Lápiz rojo contra el urbanismo salvaje

"Es un disparate bloquear las licencias en Roca Llisa, la crema de las urbanizaciones de Ibiza, y convertir sus parcelas en rústicas". Así protesta uno de los cientos de propietarios afectados por el reciente veto político contra el desarrollismo dictado sobre 13 zonas urbanizables de la isla, una moratoria de tres años decidida para proteger el paisaje. Su parcela, de 22.000 metros cuadrados, le costó 850.000 euros y tramitó la licencia para construir un chalé, junto a un campo de golf. "Ahora mi terreno edificable pasa a valer 6.000 euros, es decir, nada", protesta.

"Di 850.000 euros por un terreno que ahora vale 6.000", se queja un propietario

El PP: "Supondrá una parálisis de la construcción y agravará la crisis"

La izquierda de Ibiza en el Consell Insular, con mayoría del PSOE y los ecologistas de Eivissa pel Canvi, ha congelado la concesión de licencias en 13 urbanizaciones y áreas de parajes litorales y montañosos de gran valor ecológico y que tienen fuerte demanda residencial. Más de 400 hectáreas quedan marcadas con el lápiz rojo de la prohibición.

Además, para frenar que prosiga el urbanismo salvaje se impide en toda la isla la construcción de chalés en suelos urbanos que no cuenten con luz, agua, alcantarillas, aceras y calles asfaltadas.

"Queremos salvar 13 enclaves turísticos ahora que aún es posible. Y asegurar que no crecerán en la isla urbanizaciones sin los equipamientos elementales, que deben sufragar los promotores y que, al final, realmente asumen las Administraciones", razona el impulsor de la norma, Miquel Ramon, consejero del Territorio, de Izquierda Unida. La Norma Territorial Cautelar es temporal y regirá para poder revisar el Plan Territorial. "Las casas sueltas no han de devorar más pinares y las calas".

Entre los 13 enclaves salvados están por el momento 73,7 hectáreas en la costa de Santa Eulàlia, donde se frenan nuevos edificios que amenazan con devorar el monte en Cap Llibrell y Cap Martinet. En las inmediaciones está la citada Roca Llisa. "Hay muchos solares de Roca Llisa donde se concedían licencias de manera irregular, automáticamente. Por eso el mayor impacto inmobiliario de la moratoria afecta a este enclave", observa Ramon.

Suelo, licencias, casas, impuestos... una secuencia ligada a la financiación municipal. "Si Roca Llisa pasa a rústico allí se dejará de pagar el Impuestos de Bienes Inmuebles y el Ayuntamiento perderá millones". La voz es del asesor de unos propietarios. "Los dueños de los chalés y solares son ricos, viven fuera de la isla y no votan, y el Ayuntamiento les recargó el IBI".

Un ataque a la decisión nace desde la izquierda radical. "Es una norma cosmética por innecesaria. Suspende urbanizaciones que ya están declaradas suelo rústico", dice Neus Prats, portavoz de los activistas proteccionistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza. En Ibiza y en Baleares gobierna el PSOE con Eivissa pel Canvi, que cuestionó el desarrollismo de la etapa del PP.

En Ibiza la protesta paró 120 viviendas en el litoral Punta Pedrera. Esta zona también ha quedado blindada por la moratoria. En Sant Josep fue preservado el desarrollo de Cala Comte y Cala Bassa, así como el área natural de Cap Llentrisca, Sa Talaiasa, en Cala d'Hort, de 115 hectáreas, que se ensancha. "En Cala d'Hort recuperamos la extensión marcada por el parque natural que el PP borró del mapa para hacer un campo de golf", recalca Ramon.

"Vendrá una parálisis total de la construcción", sentencia Pedro Palau, consejero portavoz del PP, que considera que se desencadenará "la especulación" y que las prohibiciones "agravarán la crisis económica". Palau, que fue presidente de Ibiza, tildó la moratoria de "bluf informativo" y acusó al PSOE-Eivissa pel Canvi de "pensar sólo en los grandes titulares".

La norma paró las máquinas que abrían caminos en el monte del Port de Benirràs y hollaron el paisaje porque el Ayuntamiento de Sant Joan, del PP, otorgó 11 licencias-exprés para esquivar la primera moratoria del Gobierno de Baleares. "Se estaba ejecutando una nueva explotación residencial en Ets Amunts d'Eivissa (Benirràs), de 14,6 hectáreas que ahora se preservan. Así recalcamos la efectividad de la norma", insiste el consejero, de IU.

Un experto en urbanismo de Baleares resume que la moratoria establece "nuevas exigencias para impedir la construcción que va más allá de lo que había dictado el Parlamento balear. Es relevante la exigencia de las dotaciones de servicios para las casas en terrenos urbanos".

En Ibiza, durante medio siglo, han nacido urbanizaciones al margen de toda normativa y calificación urbanística. Alguna de manera reciente. Ramon detalla: "Congelamos la urbanización de Illa Blanca que es un suelo urbano que ha nacido al margen de la legalidad".

¿Si hay indemnizaciones, quién las pagará? Ramon considera que será en todo caso el Gobierno de Baleares si los tribunales deciden que se han de resarcir los derechos de los afectados. Los efectos de la moratoria de suelo rústico de las ocho hectáreas de Ses Variades de Sant Antoni, justo al lado del puerto de uno de los ámbitos afectados, contienen carga política y financiera. Por 40.000 metros -imposibles de edificar- la familia de Abel Matutes cobró 26,4 millones en 2005. En Sant Josep, en distintas parcelas sin edificar de Playa d'En Bossa y Cala Tarida, que superan los 52 hectáreas, la norma "pretende salvar los pocos espacios sin edificar junto a la costa".

Los jueces en la primera sentencia condenatoria sobre corrupción urbanística del caso Andratx, en Mallorca, han aludido a la conciencia social para proteger el medio ambiente y frenar la sobrecarga en Baleares y reseñado las movilizaciones callejeras. El Consell ibicenco reconoce que su norma "supone una auténtica toma de conciencia de la dimensión ambiental o ecológica".

La patronal reclama que las Administraciones adjudiquen obra pública y no frenen el sector de la construcción, ya tocado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero Ramon concluye: "Teníamos que evitar los hechos consumados, las obras en marcha".