La investigación sobre Galindo y el 'GAL verde' tropezó con un cúmulo de presiones y maniobras

"Usted me ha encargado una investigación y la haré lo mejor que pueda y sepa. Soy policía. No se preocupe". Margarita Robles, entonces viceministra de Interior sabía que podía confiar en la palabra de Enrique de Federico Pérez, de 51 años, con el que coincidió en Barcelona cuando ella era presidenta de la Adiencia y el jefe superior de policía. De Federico, actual comisario general de Policía judicial, ha sido quien ha llevado desde marzo de 1995 el peso de la investigación del caso Lasa-Zabala, en medio de fuertes presiones políticas y sorteando múltiples maniobras encaminadas a torpedear las pesquisas que vinculan con el doble asesinato a guardias civiles que en 1983 estaban bajo el mando del general Enrique Rodríguez Galindo.

El juez Javier Gómez de Liaño, en el auto de procesamiento dictado hace una semana contra Rodríguez Galindo, explica por qué decretaba su ingreso en prisión. "Preocupó y mucho, y sigue preocupando, que el procesado por sí mismo o con la ayuda de otros pueda ponerse en movimiento para hacer desaparecer rastros de los delitos investigados o lograr la ocultación o destrucción de actuales fuentes de prueba y futuras pruebas de cargo", señalaba."Se trata en consecuencia", añadía el juez, "de salvagaduardar" un material probatorio que ya se ve muy amenazado por ciertas maniobras no del todo extrañas al imputado [Rodriguez Galindo]".

El ex policía José Amedo fue quien dio ante el juez Baltasar Garzón la primera pista sobre la suerte corrida por los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en octubre de 1983 en Bayona (País Vasco francés) y enterrados en cal viva en Alicante.

Detrás de su testimonio no había ni venganza de la policía hacia la Guardia Civil ni ningún intento de desviar la atención del GAL azul hacia el GAL verde, según fuentes de la investigación. El fiscal de1a Audiencia Nacional Ignacio Gordillo alertó a su compañero de Alicante, Ricard Cabedo, y éste, a su vez, encargó al inspector jefe Jesús García García que averiguase si en la provincia se habían encontrado dos cadáveres enterrados en cal viva. Y los había. Sus esqueletos estaban olvidados desde hace 10 años en un cajón del depósito mortuorio de Alicante.

Cuando la viceministra Robles encomendó al comisario De Federico y al general de la Guardia Civil Francisco de Fuentes el caso Lasa-Zabala, sabía que no sería fácil. Desde marzo del año pasado, antiguos altos cargos de Interior han presionado a los mandos policiales intentando convencerles del "daño" que podrían ocasionar a la Guardia Civil; falsos técnicos de Telefónica han intentado entrar en sus domicilios para colocar micrófonos; algunos testigos y arrepentidos han sido estrechamente controlados por guardias civiles del cuartel donostiarra de Intxaurrondo a espaldas de su jefe, el teniente coronel Ignacio Laguna, y a varios de los 60 policías que investigan el caso se les ha amenazado con divulgar dossieres sobre su vida privada.

La guerra de nervios encaminada a desbaratar la investigación ha llegado al extremo de que policías y funcionarios de la Audiencia Nacional han sufrido en su domicilios llamadas telefónicas a horas intempestivas. Unas veces no hablaba nadie; otras, una voz anónima les daba exacta información sobre sus hijos y otros aspectos de índole familiar. Hace cuatro meses, la policía advirtió al juez Baltasar Garzón de la posible existencia en la Audiencia Nacional de un topo que alertaba a los sospechosos. El infiltrado no ha sido aún descubierto.

El 24 de julio pasado, el ex contrabandista Pedro Luis Miguéliz Dabadie, Txofo, acudió a la Audiencia Nacional y relacionó ante el juez Carlos Bueren a sus antiguos amigos Enrique Dorado y Felipe Bayo, ambos expulsados de la Guardia Civil, con el caso Lasa-Zabala. Iba amparado en la Ley de Protección de Testigos bajo el número 2.345, pero fue descubierto en el acto. En cuanto regresó a San Sebastián, varios guardias le esperaban para preguntarle qué había contado al juez.

Txofo, a pesar de ir escoltado por policías desde hace un año, ha sido controlado permanentemente por guardias civiles. A veces, cuando los escoltas han pedido explicaciones a los guardias, éstos han alegado que están tras los pasos de Txofo para protegerle de un atentado de ETA. Hace dos semanas, Txofo recibió una oferta de 50 millones más un trabajo en el extranjero, quizá con el fin de que sufra una repentina amnesia.

El pasado octubre, el Cesid estuvo a punto de enviar a Caracas al teniente Pedro Gómez Nieto, ex jefe de los Patas negras de Luis Roldán y antiguo presunto topo del coronel Juan Alberto Perote en Intxaurrondo. El teniente, ahora procesado por Gómez de Liaño como presunto autor de dos asesinatos, parecía dispuesto a colaborar con la investigación judicial. El entonces ministro de Justicia e In terior, Juan Alberto Belloch, y su viceministra Robles impidieron el traslado a Venezuela y dos o tres meses después volvieron a hacerlo cuando Gómez Nieto estaba ya liquidando sus bienes para irse a la Embajada de España en Bolivia. Belloch y Robles pensaban que habría un escándalo si el oficial resultaba implicado en el caso Lasa-Zabala y se descubría que estaba en el extranjero.