Camps se sentará en el banquillo por un delito de cohecho por la causa de los trajes

El presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados, desde el que habrá de responder a la acusación de haber recibido regalos de la trama Gürtel. Así lo ha decidido el juez José Flors, que ha instruido en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la llamada "causa de los trajes" y que ha encontrado indicios de un delito de cohecho impropio en la actuación del dirigente popular. De cumplir su reiterada intención de no dimitir, Camps se convertirá en el segundo presidente autonómico que se sienta en el banquillo de los acusados.

La decisión no es recurrible, así que el único tiempo que le queda al presidente de la Generalitat valenciana es el que transcurra hasta la fecha para la que se fije el juicio que, al estar sometido al procedimiento del jurado, no se eternizará y probablemente será el próximo otoño.

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El PSOE está pidiendo ya a Mariano Rajoy que aclare si va a mantener a Camps en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Así lo ha reclamado el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, en declaraciones a la cadena SER. También el responsable de Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha insistido en esa petición durante una rueda de prensa y ha asegurado que hoy "comienza el calvario judicial del señor Camps". "Un acusado tiene derecho a defenderse, pero desde el punto de vista político es impresentable", ha afirmado sobre la posibilidad de que Camps se siente en el banquillo y mantenga la presidencia. "Debe ser Rajoy quien valore si no perjudica los intereses de los valencianos", ha agregado.

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Hernando ha aclarado también que la petición que hace el PSOE se refiere a los cargos públicos, no a las responsabilidades de partido. Ha sido su contestación, después de que un medio le preguntara si el partido también iba a aplicar la misma vara de medir al ex director general de la policía Víctor García Hidalgo, procesado en el caso Faisán. "Hace muchos meses que ya no está en el cargo", ha respondido Hernando.

En su auto, el juez sostiene que los elementos indiciarios de la comisión del delito de cohecho "no permite calificar de irrazonables ni de carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales presentados por las partes acusadoras". Además, José Flors exige el depósito de una fianza de 55.000 euros (la suma de la multa que reclama la Fiscalía Anticorrupción, 41.250 euros, más un tercio de esta cantidad) para asegurar que harán frente a las penas que se les impongan en el caso de ser condenados.

Después de más de dos años de imputación y de instrucción, de que el juez ya encontrara, en una ocasión, indicios de delito, de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivara el caso y que el Supremo lo reabriera, ha llegado el momento en el que Camps pasa a ser procesado. Durante todo este tiempo, el presidente valenciano ha negado haber recibido regalos de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Sin embargo, al final, en su última oportunidad antes de que el juez adoptara esta decisión, cambió su calificación y, en boca de su letrado, expuso la posibilidad de haberlos recibido, pero que las entregas habrían sido por su condición de presidente del PP regional y no por su cargo público. El juez, José Flors, no ha atendido esta posición, ya que considera ambos cargos indisolubles.

En el auto, el magistrado indica que "cuando una misma persona ejerce simultáneamente dos funciones de relevancia pública (...) no cabe excluir que los regalos que reciba de quienes tienen intereses económicos, no sólo con el partido sino también y sobre todo con la administración autonómica gobernada por ese partido, únicamente puedan influir en una faceta de su vida".

El juez ha entendido que existen suficientes indicios para encausar a Francisco Camps por la acusación de haber recibido regalos de la trama Gürtel: 25 prendas de vestir por valor de algo más de 14.000 euros. Para ello ha contado con un informe de la Agencia Tributaria, presentado tras analizar la contabilidad de las empresas de la trama, con el fin de desvelar si en ella aparecía el pago de las dádivas. También ha contado con la declaración de testigos, como el sastre que confeccionaba las prendas, que afirmaron que Camps nunca les pagó los trajes, así como documentos manuscritos y correos electrónicos en los que los integrantes de la red Gürtel hablaban de los regalos al presidente de la Generalitat.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Camps recibió, entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros; a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros y en 2008, otros dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros. Por ello, lo considera autor de un delito de cohecho impropio continuado y solicita el pago de una multa de 41.250 euros.

Peticiones de pena

La fiscalía ha recordado que el presidente se beneficia de la irretroactividad de las leyes penales. Los hechos ocurrieron supuestamente entre 2005 y 2008. En 2010, PSOE y PP pactaron endurecer las penas por corrupción y el Código Penal castiga hoy ese mismo comportamiento con tres años de inhabilitación y de seis meses a un año de cárcel.

La petición de la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, es más grave, ya que reclama tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, ya que considera que los regalos no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función de su cargo) sino de cohecho propio, ya que los recibió a cambio de adjudicar contratos.

Tanto la defensa de Camps como las de los otros tres imputados, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, pidieron el archivo de la causa.

Sin embargo, esta no es la única causa que afecta al PP de Camps. También en el TSJCV se instruye la parte más grave de la rama valenciana de la trama Gürtel, en la que están imputados varios miembros de la cúpula del PP valenciano por delito electoral (que incluye financiación irregular), falsificación mercantil, cohecho y prevaricación, una causa que podría acabar inculpando también al presidente de la Generalitat Valenciana.