Alemania y Francia pugnan por las multas a los países con déficit

Alemania y Francia mantienen serias discrepancias sobre el "automatismo" en la aplicación de sanciones más duras a los países infractores de los criterios sobre déficit y deuda en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pese a las discrepancias, la Task Force, presidida por Herman Van Rompuy, que celebra hoy su última reunión, intentará alcanzar un acuerdo para reforzar la disciplina fiscal y la gobernanza económica de la Unión, especialmente de la zona euro.

La propuesta que se presentará al Consejo Europeo del 28 y 29 de octubre prevé cinco áreas de actuación: reforzar la disciplina presupuestaria; un nuevo mecanismo de vigilancia para corregir las diferencias de competitividad; profundizar en la coordinación presupuestaria previa a través del semestre europeo; establecer organismos de análisis independientes para reforzar la gobernanza económica y constituir un mecanismo de gestión de crisis permanente, que sustituya los acordados en el mes de mayo para un periodo de tres años.

Riesgo moral

Ese mecanismo para afrontar las dificultades de un país que no pueda acudir al mercado para financiarse y evitar el contagio a otros Estados ha sido una de las exigencias de Berlín. Alemania persigue reducir el riesgo moral, de manera que los bancos se vean también forzados a sufrir algún tipo de recortes cuando un país no pueda pagar. Por ello se busca una mayor implicación del sector privado y sobre todo que las condiciones de ayuda al país afectado sean comparables a las del Fondo Monetario Internacional y que esta institución participe en el mecanismo permanente.

La batalla inmediata se centra sobre todo en el grado de automatismo de las sanciones, que pueden llegar al 0,2% del PIB y acumularse hasta el 0,5%. La propuesta que defiende Alemania es que la Comisión Europea pueda dirigir una alerta temprana a un país y fijar un plazo para su corrección. Francia defiende que la decisión la adopte el Consejo a propuesta de la Comisión.

Berlín también defiende que las decisiones de sanciones adoptadas por la Comisión se apliquen inmediatamente a no ser que se produzca el voto en contra de la mayoría cualificada de Estados. Francia aboga por un sistema en que las sanciones puedan paralizarse con el rechazo de la mayoría simple.