraciones del papa Francisco en las que valoraba que pagar “50.000 euros es una cantidad demasiado baja”. El Defensor tampoco ha incluido en sus recomendaciones un rango de cuantías, pero sí matiza que debe estar en consonancia con lo que ya se ha pagado en otros países. En EEUU, las diócesis han alcanzado los 600.000 euros por víctima, mientras que en otros estados el monto baja hasta los 6.000. La media en los países europeos es de unos 35.000 euros por afectado. En todo, caso la factura que debe pagar la Iglesia española es millonaria. En este momento, según la base de datos de EL PAÍS, hay 1.534 clérigos acusados de abusos y casi 3.000 víctimas.

La factura es el tema más espinoso para la jerarquía eclesial y cuando Gabilondo anunció su modelo hace un año, el que presentará ante el Congreso este jueves, la noticia retumbó dentro de los muros de la Iglesia como una ristra de petardos. Los obispos criticaron la iniciativa porque solo estaba enmarcada a los abusos en el clero y afirmaron que no colaborarían del fondo común porque “se crearían víctimas de primera y de segunda clase”. La Iglesia dijo entonces que repararía por su cuenta. Pero medio año después, ante la reclamación de justicia la víctimas, el Consejo de Ministros aprobó un plan que integraba el modelo de reparación del Defensor para indemnizar a los afectados “con o sin la colaboración de la Iglesia”. Eso desató la indignación entre los obispos que tildaron aquello como “un juicio condenatorio” y “un señalamiento público”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentó un acercamiento con la CEE y, tras un encuentro, instó su presidente, el arzobispo Argüello, a “llegar a un acuerdo” para que la Iglesia aceptase su modelo mixto de reparación. Los obispos se comprometieron en un primer momento a trabajar juntos, pero plantaron a Bolaños y supeditaron reunirse con él después de aprobar su plan. Entonces, el ministro envió una última carta en la que advertía a la Iglesia de que el Gobierno “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para reparar a las víctimas. Todo el episcopado español acabó ratificando este julio el borrador del PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos), pero por el momento esa comisión de arbitraje no ha empezado a funcionar. La Iglesia afirma que aún no hay un plan de qué pasos deben dar los afectados para solicitar una compensación económica a dicha comisión.