Otegi y los demás

El principal partido de la izquierda abertzale, Sortu, trata de convencer a los etarras que siguen en prisión —unos 400 de los 750 que lo estaban hasta el cese de la violencia, en 2011— de que acaten las vías legales para acelerar su excarcelación. Es decir, que desistan de su ensoñación de que saldrán por efecto de una negociación con el Gobierno sobre las consecuencias del conflicto, que en la práctica equivale a un trueque de entrega de las armas por retirada de las fuerzas de seguridad del territorio vasco y amnistía.

Predicando con el ejemplo, 35 dirigentes de las distintas marcas de la izquierda abertzale juzgados por integración en ETA —con peticiones de hasta 10 años— han pactado con el tribunal una reducción sustancial de las mismas —que en la práctica supondrá su no entrada en prisión por ser inferiores a dos años— a cambio de un reconocimiento por escrito de haber sido “instrumentalizados por ETA” y asumiendo “como contribución a la reparación a las víctimas su compromiso de renuncia a cualquier actividad relacionada con la violencia”.

Esto ocurre al comienzo de un año con elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que la izquierda abertzale se enfrenta a una competencia reforzada: de la disidencia interna, que le reprocha falta de combatividad en la reclamación de la amnistía, precisamente; pero también de la izquierda radical encarnada en Podemos, que ha sido la fuerza más votada en Euskadi el 20-D y que ha conseguido neutralizar las resistencias del votante nacionalista con su asunción programática del derecho a decidir.

EH-Bildu se verá favorecida por el carácter autonómico de las elecciones, pero sobre todo por la probable presencia en la campaña del secretario general de Sortu y líder de esta corriente, Arnaldo Otegi, que sale de prisión a finales de marzo, y que estaría disponible para ser candidato electoral —lo que en la práctica supondría ser aspirante a lehendakari—. Hipótesis no del todo descartable tras los seis años y medio de cárcel que habrá cumplido desde su detención, acusado de pertenencia a ETA por intentar refundar la antigua Batasuna por orden de la banda.

Acusación que el tiempo ha tornado inverosímil. No solo porque ETA haya dejado de matar, sino porque lo que entonces era una hipótesis sin demostrar —que el abandono de las armas era definitivo— es hoy una realidad no discutida. También sabemos ahora que la iniciativa de refundación de Batasuna era inseparable del abandono del terrorismo. Y sería absurdo suponer que ETA había ordenado a su brazo político que le obligase a ese abandono.

Aunque la justicia rebajó la pena de diez a seis años y medio admitiendo que no era dirigente, se mantuvo la acusación de pertenencia a banda armada, negándosele el amparo solicitado. Esto ha reforzado la imagen de Otegi, lo que tendrá efecto electoral. Especialmente si es capaz de hacer lo que otras veces ha amagado y ahora han hecho por una vía algo complicada los 35 dirigentes juzgados estas últimas semanas: reconocer el mal causado, pedir perdón a las víctimas y admitir que no había causa alguna que justificase tantos asesinatos que su partido avaló.