Un juez admite parte de la deuda de la Comunidad a la Complutense

Todo es cuestión de perspectiva. La Universidad Complutense llevó a la Comunidad de Madrid a los tribunales para exigir 57 millones de deudas atrasadas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), notificada el 21 de febrero, reconoce el impago de 18 millones por inversiones a la Universidad pero no los 31 millones que pedían de atrasos en gasto corriente. Para la Complutense es un triunfo y lo mismo defendía ayer desde la parte opuesta la Consejería de Educación.

De fondo, la sentencia afecta a dos cuestiones: la financiación universitaria madrileña (los rectores reclaman más de 250 millones de atrasos en gasto corriente e inversiones a la Comunidad de Madrid desde 2008) y la próxima campaña electoral en la Complutense, que gravita sobre la deuda de la mayor universidad de España. La cifra barajada oscila, según distintas estimaciones, entre 160 y 180 millones de euros.La Complutense fue la única de las seis universidades públicas madrileñas que reclamó la deuda judicialmente. En 2009 pidió 57 millones de euros por tres conceptos (más los intereses de demora). En primer lugar, por atrasos en el pago de la informatización de los datos de las seis universidades públicas que asumió la Complutense (2,3 millones), otros 16,9 millones por el impago de inversiones correspondientes al ejercicio 2008 y 31,5 millones por el incremento de las pagas extraordinarias que las universidades aplicaron de forma paulatina después de que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 recogiera un incremento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM admite en su sentencia, contra la que cabe recurso de casación, la mitad de la deuda informática y el pago del apartado de inversiones, lo que supone que la Comunidad de Madrid debe 18,07 millones de euros a la Complutense. Pero niega que haya deuda en las pagas extraordinarias.

El tribunal interpreta, como alega la Comunidad, que el plan de financiación regional 2006-2010 ya recogía que el Gobierno autonómico "seguirá aportando los fondos necesarios" para incrementos de pagas extraordinarias en la subvención nominativa (el dinero para sueldos) que da mensualmente a las universidades públicas con "el tope de financiación al que se comprometía la Comunidad". "Todo lo que exceda de dicho techo presupuestario", según la sentencia, lo debe pagar la universidad "con cargo a sus propios fondos, sin que pueda reclamar por tal concepto a la Comunidad".

El rector de la Complutense, Carlos Berzosa, consideró ayer que el fallo "es un éxito parcial" para la universidad. Berzosa explica que están a la espera de más sentencias sobre este asunto relacionados con los ejercicios 2009 y 2010. "Si no hubiéramos recurrido, no habríamos conseguido nada y ahora tenemos 18 millones", asegura el rector. Y añade: "Parte del acoso que he sufrido desde la Comunidad de Madrid fue por poner estos recursos". La Complutense estudia recurrir la parte de la sentencia que le perjudica y la consejería ya ha anunciado que lo hará con el apartado que le obliga a pagar 18 millones.

La consejera de Educación, Lucía Figar, cree que "la sentencia da en términos generales la razón a la Comunidad". Y hace una lectura amplia de sus repercusiones, es decir, si el juez considera que no le debe nada en concepto de pagas extraordinarias a la Complutense, tampoco se lo adeuda al resto de universidades públicas madrileñas. "El juez ha sentenciado que no debemos nada y que hemos cumplido con nuestros compromisos, así que sería raro pagar a las demás y no a la Complutense".

La última estimación conjunta de las universidades, de febrero de 2010, cifraba la deuda de personal y gasto corriente en 138 millones. ¿Qué hará el resto de universidades? "Lo trataremos en la próxima reunión", asegura Javier Uceda, rector de la Politécnica y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma). "No entro en la interpretación jurídica, pero la realidad es que se han incrementado las pagas extraordinarias en todas las universidades sin que lo hayan hecho las subvenciones nominativas, aunque había compromiso de hacerlo", según el rector, que añade: "Seguimos pensando que nuestras reclamaciones tienen fundamento y tenemos que estudiar también lo que dice la sentencia de las inversiones, que claramente nos beneficia".