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El Pacto de Estado contra la violencia de género llega al Pleno con los grupos parlamentarios en bloque frente al rechazo de Vox

Entre las 462 medidas aprobadas, los partidos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación, la definición de la violencia económica y mejorar la atención a las víctimas de violencia vicaria

Comisión en el Congreso
Un momento de la Comisión en el Congreso donde este lunes se ha aprobado el informe definitivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.JJ. Guillén (EFE)
Isabel Valdés

“El trabajo conjunto que hemos hecho todo este tiempo, el consenso es tal, que nos parece mucho más importante que el negacionismo y el disenso de Vox”, decía este lunes Andrea Fernández, del PSOE, tras salir de la comisión en la que todos los grupos parlamentarios, salvo la ultraderecha, han apoyado el documento con las 462 medidas contenidas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un texto que, entre muchas otras cuestiones, reconoce y refuerza la lucha contra “la violencia digital, la económica y la vicaria”, como ha apuntado durante su intervención Beatriz Álvarez Fanjul, del PP. Para ella, el mejor resumen de los dos años de trabajo empleados en lograr este documento es el “convencimiento” existente entre los diferentes grupos políticos de que este pacto “es la mejor herramienta para combatir la violencia”.

Álvarez Fanjul no ha nombrado al grupo de Abascal durante sus minutos para fijar su postura como sí han hecho otras diputadas para recordar la oposición de ese partido no solo al pacto, sino al propio reconocimiento de la violencia machista como violencia especifica que requiere de medidas concretas. “Es el mejor pacto porque es en el que hemos conseguido ponernos de acuerdo. Hemos hecho un ejercicio de buena política, ejercicio ideológico, con matices, hemos aprendido de nuestras compañeras. Me duele la actitud de las diputadas de Vox”, ha expresado Júlia Boada, de Sumar, informa Paula Chouza.

Esas diputadas, tres, con Rocío Aguirre Gil de Biedma como portavoz, han sido las únicas al margen de esta unanimidad parlamentaria. PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y Podemos han votado a favor del informe que actualiza la hoja de ruta contra las violencias machistas en España en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género del Congreso de los Diputados: 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

¿La oposición de Vox? “Frontal”, ha sido el primer adjetivo que ha usado Aguirre, que luego ha corregido a un “total”. Su argumento es que el pacto “es un auténtico fracaso y una estafa a los españoles” porque tiene como premisa una ley que, según su partido, es “injusta para los varones”, en referencia a la Ley Integral contra la Violencia de Género. La norma que cumple ahora 20 años y que es “la ley más probadamente constitucional de la historia de este país”, ha apuntado durante la comisión la socialista Milena Herrera, en referencia a los múltiples recursos de inconstitucionalidad que atravesó, avalada en todas esas ocasiones por el Tribunal Constitucional.

Como Herrera, las diputadas de los grupos, a excepción de Vox, han destacado durante la comisión la voluntad de consenso y de negociación de la mayoría del arco parlamentario para llegar a un acuerdo con el objetivo de avanzar y reforzar el aparato del Estado contra las violencias contra las mujeres. Tras su aprobación en comisión, el dictamen será sometido próximamente a votación en el pleno de la Cámara Baja para su aprobación definitiva, previsiblemente, en los próximos 15 días.

Una aprobación que, ha dicho Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, “es una responsabilidad en colaborar para acabar con la violencia estructural que se ejerce de forma continua contra las mujeres solo por el hecho de serlo, que fue el gran avance, que de un tema particular, interno, pasase a un tema social, que nos afecta a todos”. Agirretxea, al igual que otras diputadas, ha hecho referencia al contexto social y político actual: “Es el momento de luchar contra aquellos mensajes negacionistas que ponen en duda la existencia misma de esta violencia. Estamos en unos momentos política y culturalmente muy preocupantes porque las sociedades democráticas, y que han adoptado posiciones de progreso, están en una situación de debilidad. Porque nuestros propósitos y formas de entender la sociedad, nuestras formas democráticas, siempre son débiles ante quien no usa la democracia”.

Algunas de las medidas del Pacto de Estado

El documento del Pacto de Estado es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo, más de dos años con decenas de reuniones. Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, según informa Europa Press, los grupos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Esta Ley apuntan que establecerá “mecanismos adecuados” para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito.
Además, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento.

Por otro lado, quieren reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.

Piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una “formación especializada, inicial y continua” en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.

También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, “adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical”. Así, demanda garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores víctimas de violencia vicaria.

Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.

Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, “difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)”.


El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.
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