La Cámara de los Comunes extrema el control de las cuentas de Isabel II

La Cámara de los Comunes va a escrutar celosamente las cuentas de Isabel II. La poderosa y muy temida Comisión de Cuentas Públicas será la encargada de examinar con lupa, por primera vez, los ingresos y gastos de la reina de Inglaterra. Se trata de la misma comisión parlamentaria que puso en un brete hace unas semanas a los ejecutivos de Google, Amazon y Starbuck’s, a los que echó en cara el contraste entre sus abultados ingresos gracias al mercado británico y sus pusilánimes pagos de impuestos al Tesoro.

El dinero de la monarquía británica está en el candelero desde la gran crisis que atravesó en los años 90. La reina paga impuestos desde entonces y cada año está obligada a publicar el balance de sus ingresos y gastos. Es decir, explicar qué hace con el dinero público que recibe. Pero ese ejercicio contable se ha hecho hasta ahora con brocha gorda. El monarca explica cuánto ha recibido y en qué grandes partidas se lo ha gastado. Se trataba de desglosar esas cifras por capítulos: viajes, mantenimiento de los palacios, recepciones, gastos de personal, etcétera.

Pero a partir del 1 de abril entrará en vigor un nuevo sistema de financiación y también de escrutinio. En lugar de recibir una cantidad fijada cada 10 años de antemano por el parlamento, la reina recibirá un 15% de los beneficios anuales que genera el llamado Crown Estate, que agrupa las ingentes propiedades públicas de la reina y cuyo valor de estima en más de 8.000 millones de euros. La reina es propietaria, por ejemplo, de Regent Street, una de las grandes arterias comerciales del centro de Londres; el Windsor Great Park, un parque de más de 100.000 hectáreas; las aguas marinas que se extienden hasta 12 millas de la costa, en las que explota una gran cantidad de turbinas de generación de electricidad; o el famoso hipódromo de Ascot.

Aunque formalmente sigue siendo propiedad de la reina, el Crown Estate es de hecho explotado por el Estado desde que en 1760 el rey Jorge III cediera sus rendimientos al Parlamento a cambio de una asignación anual. Y así lo ha hecho cada soberano desde entonces. De esos rendimientos sale la asignación anual de dinero público para Isabel II, que cuenta, al margen de eso, con vastas propiedades privadas que están fuera del escrutinio público.

El actual Gobierno ha modificado el sistema de asignación de dinero público al monarca y desde el próximo año fiscal, que empieza en abril, las diferentes asignaciones se sintetizan en una sola, llamada Sovereign Grant o Subvención al Soberano que, de momento, queda establecida en el 15% de los beneficios del Crown Estate, que arrojan una suma equivalente al dinero recibido en los últimos tiempos por la soberana a través de la llamada Lista Civil, los gastos de transporte y comunicaciones y el mantenimiento de los palacios reales (en torno a los 40 millones de euros). Si algún año la reina recibe más dinero del que necesita, el excedente se destinará a reservas. Si las reservas superan el 50% del Sovereign Grant, el porcentaje que se le paga a la reina se reducirá lo necesario para ajustar las cifras.

El nuevo sistema lleva aparejada la introducción de un control mucho más exigente de las cuentas de la monarquía británica, que serán auditadas por el Controlador y Auditor General y sometidas también a inspección plena por parte de la Oficina Nacional de Auditoría y de la Comisión de Cuentas Públicas de los Comunes.

Eso significa que, por primera vez, los más altos cargos al servicio de la reina comparecerán en el parlamento para explicar los gastos del monarca y responder a las preguntas de los diputados, según el diario The Independent. Figuras como el Keeper of the Privy Purse (en la práctica, el tesorero de la reina), sir Alan Reid, o el secretario privado de Isabel II, sir Christopher Geidt, deberán dar detalles de los gastos del monarca y razonar si el dinero público que ha recibido se gasta como es debido y si se podría o no aumentar los ingresos. No solo deberán detallar el destino de los dineros, sino dar explicaciones sobre si se podía o no abaratar el coste de los ágapes que cada año concede el monarca; si este podía o no haber viajado de forma más económica; si vale la pena o no abrir las puertas del palacio de Buckingham a los visitantes en invierno y no solo en verano como hasta ahora; o si Isabel II debería también abrir al público palacios que ahora permanecen cerrados todo el año, como los de Balmoral o Sandringham.

“Es perfectamente razonable que el Parlamento examine el gasto en áreas como los palacios reales, los banquetes de Estado y los servicios postales. Pero no sería razonable examinar los ingresos y gastos privados de la reina o si le gustan más las galletas con chocolate o al natural”, ha puntualizado en declaraciones al Independent el diputado conservador Jacob Rees Mogg.