El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en Europa

Las actuales relaciones entre España y las Comunidades europeas se encuentran en una fase de adaptación técnica del acuerdo comercial preferente de 1970 (válido para la CEE de los «seis») al Mercado Común de los «nueve». El acuerdo comercial de 1970 se firmó, después de varios años de negociaciones, cuando la CEE contaba tan sólo con sus seis Estados fundadores (Alemania Federal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Con la entrada en la CEE de tres nuevos Estados miembros (Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca), en enero de 1973, las relaciones España-CEE quedaron desfasadas.

Desde primeros de 1973 hasta octubre de 1975, españoles y comunitarios negociaron bajo la perspectiva de crear una zona de libre cambio para productos industriales, acompañada de preferencias arancelarias para los productos agrícolas españoles por parte de los «nueve».La idea de negociar una zona de libre cambio industrial España-CEE, sin suficientes contrapartidas agrícolas, fue objeto de críticas, sobre todo por parte de la prensa española no oficial. Se decía que España iba a vender su principal baza negociadora -la apertura del mercado español a los productos industriales de la CEE- sin que por ello pudiera aspirar a participar en los órganos de decisión comunitarios. En una palabra, España pagaba el precio industrial de la adhesión, quedándose fuera.

Los acontecimientos de septiembre de 1975 (ejecución de cinco activistas políticos españoles) originaron la congelación, por parte de la CEE, de las negociaciones con España.

En enero de 1976, tras la proclamación de don Juan Carlos de Borbón como Rey, la CEE decidió descongelar las negociaciones.

El inicio de una nueva era política, que hasta entonces había condicionado -y sigue condicionando- toda pretensión de España hacia la CEE que pretendiera superar lo simplemente comercial, hizo reflexionar a los nuevos dirigentes españoles.

El 28 de abril último, comunitarios y españoles se sentaron en torno a una misma mesa, para comenzar a despejar incógnitas, cara a la adaptación técnica del acuerdo de octubre.

Alberto Ullastres, representante oficial de España ante las Comunidades europeas -y decano, por antigüedad, desde 1965, de los embajadores de países acreditados ante la CEE- presentó a los comunitarios las ideas generales que España pretende concretar en el futuro protocolo de adaptación del acuerdo de 1970.

Para España la negociación con la CEE tiene un carácter fundamental. No en vano la mitad de nuestro comercio exterior (importaciones y exportaciones) se hace con los «nueve».

Para la ECC, a pesar de lo atractivo de un mercado de 35 millones de consumidores, la negociación con España es una más de las que ha concluido, o está en vías de terminar, con la totalidad de países del área mediterránea -excepto Libia-, con 44 países en vías de desarrollo de Africa, Caribe y Pacífico y con varios países de los continentes asiático y suramericano.

Naturalmente, por su posición geográfica y por su calidad de país europeo, España (junto con Grecia, que comenzará en breve su negociación de adhesión a la CEE, Portugal y Turquía) es el único país del área mediterránea que puede aspirar a entrar en el Mercado Común.

Vocación de futuro país miembro que debe ya contar en la actual fase negociadora separando en lo posible lo político de lo técnico. La democratización en España -condición previa para todo intento de entrada en la CEE- debe plantearse al margen del problema europeo, a pesar de ser condición esencial. Se ha hablado tanto de ello que todo el mundo parece tenerlo claro, incluido el propio Gobierno.

El deseo de España de entrar en la CEE debería ser objeto de una fría reflexión general por parte de todos los sectores interesados y comprendida la opinión pública, pesando los pros y los contras.

A título indicativo, las desventajas para España de una entrada en el Mercado Común podrían resumirse teniendo en cuenta que la protección aduanera española deberá desaparecer totalmente entre los «nueve», con inevitables problemas para las industrias no competitivas, más una serie de preferencias que España deberá respetar de acuerdo con los compromisos internacionales de la CEE (acuerdos comerciales con países terceros, libre cambio con los países de la zona EFTA, preferencias generalizadas, etc.), lo que podría suponer el desarme arancelario total para más del 50 por 100 de nuestras importaciones ante casi todo el mundo. Es un tema de reflexión.

Como puntos positivos sobresalen los de una libre penetración comercial de los productos españoles, agrícolas e industriales, a un mercado de 260 millones de consumidores. El beneficio pata España de ayudas comunitarias, distribuidas a través de organismos especializados, para el desarrollo agrícola, regional, industrial, social, etc., y sobre todo la participación con voz y voto en los órganos decisorios del futuro de una Europa de la que España forma parte.

La actual adaptación del acuerdo de 1970, como problema inmediato, debería suponer la búsqueda de un equilibrio en materia de preferencias España-CEE, válido para un período de cinco años.

Entretanto, España debería normalizar su vida política, estructurar su sector agrícola e industrial