La financiación valenciana: ¿Qué damos y qué recibimos?

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La Comunidad Valenciana está mal financiada. Se trata de uno de los pocos asuntos que generan un consenso transversal en la autonomía, asumido por todos los partidos con representación parlamentaria, sindicatos, organizaciones empresariales y otros actores de la sociedad civil. La conclusión también la acepta el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Los estudios encargados por su departamento sitúan a la Comunidad Valenciana como la peor parada en el sistema de financiación. Y reflejan que, de las cuatro autonomías que aportan más al Estado de lo que reciben, es la única que no puede describirse como rica: su renta per cápita es 12 puntos inferior a la media española.

La cantidad de financiación adicional que la Comunidad Valenciana necesitaría para situarse en el promedio depende del método de estimación. Y de si se incluye o no en el cálculo al País Vasco y Navarra, que tienen sistemas propios. En función de ello, el importe oscila entre 750 y 1.300 millones de euros al año.

La falta de recursos, advierten los dirigentes de la Generalitat y expertos que han estudiado el asunto, como Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), afecta al crecimiento de la Comunidad Valenciana, condiciona su productividad a medio y largo plazo y refuerza el círculo de endeudamiento en el que se han visto inmersos los sucesivos Gobiernos valencianos, más allá de las luces y sombras de su gestión.

La deuda de la comunidad asciende a 43.164 millones de euros, el segundo importe más elevado de España. Y representa el 41,7% del Producto Interior Bruto autonómico, el porcentaje más alto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estimó hace poco que los valencianos serían los españoles que más días de trabajo tendrían que destinar de forma íntegra a pagar la deuda de su comunidad, 154, frente a los 53 días del País Vasco o Madrid.

La Generalitat cerró 2015 con un déficit equivalente al 2,51% del PIB autonómico, cuando el límite era del 0,7%. Y aunque las cuentas han mejorado este año por la recuperación económica y el aumento de la liquidación del sistema entregado por el Gobierno, el Ejecutivo valenciano espera que los números rojos asciendan en 2016 al 1,4%, el doble de lo permitido, contando con que se concrete la flexibilización del objetivo fijado, y este pase del 0,3% al 0,7%.

La movilización para cambiar el sistema de financiación es el primer punto político del Gobierno que preside Ximo Puig, que ha conseguido atraer a todos los partidos, agentes y entidades sociales relevantes de la comunidad a la firma de un documento en el que se reclama un nuevo sistema.

El consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, califica la situación de “anomalía incalificable”. “Es una vergüenza que la situación de la Comunidad Valenciana se haya prolongado durante tanto tiempo sin que se haya querido darle una solución, siquiera transitoria, en tanto no se acometa la modificación del modelo”.

Soler recuerda que el actual sistema, aprobado en 2009, caducó el 1 de enero de 2014 sin que haya sido renovado. Y mantiene que no hay otro caso en el entorno europeo, donde también se analizan las balanzas fiscales, de un territorio “con una renta per cápita inferior al conjunto del país que aporte más a la caja común de lo que recibe”. “En vez de recibir, dado nuestro nivel de renta, financiamos la riqueza de otros territorios que son ricos. Es un disparate”.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y uno de los autores de las balanzas fiscales encargadas por Montoro, señala que la Comunidad Valenciana es la que tiene “menor financiación por habitante ajustado, tanto con los datos de la liquidación del sistema, en la que se utiliza un criterio de devengo, como con los del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, donde se usa un criterio de caja”. Pero añade: “La financiación por habitante ajustado de Valencia está en torno a un 7% por debajo de la media. Eso se nota, pero no es la mitad o un tercio. Implica una cierta estrechez de medios, pero no te hace imposible ofrecer servicios cualitativamente similares a los del promedio del país”.

Para situarse en la media de las comunidades de régimen común —sin contar a País Vasco y Navarra—, la Comunidad Valenciana debería recibir entre 750 y 800 millones de euros más al año, estima De la Fuente. El economista está de acuerdo en que, repetida en el tiempo, esa cantidad puede tener un efecto muy nocivo, pero pide “no exagerar” en el debate.

El director de Fedea marca distancias con otra demanda planteada en Valencia, consistente en aplicar una quita de la parte de la deuda autonómica atribuible a la infrafinanciación, aprovechando que, debido a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la mayor parte se mantiene ahora con el Estado. “Una quita sería mala idea porque incrementaría los grandes problemas de incentivos que ya tenemos. Las comunidades están demasiado acostumbradas a gastar más de lo que tienen y luego a poner la mano”. De la Fuente se muestra favorable a “pensar” otras fórmulas, como alargar el plazo de devolución, “pero pagando intereses razonables”.

Las fórmulas para rebajar la deuda “tienen riesgos”, admite el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. “Cuando a un deudor le perdonas la deuda, puede pensar que eso pasará la próxima vez que se endeude. Pero hay que ver cuáles son las causas del endeudamiento”, matiza Pérez. “Tener más déficit o más deuda a pesar de gastar menos no es lo mismo que tenerlos porque se gasta más. Y la Comunidad Valenciana gasta menos que la media en todos los apartados”.

La Generalitat destina a servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación y protección social, solo algo menos que el promedio de comunidades, indica el director del Ivie. “Aunque en materia de dependencia ya hay diferencias importantes con la media española, porque el sistema no se ha podido desplegar adecuadamente por falta de recursos”. Pero una vez cubiertos los servicios básicos, no queda dinero para casi nada más. “En políticas de industria, competitividad, obras públicas, cultura, agricultura… En todo ese resto que no son servicios públicos fundamentales, la Comunidad Valenciana gasta un 40% menos que la media. Eso afecta al día a día, y a largo plazo condiciona nuestra capacidad productiva”.

Aunque apoyan la reivindicación de mejorar la financiación, PP y Ciudadanos han criticado lo que consideran un uso “victimista” de la cuestión por parte de la Generalitat, gobernada por socialistas y Compromís. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el exconsejero de Hacienda popular Juan Carlos Moragues, lamenta que el discurso del Consell olvide el “auxilio” que la Comunidad Valenciana recibe del Ejecutivo a través de instrumentos como el FLA, que ha impedido que se declare en suspensión de pagos. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, recuerda que el FLA es un préstamo. Y que usarlo de forma intensiva —29.000 millones al cierre de 2015—, cuando lo que se debería hacer es corregir la financiación, contribuye a hacer “más insostenible” la situación financiera de la Generalitat.