La violencia callejera se intensifica en función de los avatares políticos y policiales

La violencia callejera es una ola: sube y baja según los acontecimientos políticos y policiales. Unos meses antes del comunicado de tregua de ETA bajó su intensidad. Luego, hasta la declaración de Lizarra y las elecciones vascas, continuó así. Las negociaciones del PNV y el PSE para la formación del Gobierno de Vitoria fueron acompañadas de un endurecimiento de las acciones, y las últimas detenciones de dirigentes etarras, de tres atentados contra cargos del PP y el PSE y 15 sabotajes. El ministro del Interior, Jaime Mayor, ve detrás de la espiral violenta a responsables políticos del entorno de ETA: "Cuando les interesa apretar, aprietan; cuando les interesa desacelerar, desaceleran".

La curva de la kale borroka (lucha callejera) confirma su relación directa con los acontecimientos: responde a la marcha política y policial. Los meses anteriores y posteriores a la declaración de tregua de ETA y la de Lizarra (Estella), en la que confluyeron el PNV, EA y HB junto a IU y numerosas asociaciones y sindicatos, pasarán a la historia como una de las épocas más tranquilas.En septiembre y octubre, durante las elecciones vascas, los ataques no pasaron de 20 al mes. Una cifra que se mantuvo así durante la primera ronda de conversaciones del lehendakari, Juan José Ibarretxe, con los partidos y que facilitó la primera conferencia de prensa del portavoz de EH, la marca electoral de HB, en la sede del Gobierno vasco. Arnaldo Otegi reafirmó entonces su compromiso con la política y las instituciones vascas: "Estamos dispuestos a pactar con el PNV y EA un apoyo externo".

Cuantitativamente, de los últimos 173 actos violentos, hasta noviembre apenas se produjeron 40. El inicio de las conversaciones serias entre el PNV y el PSE para la formación del Gobierno supuso el primer acelerón serio: en diciembre, 51; en enero, 45. Una cresta coincidente con el comunicado de ETA del 22 de diciembre exigiendo una negociación directa con el Estado.

La constitución del Ejecutivo, en enero, relajó algo el ambiente. El PNV y EA, en minoría, tenían pista para llegar a un acuerdo con EH. El comienzo de las negociaciones fue acompañado de un bajón importante en los ataques: en febrero, 25.

Sin embargo la presión de los no nacionalistas, reclamando a EH una condena de la violencia, y la virulencia de sus acciones llevaron a Ibarretxe a considerar insuficiente para apoyar a su Gobierno el comunicado pactado por el PNV, EA y EH en el Parlamento el 18 de febrero. En este caso, y aunque el deseo de Otegi era llegar a un acuerdo firme, la exigencia del lehendakari fue respondida ese fin de semana con dos ataques a la tienda de un edil del PP en Amurrio (Álava) y los bajos del coche de otro de Abadiño (Vizcaya).

Fuentes nacionalistas indicaron entonces que Otegi estaba haciendo un verdadero esfuerzo por minimizar la violencia y pidieron tiempo. El quinto comunicado de ETA tras la tregua, el 25 de febrero, en el que bendijo a los nacionalistas y suspendió a la oposición, aumentó la crispación y abrió un periodo de objetivos selectivos. El coche de la portavoz socialista de Durango y la tienda de la esposa de un guardia civil en Getxo antecedieron a los ataques con medios capaces de matar.

Los últimos golpes policiales a ETA han lanzado una ofensiva con 15 sabotajes y tres atentados directos contra cargos públicos.

Responsables directos

"Cuando les interesa apretar, aprietan. Cuando les interesa desacelerar, desaceleran", advirtió ayer el ministro del Interior, Jaime Mayor, sobre el incremento de la violencia, que, en su opinión, se debe a una decisión directa de responsables políticos del entorno de ETA, de acuerdo con la estrategia de la banda.La relación entre quienes protagonizan esta violencia "y una minoría del mundo de ETA" es evidente para Mayor, que calificó de "eufemismo ridículo" que estas acciones sean llamadas "de baja intensidad" por cuanto ponen en riesgo la vida de personas.

Mayor insistió en la incomodidad que para los nacionalistas vascos representan quienes no lo son, de ahí el pacto de Lizarra y "el recrudecimiento de la tensión y las dificultades para los concejales del PP y del PSOE".

"La paz exige autenticidad", advirtió Mayor en relación con los seis meses transcurridos desde que ETA planteó su tregua. Se trataba, dijo, de un cese indefinido de la violencia, no definitivo. "El Gobierno ha dicho siempre la verdad", afirmó; "aseguró que había contactos exploratorios para ver si la tregua indefinida se convertía en definitiva y los hubo y los habrá. El Estado de derecho siempre debe funcionar y está demostrado que funciona".