Turquía juzga una red que desviaba a bebés a la Sanidad privada para cargar los gastos a la Seguridad Social

Un total de 47 imputados se sientan en el banquillo desde el pasado 18 de noviembre en el que es uno de los juicios más mediáticos del año en Turquía, ya que revela las costuras del concierto público-privado sobre el que el gobierno islamista ha levantado el sistema de salud en las últimas dos décadas. Se trata del proceso contra la llamada “banda de los recién nacidos”, una red de empresas, médicos y empleados sanitarios que, según la acusación, engañaban a las familias de neonatos para desviarlos a hospitales privados, someterlos a tratamientos innecesarios o incorrectos y cargar los gastos a la sanidad pública. Por su actividad negligente, se les imputa la muerte de al menos 10 recién nacidos.

La investigación del caso comenzó el año pasado tras recibirse varias quejas sobre hospitales privados que mantenían a recién nacidos en incubadoras por periodos demasiados largos y sin razones aparentes, pero no llegó al público hasta que se presentaron las acusaciones y se detuvo a los principales sospechosos el mes pasado. El sumario, de casi 1.400 páginas, identifica al médico y empresario Firat Sari como “líder de la organización criminal” y que era quien mantenía acuerdos con los hospitales privados para garantizarles un flujo constante de clientes.

La idea era aprovechar los protocolos firmados entre el Ministerio de Salud y la Seguridad Social con la sanidad privada para usar sus unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), unos protocolos en principio destinados a la reducción de la mortalidad de bebés prematuros. En Turquía, solamente un tercio de las UCIN están en hospitales públicos, una décima parte en hospitales universitarios y más de la mitad en hospitales privados.

Según la Fiscalía, la red dirigida por Sari falseaba análisis e informes médicos para mostrar que los bebés estaban muy enfermos y convencer así a sus familias de la necesidad de trasladarlos desde hospitales ―tanto públicos como privados― a las UCIN de los hospitales de la trama. Para ello, contaban con la cooperación de miembros del servicio de emergencias 112 y, de hecho, uno de los principales involucrados es un conductor de ambulancias encargado de organizar estos traslados.

“El señor Firat nos encargaba que hiciéramos cambios en los informes. ‘Muestra que el enfermo está intubado’, decía. Por los beneficios”, confesó ante el tribunal la enfermera Çagla Durmus. Partes del sumario publicados por medios locales alegan que los hospitales cobraban de la Seguridad Social unos 215 euros por paciente y día de ingreso, que se repartían a un 40%-60% entre el hospital y Medisense, la empresa de Sari subcontratada para gestionar estas UCIN. “Cada mes, el señor Firat me enviaba dinero para que lo repartiese entre las enfermeras a modo de motivación”, explicó otra enfermera, Cansu Akyıldırım. Motivación para, por ejemplo, prolongar innecesariamente las estancias de los bebés en las UCIN, tal y como han denunciado varios familiares, que optaron por llevarse a sus recién nacidos tras sospechar que ocurría algo raro.

Y es que las instalaciones ni siquiera eran apropiadas, el personal no era suficiente para hacerse cargo del constante flujo de bebés y no tenía la preparación adecuada. Para más inri, la Fiscalía sostiene que, en algunos casos, a los niños que sí necesitaban tratamiento ni siquiera les suministraban las medicinas necesarias ―financiadas por la Seguridad Social― y, en su lugar, las revendían en el mercado negro.

Un enfermero implicado, Dogukan Tasçi, explicó que en el hospital en el que trabajaba, el 70% de las noches no había médicos de guardia y que se obligaba a hacer las intubaciones de los bebés a los enfermeros sin supervisión de especialistas: “Vi que uno de los bebés se estaba asfixiando con el aparato de intubación. El doctor Firat Sari me dijo qué medicinas darle y se las dejé a mi compañero de guardia. Por la mañana había muerto”. Por esta y otras negligencias se acusa a la trama de haber provocado la muerte de al menos 10 bebés y sus líderes se enfrentan a penas de hasta casi 600 años de cárcel por “homicidio doloso por negligencia”, “fraude”, “formación de organización criminal” y otros cargos.

El modelo concertado

Por el momento, una decena de hospitales han sido clausurados y sus licencias revocadas; otros nueve están bajo investigación como beneficiarios de la trama a título lucrativo y una docena de empresas del sector sanitario han sido intervenidas temporalmente. “Todo propietario de hospital quiere ganar más dinero. Así que presionaban a Firat Sari para que hubiera más pacientes y ellos ganasen más dinero”, afirmó el enfermero Tasçi ante el tribunal.

Y es que las organizaciones y sindicatos del sector médico denuncian que este no es un caso aislado. “Está relacionado con la mercantilización de la sanidad. Estos conciertos entre la sanidad pública y privada favorecen este tipo de comportamientos”, critica Pinar Saip, dirigente de la Unión de Médicos de Turcos (TTB). En los últimos veinte años, el Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan ha mejorado el acceso de la población a la Sanidad con la construcción de centros de atención primaria y nuevos hospitales, pero parte de esta modernización del sistema ha corrido a cargo de conciertos con la sanidad privada, lo que ha supuesto una gran oportunidad de negocio para grupos empresariales, especialmente aquellos cercanos al Ejecutivo.

Uno de los hospitales privados clausurados, el Özel Avcilar, es propiedad de Mehmet Müezzinoglu, que fue ministro de Sanidad entre 2013 y 2016. Uno de sus sucesores, Fahrettin Koca, también está vinculado a un importante grupo médico privado, Medipol, y dimitió el pasado julio. Su sustituto es Kemal Memisoglu, quien ha defendido que, gracias a la labor de su Ministerio, se ha desarticulado la “banda de los recién nacidos”. Sin embargo, Memisoglu fue director provincial de Sanidad en Estambul entre 2016 y 2024, precisamente el momento y el lugar en que la red nació y se hizo fuerte. Tan fuerte e impune se sentían los miembros de la trama que incluso se permitieron amenazar al fiscal encargado de la investigación del caso con hacer daño a su familia si continuaba con sus pesquisas.

No en vano, el exprimer ministro Ahmet Davutoglu asegura que la trama no es algo reciente, sino que se retrotrae al menos ocho años. A inicios de 2016, explicó el político, su esposa recibió la queja de una doctora de los hospitales implicados en el escándalo, lo que motivó la apertura de una investigación ministerial. “En el informe de entonces aparecen los nombres de las tres personas más importantes en la actual investigación”, aseguró Davutoglu, quien lamentó que la investigación se cerrase en noviembre de 2016 ―cuando a él le habían forzado a dimitir desde su propio partido― con únicamente pequeñas sanciones administrativas.