Chávez nacionaliza todos los negocios ligados al petróleo

Las lanchas. Los astilleros. El suministro de agua, vapor y gas para los taladros. Todos los bienes y servicios que tengan conexión con la explotación de petróleo han comenzado a ser expropiados desde ayer en Venezuela.

El presidente, Hugo Chávez, ha promulgado una ley que reserva al Estado todas las actividades vinculadas con la producción de hidrocarburos y prometió que de inmediato empezaría a aplicarla. "Mañana comenzamos a recuperar bienes y activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social. (...) Mañana estaremos en el Lago de Maracaibo dando el primer paso", dijo Chávez. Y así lo hizo.

A las 12.30 horas de ayer, el comandante-presidente Chávez capitaneó la toma de una de las flotas de lanchas que opera en el lago -la principal cuenca petrolífera del país- y que fue transmitida de forma obligatoria por todas las radios y cadenas de televisión del país. "Hoy es un acto de liberación", le dijo en tono solemne al timonel y a su tripulación. "Hasta el día de hoy esta lancha era de un privado. Ahora llévala con conciencia de que esta lancha es de todo el pueblo y que el pueblo te ha puesto de capitán".

Más que la compra por parte del Estado de los bienes y servicios que antes pertenecían a terceros, Chávez ha dicho que la nueva ley supone el comienzo de una "batalla naval libertadora", que ha comenzado en las aguas "enemigas" del Lago de Maracaibo -jurisdicción del Estado de Zulia, gobernado desde hace nueve años por la oposición-.

El ministro de Energía y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, ha calculado que sólo en el Lago de Maracaibo pasarán a manos del Estado 39 terminales y muelles, cinco diques astilleros, 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras y 61 lanchas. El Gobierno también absorberá en su nómina a más de 8.000 trabajadores que hasta el momento prestaban sus servicios a las empresas contratistas.

Otro enemigo que el Gobierno venezolano busca abatir a través de esta ley es la potencial amenaza, por parte de las empresas contratistas, de paralizar sus actividades y, en consecuencia, la producción petrolera del país, como medida de protesta por la falta de pagos. Según cifras de la agencia Dow Jones, al cierre de 2008 PDVSA debía a estas compañías unos 10.000 millones de euros; de ahí que algunas de ellas consideraran retirar sus embarcaciones y equipos hasta que cobrasen por sus servicios. Sólo con la empresa Williams Companies, dedicada a la producción de gas natural en el oriente venezolano, PDVSA tiene una deuda por 180 millones. Todos estos acreedores son ahora susceptibles de ser expropiados.

La ley permite al Gobierno compensar a las empresas expropiadas con bonos de la deuda pública, en lugar de efectivo, anular contratos preexistentes y ordenar tomas preventivas de instalaciones.