Un asesinato, no una sorpresa

Al Gobierno no le ha cogido de sorpresa el ataque de ETA a la Guardia Civil, que ha costado la vida a Raúl Centeno y gravísimas heridas a su compañero Fernando Trapero y que se ha convertido en el primer asesinato de la banda desde que rompió formalmente el último alto el fuego, el pasado 6 de junio.

El Ejecutivo contaba con que la banda acabaría asesinando a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aunque en este caso el asesinato no fue producto de un atentado preparado con antelación, ETA ya había intentado matar a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado tras la ruptura del último alto el fuego. Hace tan sólo dos semanas, ETA pudo matar a varios ertzainas en Getxo (Vizcaya) y en octubre al escolta de un concejal socialista de Portugalete (Vizcaya), al que la banda terrorista confundió con un policía.

El Gobierno no sólo perseguirá a los etarras. También a quienes les apoyan

Antes, y desde el mes de junio, lo había intentado en puntos tan dispares de España como Andalucía, Cantabria y Comunidad Valenciana, sin lograr sus objetivos por la pericia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por el azar y la propia debilidad de ETA.

Desde que ETA rompió, de hecho, la tregua de diciembre de 2006 con el atentado en la T4 de Barajas puso en marcha toda la maquinaria judicial y policial para atacar a la banda. El resultado han sido 105 detenciones entre miembros de ETA y de la kale borroka en el último año.

Para el Gobierno, la única novedad de este atentado ha sido su materialización en Francia, de la que no había precedentes. La incógnita se ha resuelto cuando se confirmó que el asesinato fue producto de un encuentro fortuito entre los guardias civiles y los etarras.

La consumación de este asesinato, el primero desde la ruptura formal del alto el fuego, y a casi un año del anterior asesinato, que ETA llevó a cabo en la T4 de Barajas (Madrid), el pasado 30 de diciembre, tampoco ha sorprendido a los partidos ni al entorno de ETA.

Aunque no existe una relación entre el asesinato de ETA de ayer y las detenciones por las altas condenas a 30 de los procesados por el caso Ekin, materializadas la noche del viernes, el Gobierno estaba preparado ante la hipótesis de que la banda arreciara en su actividad tras la cadena de juicios de miembros del entorno de ETA y de la izquierda abertzale que, empezando por el de Ekin, van a sucederse en las próximas semanas: Herriko tabernas, Gestoras pro-amnistia...

En el mundo político de la izquierda abertzale existía, en los meses posteriores a la ruptura del alto el fuego, la esperanza de que ETA no asesinara; de que Acción Nacionalista Vasca (ANV) pudiera concurrir a las elecciones generales del próximo marzo y tras éstas poder avanzar hacia una normalización política. Pero el asesinato de ayer se lo pone aún más difícil.

ANV tiene imposible poder concurrir a las elecciones generales de marzo, e incluso es posible que se inicien los trámites de su ilegalización si no realiza una condena nítida del asesinato de ayer. Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su declaración institucional de ayer no hizo mención explícita a ANV, si se refirió expresamente a que el Gobierno no sólo perseguirá a los comandos de ETA sino, también, a quienes les apoyan. Con ello, el Ejecutivo pasa la pelota al tejado de ANV y la izquierda abertzale, y deja en sus manos su futuro político si se desmarcan explícitamente de la violencia.

El Gobierno confía también en que no haya una utilización electoralista del atentado por parte del PP. Esta confianza se ratificó a última hora de ayer por el acuerdo alcanzado por todos los partidos contra ETA, aunque ya había tenido una expresión previa en la conversación telefónica entre Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, que mantuvieron por la mañana y en la que éste manifestó su apoyo al Gobierno en la lucha contra la banda.

El acuerdo alcanzado ayer por los partidos en el Congreso tiene una gran trascendencia política al ser la primera vez en toda la legislatura que el Ejecutivo socialista y el PP van de la mano contra el terrorismo. Podría ser el primer paso para un acuerdo más ambicioso sobre la fase terminal de ETA. El de ayer lo facilitó el que ningún partido puso condiciones para acordar el rechazo al terrorismo y convocar una expresión de protesta contra ETA.

Pero lo ha facilitado, sobre todo, lo ocurrido estos meses. Desde que ETA rompió, de hecho, la tregua en diciembre de 2006, el Gobierno ha mostrado a las claras su decisión de combatir a ETA, con la cadena de detenciones, algunas muy importantes, producidas, estos meses.

También ha dejado claro que el Gobierno no ha hecho concesiones a ETA, en las conversaciones producidas durante la tregua, pues de otro modo la banda no la hubiera roto. El PP no podía sustraerse a esa realidad, muy visible en la opinión.