La Pachamama contra el Estado

Las poblaciones indígenas peruanas están, una vez más, indignadas. Un año después del estallido de violencia en la localidad amazónica de Bagua -que causó 33 muertes y un policía desaparecido-, el Estado ha tomado nuevamente una decisión que, eventualmente, podría ponerlas en pie de guerra. El Ejecutivo de Alan García acaba de vetar un proyecto de ley que consagra el derecho de los nativos a ser consultados sobre cualquier decisión estatal sobre concesiones para desarrollar proyectos de infraestructuras, mineros o energéticos en a sus territorios.

"Denunciamos el propósito del Gobierno de perpetuar la imposición de proyectos de extracción de recursos naturales contra la voluntad soberana de los pueblos indígenas", ha señalado AIDESEP, la coordinadora que agrupa a la mayor cantidad de poblaciones indígenas de la Amazonia peruana, y que ha anunciado que tomará acciones para defender sus derechos.

Lima se resiste a que los indios puedan vetar planes de infraestructuras

García aseguró que su Gobierno defiende que se le consulte a los indígenas, pero consideró que este derecho debe darse preservando los intereses nacionales y no sólo el de un pequeño sector. Los indígenas aseguran que el veto a la norma es una demostración más de que el Gobierno está decidido a atropellar sus derechos, siguiendo la doctrina del "perro del hortelano", en alusión a un artículo escrito por García al inicio de su Gobierno en el que criticaba las trabas que ponían diversos sectores a la inversión. "Había un avance significativo en la nueva ley", destaca el analista José de Echave, quien señala que en Perú el derecho a consulta de los pueblos indígenas no está contemplado en la Constitución.

Ecuador y Bolivia sí lo consagran, lo que no quiere decir que no tengan problemas. En Ecuador, el Gobierno del presidente Rafael Correa está enfrentado a las comunidades indígenas por la Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas. El texto prevé la instauración de una Autoridad Única del Agua (AUA), liderada por una secretaría nacional designada por el presidente de la nación, para dirigir las políticas hídricas públicas. Pero los indígenas sostienen que la normativa supone una "privatización" del agua y demandan que las comunidades indígenas y sectores sociales tengan voz y voto en la AUA. El Gobierno se niega y los indígenas marcharon sobre Quito para protestar.

Mientras tanto, en Bolivia, el presidente Evo Morales promulgó ayer la ley que consagra la "justicia indígena". La ley fue aprobada la noche del miércoles por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Gobierno, en el Senado sin tener en cuenta las propuestas ni críticas de los opositores, que pedía que la normativa estableciera claramente que la "justicia indígena" quedaba sujeta al control del Estado y que se establecieran sus límites.

La llamada "justicia comunitaria" ha sido criticada en los últimos meses porque en su nombre los ayllus o jefes indígenas de Potosí ordenaron la tortura y el linchamiento, en mayo pasado, de cuatro policías tras acusarlos de cometer delitos en su zona. Aparte, se registraron otras ejecuciones de supuestos delincuentes en el resto del país. Ahora el Parlamento tiene 180 días para regular los campos de acción de la justicia "ordinaria" y los de la indígena.