El triunfo del diálogo

El pacto social contra la crisis firmado ayer en La Moncloa por el Gobierno, los sindicatos y la patronal debe interpretarse como un éxito político de Zapatero y la culminación de un encomiable esfuerzo de UGT y CC OO por desarrollar una nueva estrategia negociadora, que seguramente rendirá más beneficios al país y a ellos mismos que la política de confrontación que acabó en la huelga estéril del 29 de septiembre.

Este es el primer gran acuerdo social desde 1985 y permite confiar en que también se concretará el acuerdo en materia de la negociación colectiva, apenas esbozada en el pacto, que es la pieza que queda por renovar en la reforma laboral. De su importancia dan fe algunos hechos, como es que, una vez conocido el pacto, los mercados reconocieran la voluntad política de reducir los riesgos para la estabilidad financiera española y el diferencial de deuda descendiera hasta 180 puntos básicos; o, no menos importante, que los sindicatos se hayan mostrado dispuestos a discutir algunos aspectos conflictivos de la negociación colectiva (como el de la ultraactividad de los convenios) que antes del 29 de septiembre les hubieran parecido tabú.

El innegable éxito del Gobierno (hace bien el presidente en recalcar que el diálogo social es un activo de la política española) resultó emborronado por su inexcusable torpeza a la hora de convocar a los partidos políticos a la firma del acto. Si se quiere que el PP o los partidos nacionalistas respalden el acuerdo, debe atraérseles como si fueran agentes activos del mismo; en lugar de eso, se les informó tarde y mal, a través de mensajes distantes y protocolarios, como si fueran invitados indeseados.

La comparación con los conocidos Pactos de la Moncloa, alentada por los degustadores de retórica, resulta ociosa. Los Pactos de la Moncloa fueron un gran acuerdo político y social que facultó al Gobierno de Adolfo Suárez para tomar medidas drásticas contra la inflación, los déficits público y exterior y el paro; el acuerdo firmado ayer tiene perfiles más concretos. Regula puntillosamente en qué condiciones podrán jubilarse los trabajadores hasta completar la transición del retiro a los 67 años desde los 65 actuales y pretende insuflar vida al decaído mercado de trabajo.

Más allá del desaire que padeció ayer, una política razonable del PP sería apoyar el acuerdo en el Congreso sin demasiadas reticencias, puesto que la imagen de que la nación aplica políticas excepcionales con el máximo respaldo político es esencial para superar la profunda recesión de la economía y superar el déficit de confianza que suscita entre los inversores internacionales. Es más, esa misma "política razonable" debería inspirar al PP un acuerdo público con el Gobierno para limitar los déficits autonómicos y recapitalizar las cajas de ahorros. Ahora que el pacto sobre pensiones es un hecho, los acreedores de la deuda española (pública y privada) van a prestar atención redoblada a la reforma financiera y al déficit público.

La importancia del pacto no debería ocultar que su contenido es desigual, en calidad e intensidad. La pieza principal, la reforma de las pensiones, minimiza el riesgo de colapso del sistema hasta 2040, recortando en dos puntos de PIB los compromisos de pago. No faltará quien eche de menos un ajuste mayor, pero resulta suficiente para reforzar el sistema hasta esa fecha. Los incentivos para la contratación de más de 100.000 jóvenes son bienintencionados, pero los resultados parecen dudosos a la luz de experiencias anteriores.

El paro registrado en enero aumentó en casi 131.000 personas, una nueva confirmación de que el mercado laboral no ha tocado suelo y solo resucitará con la recuperación de la actividad. El acuerdo sobre negociación colectiva tiene que afinarse; y el pacto energético es una declaración gaseosa de intenciones. Una pincelada firme y tres o cuatro trazos imprecisos.