Un fallo con varias lecturas

La ilegalización de Sortu en el Tribunal Supremo por tan solo dos votos de diferencia demuestra la complejidad de una decisión también polémica en la sociedad. Una mayoría de los vascos quiere su legalización mientras una mayoría de españoles la rechaza.

Pero no sólo eso. La abundancia de votos particulares demuestra que los pasos que ha dado Sortu para desmarcarse de la antigua Batasuna como brazo político de ETA no han caído en saco roto. Es lógico que haya sido así porque no en vano su letrado, Iñigo Iruin, redactó unos estatutos que respondían a las demandas de la Ley de Partidos y de la jurisprudencia de los tribunales. Contenían la exigencia básica del rechazo expreso al terrorismio de ETA y homologaban a Sortu orgánicamente a un partido democrático, algo totalmente inédito en la historia de la izquierda abertzale,

El problema de Sortu sigue siendo de credibilidad . Una mayoría de la sociedad española y de los magistrados del Tribunal Supremo no terminan de fiarse de Sortu porque entre sus promotores está la cabeza de la antigua Batasuna.

Ha pesado aún la actitud de Batasuna de mirar para otro lado cuando ETA rompió la tregua de 2006 después de un intento de final dialogado del terrorismo en el que una mayoría de españoles creyó. Ha predominado la idea de que aún hay que dar más tiempo para que su desmarque de ETA sea creible.

No obstante, un resultado tan apretado en la votación del Tribunal Supremo también significa un reconocimiento a que la izquierda abertzale está dando pasos importantes en la dirección de constituirse en un partido democrático y en el alejamiento de ETA.

Y el mismo resultado invita, también, a que el Tribunal Constitucional, al que recurrirá la izquierda abertzale, se pronuncie antes de las elecciones municipales de mayo.