'Caso Funeraria': el Ayuntamiento 'regaló' la empresa por 0,6 euros

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios fue privatizada por 0,6 euros (100 pesetas) cuando pudo haber sido vendida por 7.430.132 euros (1.236.270.000 pesetas), "lo que supone un daño a los intereses públicos", establece la sentencia que la Audiencia Provincial dictó ayer sobre el caso funeraria. Esta decisión pone punto y aparte a un proceso judicial que se ha dilatado durante 15 años y que cierra el mayor escándalo del mandato de José María Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento de Madrid (PP, 1989-2003).

José Ignacio Rodrigo aportó "información sesgada" sobre la funeraria municipal Con los dueños de Funespaña, creó firmas ficticias para evadir impuestos

Los tres magistrados de la Audiencia que han instruido el caso consideran que el primer teniente de alcalde de Madrid entre 1991 y 1995, Luis María Huete (PP), lo "pudo haber evitado y no lo evitó". Por eso, lo condena a dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público. Huete tiene 79 años y lleva cinco apartado de la política.

La sentencia absuelve al resto de los nueve imputados, entre ellos a otros dos ex concejales populares, Simón Viñals y Antonio Moreno, de los delitos de malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el valor de las cosas, falsedad documental y tráfico de influencias porque algunos ya están prescritos.

El caso se inicia en 1992 cuando el primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete (PP) decide iniciar los trámites para privatizar parcialmente la Empresa de Servicios Funerarios de Madrid. El Ayuntamiento había adquirido la sociedad siete años antes y a pesar de que actuaba como un monopolio arrojaba grandes pérdidas. El concejal de Sanidad, Simón Viñals, pidió a las juntas de distrito el cierre de las casas mortuorias privadas para evitar la competencia. La funeraria tenía además una deuda con el Ayuntamiento de 13.671.505 de euros (2.274 millones de pesetas). Antonio Moreno, ex concejal de Personal y Régimen Interior, elaboró los pliegos del concurso para privatizar la empresa pública, que terminaron favoreciendo a Funespaña.

Viñals, que entonces presidía la funeraria municipal, contrató como asesor a José Ignacio Rodrigo (posteriormente consejero y accionista de Funespaña) que accedió a información privilegiada durante la venta de la funeraria.

Huete, tras ignorar las advertencias de los técnicos municipales, decidió adjudicar finalmente la venta del 49% de la funeraria municipal (con el respaldo del Grupo Popular en el pleno) así como la gestión y un ingreso adicional del 20% de los beneficios a la funeraria municipal por una cantidad simbólica: 0,6 euros. La sentencia reconoce "la existencia de indicios de que la decisión [de adjudicar la privatizacíón a Funespaña] fue influenciada de modo indirecto por Huete".

Los magistrados concluyen que "el ex teniente de alcalde adoptó una decisión a pesar de las advertencias de los técnicos de que el verdadero valor de la oferta elegida no era el que figuraba en ella". Y añade: "El acusado propuso al pleno aprobar la adjudicación a Funespaña creando una situación de riesgo que se concretó posteriormente".

Tan sólo unas semanas después de la privatización parcial, la empresa supuestamente estaba en quiebra, Huete propuso la condonación de la deuda que mantenía con el Ayuntamiento (13,6 millones). Dos años más tarde la funeraria arrojaba unos beneficios de seis millones.

Tras conocer ayer la sentencia que le condena a dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público, Luis María Huete, vestido con traje de chaqueta y gabardina, se llevó las manos a la cabeza. Comenzó a hacer aspavientos. "Hay que recurrirla", comentó a sus abogados con preocupación. La pena a Huete ha sido reducida porque el tribunal estima como atenuante "las dilaciones indebidas" del caso. Pero la sentencia lo deja claro: "El acusado no dudó en suscribir un contrato en el que figuraba un precio que sabía incierto e inexacto, ni en proponer al pleno municipal la condonación de la deuda que la empresa funeraria tenía contraída con el Ayuntamiento".

De esta forma, Funespaña compró por 0,6 euros una empresa con una deuda de 13,6 millones y tan sólo dos años después esta deuda fue perdonada por el Ayuntamiento a instancias del ex teniente de alcalde del Gobierno popular de José María Álvarez del Manzano. El negocio fue redondo.

Uno de los impulsores de este negocio fue José Ignacio Rodrigo, asesor contratado por el gerente de la empresa funeraria, el ex concejal Simón Viñals. Rodrigo pasó de elaborar informes sobre la situación de la empresa municipal a hacerse con su control. Un estudio encargado por Rodrigo valoraba la funeraria en 18 millones de euros. Sin embargo, éste "transmitió -a los responsables municipales- su particular y sesgada opinión de la situación económica de la sociedad municipal" para vender la empresa mixta, según se desprende de la sentencia. El 22 de diciembre de 1992, el Ayuntamiento adjudica el 49% de la empresa funeraria a Funespaña. Huete aboga por condonar la elevada deuda.

Rodrigo había conocido a los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, propietarios de Funespaña, y pronto se hizo con un hueco en la nueva organización tras la compra de éstos de la funeraria municipal. Fue nombrado consejero y se convirtió en accionista. Rodrigo diseñó un complejo entramado de arquitectura financiera, con empresas ficticias radicadas en Holanda, para hacerse con el control de los socios de Funespaña, y distribuir el beneficio que obtenía la sociedad por la gestión de la empresa mixta funeraria entre los hermanos Valdivia e "impedir que la empresa tributara a la Hacienda Pública".

Por estas actuaciones la sentencia culpa a Rodrigo de un delito de tráfico de influencias y a los hermanos Valdivia de otro contra la Hacienda Pública (correspondiente al año 2003) y falsedad documental. Pero los magistrados consideran que estas infracciones han prescrito por lo que "han quedado extinguida sus responsabilidades penales". Los imputados se han beneficiado de 15 años de pleitos. La primera denuncia del caso Funeraria fue presentada en 1993 por el ex concejal socialista Juan Barranco contra el proceso administrativo. Tres años más tarde, IU presentó otra por la vía penal. En 2003, el caso se instruye en el Tribunal Superior de Justicia, por ser Huete diputado regional. Cuando se iba a iniciar la vista oral el tribunal lo retrasó por coincidir con las elecciones autonómicas. Cuando Huete abandona el hemiciclo regional su defensa solicita que el caso se traslade a la Audiencia. El penúltimo escollo se produce en 2006 porque uno de los jueces se inhibe alegando amistad íntima con una de las partes.

A pesar de todo, la sentencia no ha detectado indicios de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, ni de malversación de caudales públicos. Los grupos de la oposición de Madrid (PSOE e IU) anunciaron ayer que recurrirán la sentencia.