Siete años de inhabilitación para el ex alcalde de Gondomar
El ex alcalde de Gondomar Carlos Silva, del PP, y los cinco concejales que formaban su Xunta de Goberno en el anterior mandato han sido condenados como autores de un delito de prevaricación por la Audiencia Provincial de Pontevedra en una sentencia firme que los condena a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación especial para cargo público y los absuelve del delito continuado por el que los condenó un juzgado de Vigo. El fallo de la Audiencia Provincial rebaja por este motivo los 18 meses de prisión a que fueron condenados por el juzgado. Silva dimitió ayer de sus cargos en el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
Carlos Silva desempeñaba en Gondomar la concejalía de Economía, Hacienda y Personal y, en la Diputación de Pontevedra, formaba parte del gobierno provincial con dedicación exclusiva y un salario de más de 60.000 euros anuales. El presidente provincial del PP, Rafael Louzán, le ofreció ese puesto después de la moción de censura, en julio del año pasado, que apartó al BNG del gobierno local y que solo pudo prosperar cuando Silva renunció a convertirse en el alcalde alternativo. Entonces ya había sido condenado por el juzgado de Vigo por prevaricación continuada en el procedimiento que ahora ha cerrado la Audiencia Provincial.
No obstante, según diversos testimonios recabados por este periódico, Silva ejercía la alcaldía en la sombra del gobierno de tránsfugas, que formalmente ostenta Martín Urgal. Además era el único con militancia en el PP, a la que también renunció ayer, ya que los demás concejales del grupo solo pidieron la baja en el partido poco antes de celebrarse el pleno que aprobó la moción de censura. Otro concejal que forma parte del gobierno, Ángel Gregores, tendrá que abandonarlo por efecto de la misma sentencia.
Los condenados dieron más de 300 licencias después de que el Tribunal Supremo anulara en firme, en febrero de 2005, el plan general de urbanismo de 1997. El juzgado de Vigo los condenó en 2008 por 39 de ellas, al apreciar prevaricación continuada, y la Audiencia Provincial, por un delito de prevaricación que concreta en una de ellas. Este detalle "demuestra que no había ningún beneficio urbanístico", según el vicepresidente provincial del PP, José Manuel Figueroa, quien agradeció la "celeridad" de Silva en presentar su renuncia. "Es una muestra de su talante y estilo democrático", subrayó.
"Cese fulminante"
Figueroa enmarcó las acusaciones y críticas de los socialistas en este caso como un intento de "desviar la atención sobre lo que de verdad tienen encima con el asunto de la trama agraria".
Mar Barcón, portavoz socialista de urbanismo, exigió ayer al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que "expulse la corrupción" de su partido en Pontevedra con la "destitución fulminante" de su presidente, Rafael Louzán, muñidor de la moción de censura de Gondomar, "por haber amparado y protegido" a Silva.
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