‘Pacto de silencio’: la mafia policial que devoró al Nani o la cara oscura de la Transición española
El documental de RTVE Play ofrece nuevas revelaciones sobre la desaparición de Santiago Corella, vinculada a una trama de agentes corruptos que operó en los ochenta
La noche del 12 de noviembre de 1983, Candela Corella y su marido acudieron muy alterados a la redacción de EL PAÍS en Madrid a contar que unos policías habían irrumpido “con extrema violencia” en su casa y se habían llevado al hermano de ella, Santiago; su cuñada, Soledad, y otras personas. El periodista que les atendió, Javier Valenzuela, preguntó a sus fuentes policiales, pero no había registro de la detención de Santiago Corella, un delincuente de poca monta que, acusado del atraco con un muerto...
La noche del 12 de noviembre de 1983, Candela Corella y su marido acudieron muy alterados a la redacción de EL PAÍS en Madrid a contar que unos policías habían irrumpido “con extrema violencia” en su casa y se habían llevado al hermano de ella, Santiago; su cuñada, Soledad, y otras personas. El periodista que les atendió, Javier Valenzuela, preguntó a sus fuentes policiales, pero no había registro de la detención de Santiago Corella, un delincuente de poca monta que, acusado del atraco con un muerto en una joyería del barrio de Lavapiés, fue trasladado a la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, entonces sede todavía de la Dirección General de Seguridad. Nadie volvería a verlo con vida. Casi 40 años después, el propio Valenzuela cuenta cómo arrancó el caso Nani en la miniserie documental Pacto de silencio, de Ángela Gallardo y César Vallejo, que ofrece nuevas revelaciones sobre un oscuro y mediático asunto por el que serían condenados tres policías y que, lejos de ser un hecho aislado, evidenció la existencia de un engranaje sistémico de abusos y corrupción policiales.
Los dos episodios, ya disponibles en RTVE Play, parten de la desaparición del Nani para trazar una oscura panorámica sobre los vicios arrastrados en los primeros años de la democracia por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre algunos de los rincones más siniestros de la Transición. De la persistencia de las torturas en las comisarias al abuso de la aplicación de la ley antiterrorista, utilizada a discreción contra delincuentes comunes, pasando por la impunidad con la que operaban muchos agentes. Una impunidad que amparó no solo el maltrato a los detenidos, sino la creación de una verdadera mafia policial que organizaba robos para cuya ejecución reclutaba a sospechosos habituales, y que no dudaba en recurrir incluso al asesinato. Vallejo cree que a los policías corruptos “les iba muy bien la romantización de los quinquis” alimentada en la época por los medios, el cine o por canciones como aquella de Los Chichos que convertía al Vaquilla en “alegre bandolero”, porque desviaba el foco de atención hacia la inseguridad ciudadana. Quizá por eso Pacto de silencio, más que al cine quinqui, evoca a aquellas películas de Sidney Lumet sobre la sistémica corrupción policial en el Nueva York de los setenta.
De hecho, el juicio del caso Nani, celebrado en 1988, cinco años después de su desaparición, fue el primero en el que se juzgó a agentes de la Policía en democracia. También fue el primero grabado íntegramente por la televisión pública. Y la riqueza de ese material de archivo ha permitido a los responsables del documental prescindir de las casi siempre incómodas dramatizaciones, tan frecuentes como recurso para paliar la ausencia de imágenes en los true crime que recuperan viejos casos de la crónica negra.
Gallardo y Vallejo ya habían trabajado juntos en un documental sobre la musa del destape Susana Estrada, Susana y el sexo. “Nos pidieron buscar más temas sobre los ochenta, porque funcionan muy bien”, cuenta Gallardo. “Entonces encontramos el juicio en los archivos de TVE. Y nos dimos cuenta de que estaba íntegro”. Ese tesoro hallado en las entrañas de la televisión pública es el eje de la miniserie, que dedica su primera parte al caso de Corella, saldado con la condena de tres policías —el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González—, a penas superiores a los 29 años de cárcel. La segunda se ramifica en un puñado de casos más para evidenciar que la desaparición del Nani, la primera registrada en la joven democracia española, era solo la punta de un iceberg atiborrado de criminales con placa que se asociaban con delincuentes para la comisión de delitos. Corella fue, al parecer, uno de ellos. Y la tesis más extendida dice que fue torturado hasta la muerte para arrancarle dónde había escondido 40 kilos de oro procedentes de uno de esos golpes.
El más impactante de ese ramillete de asuntos del segundo episodio es el llamado caso Atocha, en el que cuatro policías fueron condenados en 1991 por el asesinato siete años antes de tres atracadores. Uno de los sentenciados era Fernández Álvarez, ya condenado por la desaparición del Nani, y otro, José María Pérez Gutiérrez, que había sido procesado y absuelto en esa misma causa.
Intimidación de testigos
Otros procedimientos quedaron en nada, como el caso mafia policial, que llegó a juicio en noviembre de 1988, apenas dos meses después de la sentencia del Nani. El testimonio clave era el de uno de los acusados, el joyero y confidente policial Federico Venero, que había sido testigo en aquella causa —afirmó saber que Corella había sido asesinado— y que acusaba a cinco policías —incluidos Fernández Álvarez y Gutiérrez Lobo— de numerosos delitos, pero que no obtuvo ningún tipo de protección y finalmente se retractó como mecanismo para rebajar su condena, según admite ahora en pantalla el que fuera su abogado.
“Hemos llegado hasta donde hemos podido”, afirma Vallejo. “Había más casos, pero solo hemos recogido los que llegaron a juicio”. En ese contexto, no era fácil que lo hicieran: el miedo y la intimidación echaban para atrás a testigos, no solo a Venero. Y la “policía no iba a investigarse a sí misma”, explicaba el magistrado que instruyó la causa, Andrés Martínez Arrieta, el jueves en la presentación del primero de los capítulos en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. De ahí la importancia que en el caso Nani tuvieron la prensa y la instrucción judicial. Vallejo asegura haber pasado miedo durante la producción. “Es que yo nunca había hecho una investigación de este tipo”, explica. Y los condenados —algunos de ellos hoy reconvertidos en abogados— ya cumplieron sus penas. Ni ellos ni el resto de los procesados quisieron participar. “Éramos conscientes de que todos sabían que estábamos haciendo un documental”, cuenta Gallardo.
El contraste entre las imágenes de los protagonistas en la época y los testimonios que estos mismos aportan hoy es uno de los puntos fuertes de la producción. No solo hay letrados admitiendo que sus representados llegaron a mentir por estrategia procesal. El inefable José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor de Fernández Álvarez en el caso Nani, llega más lejos. Las imágenes del juicio lo revelan como el más vehemente y desafiante, incluso con el tribunal, de los letrados de la defensa. Ahora, sin embargo, en uno de los momentos más impactantes, afirma no solo que al Nani lo mataron, sino que él vio el cadáver.
“El testimonio de Rodríguez Menéndez iba a ser el primero que íbamos a grabar, pero el día de la entrevista no vino, y no lo convencimos hasta el último día”, explica Gallardo, que asegura que no sabían lo que iba a decir cuando encendieron la cámara. “Nos dijo que nos lo iba a contar todo, pero no nos dijo el qué”, explica la codirectora. Aunque añade que a ella lo que más le impactó fue “el coraje de la familia” del Nani. Su mujer, Soledad —que también fue detenida junto con su marido y torturada— y sus hermanas “perdieron trabajos por ser familiares de delincuentes, pero ni así pararon”. La familia, que acudió aquella noche infausta a la Redacción de EL PAÍS y desde entonces no dejó de porfiar para esclarecer qué pasó con Santiago Corella, para arrojar luz sobre una de las sombras más oscuras de la Transición.
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