Se calienta la batalla por la migración entre las administraciones locales y el equipo de Trump

Por ahora son solo amenazas, pero pintan un futuro turbulento. “Más que poner a la policía de Denver en la frontera del condado para mantenerlos fuera, tendrías a 50.000 denverianos allí. Es como el momento de la Plaza de Tiananmén con la rosa y la pistola”, dijo desafiante en una entrevista con un medio local el alcalde de Denver, Mike Johnston, hace unos días. Estaba hablando de la posibilidad de que la entrante Administración de Donald Trump mande agentes federales o miembros de la Guardia Nacional provenientes de otros Estados para hacer redadas migratorias en la capital de Colorado, que al ser una “ciudad santuario” no colabora con el Gobierno central en materia migratoria. ”No vamos a vender esos valores a nadie”, añadió Johnston, “no nos van a intimidar para que los cambiemos”.

La respuesta de Tom Homan, un “halcón” nombrado “zar de la frontera” por Trump a los pocos días de ganar las elecciones, llegó este lunes. Compartiendo pantalla con el gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado total del trumpismo, Homan le dirigió sus propias palabras a Johnston sin morderse la lengua. “El alcalde de Denver y yo estamos de acuerdo en una cosa: él está dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a ponerlo ahí... Es un delito grave acoger y ocultar a sabiendas a un extranjero ilegal de las autoridades migratorias. También es un delito grave obstaculizar a un agente federal. Así que si él no ayuda, está bien. Se puede quitar de en medio, pero vamos a cumplir con el trabajo”, dijo en el programa de Sean Hannity en Fox News, uno de los más populares de la cadena conservadora.

El cruce de mensajes es el último capítulo de una batalla que se intensifica. Por un lado, desde que Trump ganó las elecciones hace poco menos de un mes, gobernadores y alcaldes demócratas de todo el país han dicho que se van a resistir colaborar con la agenda migratoria del presidente electo. Por otro lado, Homan, otros miembros del círculo de Trump y también él mismo, han vertido sus propias amenazas a los oficiales electos que se han pronunciado firmemente en contra del plan de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”. Las advertencias varían desde la cárcel, como Homan sugirió sobre Johnston, a recortes en la financiación federal destinada a ciertos Estados o ciudades y que podrían ser devastadores para las arcas de estas administraciones locales, hasta el envío de miles de agentes federales para actuar directamente en las calles de las localidades rebeldes.

EL PAÍS contactó con el alcalde Johnston y este proporcionó un mensaje institucional en el que mantiene, ligeramente rebajada, su posición. “En Denver respetamos la ley y la hacemos cumplir sin miedo ni favoritismos en cada centímetro de nuestra ciudad. Si Donald Trump intenta incumplir la ley y abusar de su poder, no recibirá ayuda de nuestra parte. Denver se enorgullece de ser una ciudad acogedora, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger a quienes viven aquí. Estamos considerando una serie de opciones para reforzar las protecciones de todos nuestros residentes, y seguimos ofreciendo educación sobre los derechos de nuestra comunidad inmigrante para que puedan protegerse mejor de cualquier acción ilegal”. Ante una política que todavía no se ha detallado, aseguró un portavoz, no quieren pronunciarse más.

La capital de Colorado ha sido uno de los focos de los mensajes xenófobos del presidente electo y su círculo cercano desde antes de las elecciones. En particular, la población de Aurora, un suburbio de Denver, que se volvió viral hace unos meses por la presunta actividad en la localidad del grupo criminal venezolano, el Tren de Aragua. Trump incluso bautizó Operación Aurora a su estrategia para deportar a inmigrantes ilegales miembros de grupos criminales.

Pero Denver está lejos de ser la única ciudad que ha levantado la voz contra los planes del republicano. Los Ángeles, por ejemplo, se declaró “ciudad santuario” de manera oficial la semana pasada. En realidad, el estatus ha estado activo en la práctica desde hace décadas en la ciudad más grande de California, pero el último movimiento la codifica legalmente y va más allá del precedente que existía al prohibir el intercambio directo e indirecto de datos con las autoridades federales de inmigración.

Ante esta maniobra del gobierno local angelino, Homan tampoco se contuvo. “Si tengo que enviar el doble de oficiales a Los Ángeles porque no estamos recibiendo ninguna ayuda, entonces eso es lo que vamos a hacer” dijo. “Tenemos un mandato, el presidente Trump va en serio con esto, yo voy en serio con esto. Esto va a suceder con o sin ustedes”, aseguró sin titubear.

En el otro extremo del país se dio una situación similar. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, hija de inmigrantes, ha prometido luchar contra los intentos de deportación. “No estamos cooperando con esos esfuerzos que en realidad amenazan la seguridad de todos al causar miedo generalizado y tener un impacto económico a gran escala”. En la ciudad más importante de Massachusetts, la Ley de Confianza prohíbe a la policía detener o arrestar a personas únicamente con fines de aplicación de la ley de inmigración.

Homan, fiel a su estilo y al de su jefe, no se quedó callado y describió a Wu cómo “no muy inteligente” en una entrevista en Newsmax, y volvió a decir que albergar a extranjeros sin papeles es un delito federal. “O nos ayuda, o se quita de en medio porque lo vamos a hacer... No nos van a detener. Pero déjenme darles un consejo. Si nos lo impiden, habrá consecuencias”, aseguró ominosamente.

Las consecuencias a las que hace referencia Homan incluyen recortes en la financiación que da Washington a los Estados y ciudades de toda la nación, una estrategia de negociación común entre el gobierno federal y los Estados. De nuevo en Fox, aseguró hace unos días: “Eso va a suceder. Garantizo que el presidente Trump hará eso”. No son palabras vacías. La posible retención de fondos federales tiene importantes implicaciones financieras. En el año fiscal 2021, California recibió aproximadamente 163.000 millones de dólares en subvenciones federales, Nueva York 110.000 millones y Texas 106.000 millones. Si bien estas cifras fueron especialmente altas debido a la asistencia relacionada con la pandemia, el dinero federal sigue siendo una fuente de ingresos sustancial para los Estados, ocupando el segundo lugar en importancia en el año fiscal 2022, según un análisis de Pew.

El panorama del plan de deportación de Trump está lleno de incertidumbres. Si bien el presidente electo y su equipo han dejado más que claras sus intenciones, los métodos para ejecutarlas están todavía difusos, en gran parte por el papel que tendrán Estados y ciudades que se nieguen a colaborar. Mientras que Estados como Texas o Florida ofrecen su completa disposición para facilitar la principal promesa de Trump, una buena porción de territorios está plantando cara y el clima se pone cada vez más tenso. Pero con el control absoluto de las tres ramas del poder, a Trump y su equipo no les tiembla la mano.