El fiscal sobre el plurilingüismo valenciano: “No dificulta ni lesiona la enseñanza en castellano”
El ministerio público defiende la legalidad de la política lingüística aprobada por la Generalitat
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que el modelo de plurilingüismo aprobado por la Generalitat no infringe derechos fundamentales, en contra de lo que mantienen la Diputación de Alicante, el Partido Popular y el sindicato CSI-F, que han recurrido el decreto del Gobierno autonómico, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior valenciano.
El ministerio público resume su postura sobre la pretendida violación de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución —que recogen el derecho a no ser discriminado y el derecho a la educación respectivamente— con dos frases al inicio del escrito de siete folios remitido al Tribunal Superior: "No se impide la enseñanza del castellano" y "no se dificulta ni obstaculiza la enseñanza del castellano".
La fiscalía considera que el CSI-F no tiene legitimación para plantear el procedimiento por violación de derechos fundamentales al no ostentar "la representación de los centros docentes ni de los alumnos de la Comunidad Valenciana". Y solicita por ello que el recurso del sindicato contra el decreto de la Generalitat sea desestimada.
Para el caso de que la petición no fuera aceptada, la fiscalía entra en el fondo del asunto y analiza el modelo diseñado por la Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà. Este sistema está basado en tres niveles de plurilingüismo, básico, intermedio y avanzado, en el que el aumento de las horas de inglés va aparejado a un aumento de las horas de valenciano. Como consecuencia, al término de las etapas educativas los alumnos que cursan en niveles más avanzados de plurilingüismo obtienen de forma automática grados de acreditación de idiomas más elevados en inglés y valenciano.
Críticas del PP y satisfacción de Escola Valenciana
La postura de la fiscalía ha sido anunciada este jueves por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en el pleno de las Cortes Valencianas. Tanto Marzà como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han defendido en la Cámara la legalidad del decreto de plurilingüismo ante las críticas del PP.
La portavoz de los populares, Isabel Bonig, ha calificado la norma de "decreto del chantaje lingüístico", y ha subrayado que el Tribunal Superior valenciano lo ha suspendido cautelarmente en tres autos, en los que ha respondido a los recursos planteados por el PP, el CSI-F y la Diputación de Alicante. La medida cautelar ha sido, a su vez, recurrida por la Generalitat.
El PP ha acusado igualmente al Gobierno valenciano de mostrarse "insumiso" con las resoluciones judiciales al continuar aprobando medidas basadas en el decreto suspendido, en referencia a una resolución sobre estancias de docentes en el extranjero.
El escrito de la fiscalía en el procedimiento iniciado con el recurso del sindicato CSI-F, ha sido difundido por la federación Escola Valenciana, que se ha personado en el mismo y ha expresado su "satisfacción" por la postura del ministerio público.
El ministerio público admite que ello "podría considerarse como un estímulo a favor de la enseñanza en valenciano". Pero sostiene que el hecho de que "se favorezca el uso del valenciano no supone la exclusión del castellano".
"Los alumnos y sus padres pueden elegir el idioma de la enseñanza de sus hijos. Que según el nivel que elijan haya más o menos valenciano, castellano o inglés no afecta al derecho fundamental del artículo 14 de la Constitución, a nuestro criterio. Se trata de una opción de política lingüística que constituye una cuestión de mera legalidad ordinaria que debe decidirse en el procedimiento adecuado".
El ministerio público considera una prueba de que el decreto respeta la libertad de elección educativa el hecho de que en el proceso para determinar el grado de plurilingüismo de cada colegio e instituto, en el que se daba la palabra a la comunidad escolar, el 54% de los centros optaron por el nivel avanzado, el 30% por el intermedio y el 16% del básico.
"Lo que lesionaría el derecho fundamental", concluye el escrito de la fiscalía, "sería la imposición de un modelo lingüístico que postergara el castellano, excluyéndolo de la enseñanza a favor del valenciano, que quedaría como lengua única y como secundaria la castellana. En este caso no se prohíbe ni se excluye la enseñanza en castellano ni se impone el valenciano".
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