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Marbella logra una prórroga para pagar su deuda con el Estado

Fernando J. Pérez

El Ayuntamiento de Marbella, lastrado por una deuda de 280 millones de euros, asegura haber alcanzado un acuerdo con la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda para refinanciar los pagos. El nuevo calendario de abonos permitirá al consistorio pagar anualmente 8 millones de euros a las arcas del Estado frente a los 13 que debía reintegrar según el anterior plan, afirmó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, del Partido Popular.

Muñoz aseguró también que ha alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía para aplazar el pago del anticipo de 100 millones de euros que concedió el Gobierno autónomo a la ciudad tras la disolución del Ayuntamiento en 2006 por el caso Malaya. Sin embargo, el anuncio de la regidora se vio contestado pocas horas después por la Junta, que mediante un comunicado negaba que el acuerdo estuviera cerrado. El Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de diez años para reembolsar el crédito a la Junta.

Respecto a la deuda con la Seguridad Social y Hacienda, en 2010 Marbella abonará 7,2 millones a ambos organismos a razón de 600.000 euros mensuales. Esto supone un alivio de los pagos para el próximo año, que estaban fijados en 16 millones de euros. Ángeles Muñoz apuntó que los pagos para 2011 se deberán fijar posteriormente. Marbella adeuda 175 millones a la Seguridad Social y 105 a la Agencia Tributaria.

Pendiente de firma

El acuerdo, pendiente aún de firma, establece que Marbella está obligada a amortizar de manera anticipada la deuda en caso de que obtenga fondos como consecuencia de los procedimientos judiciales en los que se encuentra personada. El consistorio deberá recibir 23 millones de euros del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y otros condenados en el caso Saqueo. Además, en el llamado caso Monteverde o Saqueo II, el Ayuntamiento reclama una indemnización de 70 millones de euros.

La alcaldesa marbellí anunció también medidas para reducir el gasto de personal en un millón de euros anuales. Este ahorro pasa por retirar todos los complementos de productividad y las gratificaciones de los trabajadores. Además, se prevé un plan de prejubilaciones voluntario para el personal laboral que podría afectar a 517 personas y supondría un ahorro de unos tres millones de euros.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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