Gracias, María Emilia Casas

Lucía había dedicado gran parte de su vida a la atención de menores con discapacidad. Un día terminó su contrato de trabajo y se registró como demandante de empleo en la administración. Tuvo un hijo y un clic informático la desplazó a la casilla de "incapacidad temporal para el trabajo por baja maternal". Ocurrió en esos días que una empresa necesitaba personas con experiencia en menores con discapacidad. Lucía no fue llamada porque estaba encasillada como incapacitada. Reclamó ante la administración. Se le dijo: la ley protege la maternidad y no permite trabajar en los meses siguientes al parto. No puedes ser candidata para el empleo. No se resignó. Pleiteó, agotó todas las instancias judiciales y llegó a nuestro Tribunal Constitucional...que declaró la existencia de una acción discriminatoria, tras explicar que la aparente neutralidad de las normas no puede justificar un resultado discriminatorio e injusto.

Ciertamente esta decisión, en nuestra jerga filosófica jurídica, se calificaría "de equidad" o ejemplo de la justicia del caso concreto. Está ajustada a los valores constitucionales y a las expectativas que tiene la ciudadanía de una justicia social.

Una decisión, además, argumentada y generada con "perspectiva de género", esto es, que advirtió y evitó los resultados discriminatorios y perjudiciales que pueden conllevar aplicaciones automáticas de normas aparentemente neutrales.

Es un ejemplo, uno solo, de los muchos que ha tenido que abordar nuestro Tribunal Constitucional cuya presidencia deja María Emilia Casas, por vencimiento del tiempo para el que fue nombrada.

Si de justicia era el caso de Lucía, también es de justicia destacar el trabajo de este Tribunal en el ámbito de la violencia de género y del derecho antidiscriminatorio. Durante la Presidencia de Casas avaló la constitucionalidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Reconoció las características específicas de este fenómeno criminal, las necesidades de protección de la víctima y el mayor reproche social de las agresiones contra la esposa o pareja. En la aplicación del derecho antidiscriminatorio, ha seguido el camino marcado por los compromisos contraídos por nuestro país a nivel internacional y europeo. Unos compromisos que han sido fruto del esfuerzo social y político realizado por las mujeres y los movimientos sociales para avanzar en la promoción de la igualdad.

Esto ha permitido una avanzada doctrina constitucional orientada a erradicar los obstáculos que impiden la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la promoción de la co-responsabilidad de hombres y mujeres y la eliminación de estereotipos y prejuicios que siguen justificando la discriminación.

Leyes como la de impacto de género (2003), contra la violencia de género (2004) o de igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007) son de enorme importancia en una época como la actual, en la cual la mayoría de los países sufrimos un complejo proceso de transformación para ajustarnos a las exigencias del nuevo modelo económico (la globalización) y a un nuevo modelo social (la sociedad del conocimiento). Por primera vez, profesionales del derecho nos vemos sometidos a criterios de competencia, eficacia, eficiencia y utilidad, objetivos que nos resultaban extraños hace poco tiempo.

Documentos tan importantes como el Tratado de Lisboa recomiendan profundizar en las políticas de igualdad para mejorar la competitividad y productividad de nuestras economías, porque ello supondrá el aprovechamiento de los mejores esfuerzos de toda la ciudadanía. En el marco del estado constitucional, todos los poderes del Estado son piezas clave en el proceso de modernización social. En España, además, tenemos el mandato constitucional de hacer lo posible para "dar el salto" desde la igualdad formal hasta la igualdad real o material.

A pesar de las dificultades actuales y aunque "la crisis económica tiene género", como dijo el periodista Oscar Subijana, el objetivo constitucional de sociedades más democráticas, justas, solidarias merece todo nuestro esfuerzo....Por la parte que te corresponde, gracias María Emilia Casas.

Inmaculada Montalbán es vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.