Garzón imputa a tres peritos que reconocen haber falseado el informe que vincula a ETA con el 11-M

El juez Baltasar Garzón declaró ayer imputados por presunto delito de falsedad en documento oficial a los tres peritos de la policía, Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, que habían vinculado a ETA con los atentados del 11-M.

Los tres funcionarios, según admitieron ante el magistrado durante la tarde noche del jueves, firmaron el 11 de julio de 2006 un documento interno no oficial que habían elaborado en marzo de 2005 en el que aludían a la posible vinculación entre los islamistas autores de los atentados del 11-M y ETA porque se había encontrado en poder de Hassan el Haski alrededor de un kilogramo de ácido bórico, sustancia que éste utilizaba para matar cucarachas.

El juez ordenó a la policía registrar las mesas de los despachos de los tres agentes imputados

El magistrado sostiene que el jefe de los peritos que quitó del informe oficial las referencias a ETA actuó legalmente

Los tres agentes firmaron en 2006 un documento que habían realizado en 2005 y que nunca fue oficial

La firma del documento, más de un año y cuatro meses después de haberlo realizado, según el juez, tenía la intención de "producir un efecto oficial de un documento, que nunca lo fue, y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica, en un momento posterior".

Por todo ello, Garzón suspendió las declaraciones como testigos de los tres funcionarios -que iban a continuar ayer por la mañana- y les ha citado a declarar, pero en calidad de imputados, para el próximo 18 de octubre.

El caso es que el informe de los tres peritos había sido esgrimido por el PP y su coro mediático como una prueba de las falsedades que se cometían desde el Gobierno para encubrir que ETA está detrás de los atentados de los trenes de la muerte. Y resulta que Garzón ha demostrado que los que los únicos que presuntamente han falsificado un documento han sido los tres peritos citados.

Islamistas, ETA y antisistema

Según el relato de hechos del auto de imputación, el 21 de marzo de 2005 los tres peritos elaboraron un informe sobre el análisis del ácido bórico encontrado en poder de Hassan El Haski en el que incorporaban las referencias a ETA y a que también se había encontrado en poder de un joven antisistema. Los funcionarios especulaban con que islamistas, etarras y el militante antisistema hubieran recibido la misma formación.

El documento, de carácter interno y no oficial, fue presentado al jefe de sección, Francisco Ramírez. Éste discrepó del contenido y ordenó que fuera reelaborado, eliminando los aspectos en los que el jefe consideraba que se habían extralimitado por incluir "opiniones subjetivas y faltas de consistencia". Pero al negarse los tres peritos a modificar el borrador, Manuel Escribano sugirió a su jefe que reasignara el caso a otro perito. Ramírez se reasignó a sí mismo como perito, lo que entraba dentro de sus competencias como jefe, y recibió de Escribano una copia digitalizada de su borrador para que pudiera trabajar con el mismo con mayor comodidad, según precisa el auto. Ramírez eliminó las referencias a ETA y al militante antisistema y redactó el informe oficial el 22 de marzo de 2005, remitiéndolo a la Comisaría General de Información.

Pero el jueves, mientras la perito Isabel López Cidad declaraba como testigo, presentó al juez un documento, que es copia del elaborado el 21 de marzo de 2005 y que coincide con el publicado por El Mundo el pasado 21 de septiembre. El citado documento fue presentado como si fuera el original y tuviera el carácter de documento oficial con todos los sellos de la Comisaría de Policía Científica, cuando en realidad no era así.

Lo cierto es que el documento en cuestión había sido impreso de nuevo, desde el archivo informático correspondiente, el 11 de julio de 2006 por Manuel Escribano y firmado en esa fecha por él y sus dos compañeros. Luego, para dar apariencia de que era antiguo, en lugar de presentar ese original, hicieron una fotocopia que entregaron al jefe de la Unidad de Análisis Científico de la Comisaría de Policía Científica, José Andradas, jefe jerárquico de los tres, reclamándole un recibí, pero "sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento".

Es precisamente la presentación a su superior de una fotocopia en lugar del original del nuevo informe lo que evidencia la intención de confundirle y hacerle creer que lo que no había sido más que un borrador en 2005 había tenido carácter de documento oficial.

El juez Garzón ordenó ayer a la policía registrar las mesas de los despachos de los tres policías imputados. El registro comenzó ayer por la tarde.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que había recibido las denuncias de varias asociaciones próximas al PP y que había citado para el 2 de octubre a los tres peritos, ha suspendido sine die las comparecencias, al parecer, por la posible presentación de un conflicto de competencias.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, avaló ayer la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en este asunto. "Se están practicando actuaciones por ese órgano [el juzgado de Garzón] y creo que de esas actuaciones saldrá un mayor esclarecimiento de los hechos, pero estamos a la espera de lo que está realizando", aseguró.