La banda de 'aluniceros' desarticulada tenía propiedades valoradas en más de 50 millones

La peligrosa banda de aluniceros desarticulada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid entre el martes y el miércoles poseía propiedades y dinero en efectivo que superaban los 50 millones de euros, según las primeras estimaciones de los investigadores. Todo el dinero que ganaba ilícitamente este grupo era invertido de inmediato en viviendas o en Bolsa. Los agentes encargados del caso han recuperado 1,5 millones de euros en acciones de empresas que cotizan en Bolsa, además de otros cuatro millones en efectivo en siete cajas de seguridad de tres sucursales bancarias.

Las investigaciones del Grupo XXI de Policía Judicial, especializado en aluniceros (técnica consistente en empotrar un vehículo contra un escaparate o nave industrial), comenzaron en marzo pasado, ya que se produjeron diversos robos de productos informáticos con alto valor económico. La forma de actuar de este grupo era muy profesional. Seguían a los camioneros encargados de transportar esta mercancía para conocer sus horarios y sus rutas, además de la presencia de patrullas policiales en los alrededores.

Después, utilizaban dos coches de gran cilindrada. Con ambos cerraban el camión. Cinco o seis componentes de la banda se bajaban a gran velocidad y cubiertos con pasamontañas y con grandes mazas, picos y hachas. Intimidaban al conductor, al que abandonaban en cualquier lugar de la región tras desorientarle.

Los camiones y las mercancías robadas eran trasladados a sendas naves industriales que tenía la organización en los pueblos toledanos de Yuncos y Yuncler. Según fuentes policiales, el dirigente de este grupo es Francisco Javier Martín Sáez, conocido como El Sáez, nacido el 4 de diciembre de 1980, con 17 detenciones por delitos contra el patrimonio (robo). El resto de su familia también tenía numerosas propiedades a su nombre. Entre ellas destaca un inmueble de cuatro alturas en la capital.

El líder de la banda cambiaba mucho de residencia, aunque el resto de la organización solía residir en Villaverde. "Era un viejo conocido nuestro", señaló el comisario José Manuel Calleja, responsable de la Brigada de Policía Judicial. En la rueda de prensa también estuvieron el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez; el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía de Madrid, Enrique Barón, además del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la plaza de Castilla permitió la entrada y registro de 12 domicilios y naves industriales de la región. Los delincuentes vivían en la calle de Saavedra Fajardo, 5, y la plaza de Ricla, 4 (Latina); Potes, 5 y 11, y Beniferri, 32 (ambas en Villaverde). También residían en la calle de Hércules, 21, de Valdemoro; en Lago Priespura, 1, de Parla, y en la avenida de Europa, 32, de Pinto.

La organización tenía 31 cuentas bancarias a su nombre, que fueron inmovilizadas por la policía. Además poseían siete cajas de seguridad, repartidas en las sucursales de Cajamadrid de la avenida de Felipe II, 15, y de la avenida de Ramón y Cajal, 67 (Chamartín), además del BBVA de la calle de Alcalá número 16 (Centro). La policía encontró en estas cajas casi cuatro millones de euros en efectivo. "Cumple todas las características de un grupo organizado, como el tener un líder, el llevar armas de fuego, buscar un beneficio económico", señaló el comisario Calleja.

Los investigadores del Grupo XXI se han incautado en la llamada Operación Bravo de tres vehículos y un camión que habían sido robados; seis vehículos de la organización, tres motocicletas, un quad, un patinete a motor, 375 piezas de joyería y relojes, además de un revólver calibre 357 Magnum, una carabina y 20 armas blancas, entre otros objetos.

La policía imputa a los detenidos más de 65 delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo de capitales, 24 robos con fuerza, 11 delitos de hurto, falsedad documental, robos de coches, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, robos con violencia (atracos), estafa, daños, tenencia ilícita de armas y quebrantamiento de las medidas cautelares.