Bruselas premia a Portugal por su mejora en las cuentas públicas

Bruselas prevé que el déficit portugués baje del 2% del PIB en 2017 y 2018, aunque alberga dudas sobre el impacto de futuras ayudas al sector financiero. La mitad de la banca portuguesa está ya en manos de entidades españolas. La otra mitad sigue con ciertos problemas, pese a las inyecciones de dinero público en Caixa Géral y la recapitalización de Novo Banco por parte del fondo Lone Star.

Bruselas es consciente de que la banca portuguesa tiene aún un alto porcentaje de activos tóxicos. Y avisa de que el futuro impacto de las medidas públicas de apoyo a la banca puede tener efecto sobre el déficit.

Pero Portugal sale del procedimiento, lo que supone un balón de oxígeno para el Ejecutivo de izquierdas de António Costa, que tendrá algo más de margen en política económica.

La Comisión presentará el lunes las recomendaciones específicas por país: los consejos de Bruselas sobre cómo impulsar el crecimiento y el empleo manteniendo unas finanzas públicas saneadas.

Las españolas, lejos del intervencionismo de los últimos años, son bastante positivas, según fuentes comunitarias. Aunque estas mismas fuentes hacen hincapié en las crecientes diferencias regionales, tanto en lo relativo al mercado laboral (Bruselas se queja de la falta de coordinación de los servicios autonómicos de empleo, las disparidades de los regímenes de renta mínima y de los sistemas de apoyo a las familias), como a la situación de las cuentas públicas o a la falta de aplicación de la ley de unidad de mercado.

Positivo con matices

El Gobierno envió hace unas semanas el renovado plan de estabilidad a Bruselas: el examen de la Comisión es positivo con matices. “No parece que España vaya a tener riesgos de sostenibilidad a corto plazo”, dice un borrador del documento al que ha tenido acceso este diario.

Bruselas prevé que el déficit alcance el 3,2% del PIB este año (una décima por encima de los previsto) y el 2,6% del PIB el próximo, y el citado borrador apunta que el Gobierno se queda corto en el esfuerzo estructural (sin tener en cuenta los vaivenes del ciclo). Bruselas cree que el Gobierno de Mariano Rajoy fía demasiado el saneamiento de las cuentas públicas a la recuperación. Y deja algún rejón para España: la deuda pública, que cerró 2016 rozando el 100% del PIB, se resiste a bajar.

El ministro Luis de Guindos ha asegurado que ese va a ser el indicador clave en los próximos años. Y la Comisión no espera buenas noticias en una década: el endeudamiento público seguirá en 2027 en el 103% del PIB (si no hay cambios en las políticas económicas de España), según el borrador.

“Resaltan los riesgos para la sostenibilidad de la deuda en el medio plazo”, dice Bruselas. La paradoja es que España bajará con claridad del listón del 3% del déficit en 2018, lo que debería provocar su salida del procedimiento de déficit excesivo, como va a ocurrir el lunes con Portugal. Pero en la deuda pública sigue muy por encima del listón del 60% del PIB, y por ahí puede tener también problemas.