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Casi 1.400 personas acampan frente a la sede de la delegación del Gobierno. Y solo abandonan el lugar 18 días después, cuando consiguen su objetivo: que la jefa local sea suspendida e investigada por supuesta corrupción. La movilización —sin precedentes en el país— la protagonizan pequeños agricultores de aldeas del centro de Malawi, un pequeño (para los estándares del continente) Estado del sudeste de África que aparece a la cola de casi todos los indicadores de desarrollo. Los concentrados defienden sus derechos sobre las tierras de las que viven —que les iban a ser expropiadas— o al menos transparencia en el proceso, y una compensación.

"Las cosas han cambiado. Ahora sentimos que podemos tomar parte en las decisiones". Muhammad Chingomanje, de 36 años, sonríe tímidamente, como los buenos estudiantes, rodeado de sus vecinos bajo la sombra de un manduro, un árbol también conocido en inglés como torchwood (literalmente, madera para antorchas) por sus cualidades para prender. Bajo ese mismo árbol prendió la mecha que llevó a los vecinos de Ndembo y otras aldeas bajo la autoridad tradicional de Kuluunda, en el centro de Malawi, a rebelarse para defender sus derechos sobre el terreno que cultivan.

En este país de unos 17 millones de habitantes, el 89% de la población depende directamente de la agricultura para subsistir. Chingomanje y todos sus vecinos en esta zona rural a apenas cinco kilómetros del enorme lago Malawi viven del cultivo de productos como el arroz o la yuca. Como la mitad de los hogares rurales del país, trabajan trozos de tierra de menos de una hectárea que no son suyos. El derecho a utilizarlos —que no la propiedad— se lo otorga, de acuerdo con la costumbre, la autoridad tradicional a través del jefe del pueblo.

Sin apenas legislación sobre la propiedad y tenencia de la tierra (la vigente, como tantas regulaciones agrícolas en el país, data de los sesenta), los derechos de los pequeños agricultores malauís quedaban desprotegidos y en manos de los líderes locales. Desde hace 18 años ha habido distintos intentos de establecer una normativa clara, con registros de la propiedad y tribunales donde ejercer los derechos. El último intento culminó con un paquete de 11 leyes que se aprobó en 2013, pero la entonces presidenta Joyce Banda no dio el visto bueno presidencial ante las protestas de los jefes tradicionales y las reservas de otros colectivos, como los que defienden la igualdad de género en el acceso a la tierra.

Porque "mujeres y huérfanos son los más vulnerables" ante los abusos, señala Fletcher Simwaka, miembro de la ONG local CHRR y responsable de un proyecto impulsado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para formar a los agricultores y pescadores malauís en sus derechos y la forma de hacerlos valer.

En los últimos años, como ocurre en otros países de la región, se han producido casos de "apropiación de terrenos" por parte de grandes inversores sin que quienes los trabajaban recibieran compensación alguna ni pudieran acceder a la justicia, tal y como señala un informe de la Coalición Internacional de Tierras (ILC), una alianza de ONG y agencias intergubernamentales. Algo así iba a ocurrir en Kuluunda, una comunidad de pueblos de unas 19.000 personas en la que se iban a expropiar casi 3.500 hectáreas dentro del programa del Cinturón Verde (Green Belt Initiative).

Para un país continuamente azotado por la sequía, el plan —lanzado en 2009— consiste en ofrecer tierras en un radio de 20 kilómetros desde los tres lagos y 13 ríos del país a inversores (locales y extranjeros) que se comprometan a montar sistemas de regadío. "Son las tierras en las que trabajaban nuestros padres y abuelos. Allí cultivamos, obtenemos materiales para construir nuestras casas y madera para cocinar", explica Chingomanje.

Los habitantes de la zona empezaron a escuchar la historia de boca de algunos de los jefes menores, sometidos al mando de Bibi Kuluunda, la autoridad tradicional. "Somos gente corriente, al principio no sabíamos qué pasaba". Pero los talleres y cursos sobre sus derechos habían dado forma a grupos vecinales como el de Ndembo, que empezaron a hacerse preguntas. En principio, las tierras iban a ir a parar a una empresa de frutas y zumos, que compensaría por su obtención.

"Pero solo se reunían con los jefes, y los demás no nos enterábamos de lo que iban acordando", se queja Chingomanje. Cuando supieron que algunos jefes tenían recibos por valor de 150.000 kwachas (unos 192 euros), decidieron tomar medidas. Grupos como el suyo pidieron ayuda a los formadores como Fletcher Simwaka, que les aconsejaron organizarse y sugerir a los líderes locales que no aceptaran ningún dinero. Algunos les hicieron caso. Otros no.

La necesidad de información y apoyo es grande. "Agricultores como los de Kuluunda no tenían medios para afrontar el problema, ni tampoco para contratar a un abogado", explica Simwaka. En casos más extremos de beneficiarios de estos programas, la queja es que ni siquiera tenían acceso a las leyes para consultarlas o que jamás habían visto un ejemplar de la Constitución del país. Pero la formación sobre sus derechos, el apoyo legal y las reuniones bajo el manduro dieron sus frutos. Tras obtener un mandamiento judicial a su favor en enero, el 15 de febrero celebraron una primera manifestación de protesta, exigiendo transparencia.

En los últimos años se han producido casos de "apropiación de terrenos" por grandes inversores

Como no obtuvieron una respuesta satisfactoria, el 18 de abril marcharon hasta Salima (a unos 12 kilómetros), donde se encuentra la oficina gubernamental del distrito. Se plantaron allí para celebrar una vigilia hasta que les escucharan. El ruido generado hizo que dos días después acudieran en persona al lugar dos ministros —el de Justicia y el de Tierras— que les prometieron atender su caso. Pero ellos no estaban dispuestos a moverse hasta ver a la líder tradicional de Kuluunda destituida y una investigación oficial sobre las compensaciones abierta.

Finalmente, el 5 de mayo el presidente Peter Mutharika (cuyo hermano ocupó el puesto hasta su fallecimiento en 2012) decidió abrir una investigación en la que participarían tres de los jefes locales que decidieron no aceptar el dinero, además de la agencia anticorrupción. Aún no se conocen las conclusiones. Pero los manifestantes sí obtuvieron un resultado inmediato: Mutharika expulsó de su trono a la jefa que había regido los designios de la zona durante 20 años, acusada de cobrar dinero que no le correspondía por las tierras en las que trabajaban sus súbditos. Ya no les representa.

“Queremos que todos los líderes locales tomen nota de lo que ha ocurrido aquí”, comenta Chingomanje. “Antes las cosas se hacían bajo mano, ahora los jefes saben que la gente tiene que estar informada”, se felicita. Eso es así porque ellos, por su parte, saben que tienen derecho a que se les tenga al tanto. Y a no ser despojados de sus tierras sin contemplaciones.

No solo tierras

La labor de concienciación en Malawi no se limita solo a los derechos de los agricultores sobre sus tierras de labor. También beneficia a grupos de pescadores y las aguas en las que faenan. El 20% de la superficie del país corresponde al lago que le da nombre, de donde se obtienen distintas especies, como la tilapia, que son el medio de vida de muchas comunidades vecinas.

En el mismo distrito de Salima, un grupo de habitantes de la aldea de Maganga formó otro grupo para defender sus derechos bajo el nombre de Foro Ciudadano de Maganga. Las aguas entre unos islotes cercanos, en los que sus antepasados llevaban pescando "desde tiempos inmemoriales", según su portavoz Haroon Chapola, fueron declaradas parque natural protegido en los ochenta.

Miembros de esta comunidad siguieron pescando allí, hasta que hace un par de años las autoridades se lo prohibieron. De nuevo con asistencia de las organizaciones implicadas en el proyecto, consiguieron conocer sus derechos y, cuando varios pescadores fueron arrestados, marcharon hasta el delegado del distrito para elevar su protesta. "Necesitábamos información para poder protegernos", indica el portavoz de la asociación.

Tras varias discusiones, se les ha permitido seguir pescando en la zona con algunas normas. Por ejemplo, no pueden cortar árboles con los que hacer fuego para secar el pescado que capturan. "Pero nosotros siempre hemos cuidado de la zona, es nuestro medio de vida", asegura Chapola.