36 años buscando a su hermano mellizo: “Es como vivir entre la noche y la niebla”

El hombre con barba cubierta de canas espera en una estación que para muchos es desconocida. La voz es frágil, sus piernas firmes. El cielo es brumoso y hace frío. Desde este lugar solitario, Iván Darío Mejía Toro, de 63 años, intenta tejer una historia difícil de reconstruir. Busca a su hermano mellizo, José Gabriel Mejía Toro, desaparecido desde 1986. “Es como recorrer un camino que uno no conoce, a partir de pistas”, dice. El mapa que lo guía es...

El hombre con barba cubierta de canas espera en una estación que para muchos es desconocida. La voz es frágil, sus piernas firmes. El cielo es brumoso y hace frío. Desde este lugar solitario, Iván Darío Mejía Toro, de 63 años, intenta tejer una historia difícil de reconstruir. Busca a su hermano mellizo, José Gabriel Mejía Toro, desaparecido desde 1986. “Es como recorrer un camino que uno no conoce, a partir de pistas”, dice. El mapa que lo guía está trazado entre fechas, lugares y nombres que ha registrado con detalle en una libreta.

“Desaparecido líder estudiantil de Antioquia”, “La Universidad de Antioquia reacciona por desaparición de estudiante”, “Vivos se los llevaron, vivos los exigimos”, titulaba la prensa de Colombia hace más de 30 años sobre la desaparición del estudiante de noveno semestre de Ciencias Económicas. Su hermano, Iván Darío, conserva casi intactos los recortes de periódico.

También guarda imágenes de José Gabriel, un hombre mestizo de contextura delgada, de 1,77 metros de estatura, barbado y con cabello liso y negro a la altura de los hombros. Familiares y amigos recorrieron entonces calles y plazoletas exponiendo su fotografía en Bogotá y Medellín. “¿Cómo se llama al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro”, decía uno de los mensajes que acompañaba las incansables movilizaciones de búsqueda.

José Gabriel Mejía Toro tenía 26 años cuando no se volvió a saber de él. Además de líder estudiantil, era miembro de la dirección nacional del movimiento político Camilo Torres, nombre del sacerdote católico y cofundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional, que murió como miembro de la guerrilla del ELN en 1966. Mejía Toro además formaba parte del comité regional de verificación y diálogo de Antioquia. En la época se gestaban diálogos de paz entre el gobierno y el M-19 que se frenaron tras la trágica toma del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985. Las negociaciones se retomaron pocos años después y ayudaron a gestar la Constitución de 1991 y un camino democrático de difícil recorrido para los exintegrantes de la antigua guerrilla, entre ellos el actual presidente, Gustavo Petro.

Como estudiante de bachillerato en una escuela de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), José Gabriel estuvo vinculado a Almatá, un grupo de jóvenes católicos dedicado a acciones sociales. Los mellizos se graduaron juntos de secundaria. En el año siguiente, el joven que después desaparecería trabajó con campesinos en una vereda de Antioquia, mientras Iván Darío prestaba servicio militar en Bogotá.

Luego regresaron al hogar de su madre para seguir la vida de universitarios: José Gabriel como estudiante de Economía en la Universidad de Antioquia e Iván Darío, de Arquitectura, en la UPB. La violencia y amenazas ligadas al narcotráfico afligían a la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo eran “los años maravillosos”, recuerda el segundo. “Escuchábamos salsa de Rubén Blades, leíamos a Cortázar y escribíamos poesía”, evoca. “Vamos a vivir la risa y a reír la vida”, era una frase frecuente de su hermano, recordado por amigos como un hombre carismático, buen lector y regular jugador de fútbol.

El 5 de febrero de 1986, José Gabriel viajó en bus a Bogotá. Le dijo a su madre, Eugenia Toro, que estaría tres o cuatro días fuera de Medellín. Lo único que llegó, pasado ese tiempo, fue una llamada de un compañero del movimiento que le reportó a la familia que el joven no aparecía. La última comunicación conocida fue la que tuvo por teléfono con un amigo para avisarle que no alcanzaría a llegar a un acto de la candidatura del médico Héctor Abad Gómez a la Alcaldía de Medellín. Abad Gómez, reconocido defensor de derechos humanos, fue asesinado en 1987. Su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, plasmó su historia en El olvido que seremos.

Una herida abierta

Iván Darío Mejía Toro pasó varios años sin descanso, buscando el rastro de su hermano mellizo; no existían los celulares y mucho menos las redes sociales. Su familia tejió tres hipótesis sobre los responsables: José Gabriel pudo haber caído en manos de integrantes del frente Ricardo Franco, una sangrienta disidencia de las FARC. El estudiante desapareció junto con Danely Salas, una joven que conoció en la universidad y que había desertado de esa agrupación. La segunda es que pudieron haber sido víctimas de esa guerrilla, que también buscaba a la mujer por haber abandonado sus filas. La tercera es que organismos del Estado habrían sido los culpables.

Eso porque seguía vigente el espíritu del estatuto de seguridad, una norma que surgió a finales de los setenta y confirió facultades especiales a la fuerza pública, como la de arrestar y procesar penalmente a civiles, como respuesta a la protesta social y al auge de las guerrillas. Estos poderes de excepción derivaron en violaciones de derechos humanos como allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada y violencia sexual, según el informe de la Comisión de la Verdad.

En medio de la búsqueda, Iván Darío intentó retomar su vida. Logró el título de arquitecto, se casó y tuvo dos hijos. Su alma seguía unida a la del mellizo. “No es un número más ni un nombre más, es una vida alrededor de la cual gira un mundo”, escribió en una carta dirigida al periódico El Colombiano para evitar que José Gabriel terminara doblemente desaparecido. La historia de su hermano fue incluida en la investigación 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia ‘Hacemos Memoria’.

“Si hay algo que en todos los países ha mantenido abiertas las heridas del conflicto armado o la dictadura donde se produjeron violaciones masivas de derechos humanos ha sido el impacto de la desaparición forzada”, reseña la Comisión de la Verdad. La falta de información sobre el paradero de sus seres queridos, ha dejado a sus familiares “suspendidos en el tiempo”, precisa en su informe final.

La misma Comisión reveló que no existe certeza sobre la autoría del 54% de las desapariciones. En aquellos con datos, el 52% se atribuye a paramilitares, el 24% a las FARC, el 9% a múltiples actores y el 8% a agentes estatales. La vinculación política o social fue uno de los motivos que más justificó este crimen. Hubo víctimas por ejercer liderazgos en partidos de izquierda, en sindicatos o en la defensa de los Derechos Humanos. Antioquia es el departamento más afectado, con 28.000 víctimas.

La libreta que le sirve de guía a Iván Darío representa una nueva luz en el camino. Lleva la imagen de la Comisión de la Verdad, uno de los componentes del Sistema Integral para la Paz, constituido tras los acuerdos de paz de 2016. De esta red de instituciones forman parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga a los principales responsables del conflicto armado, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2018 por un término de 20 años. “Antes no había con quién hablar”, dice Mejía Toro, después de haber pasado años recorriendo hospitales, brigadas militares y un sinnúmero de entidades en busca de su hermano. “Desaparecer no puede ser un verbo sin regreso. Puede haber personas que todavía tengan información”, asegura.

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, explica que la desaparición forzada es un delito permanente porque a la víctima la desaparecen todos los días. “Es brutal porque en lugar de aterrorizar se ha llevado a la normalización”, le dijo recientemente a EL PAÍS. Desde su creación, la unidad ha entregado los restos de 155 desaparecidos a sus familiares, y ha encontrado a ocho personas vivas. Todavía hay 90.088 personas desaparecidas.

“Los desaparecidos también son parte de Colombia”, recordó la Comisión de la Verdad, que incluyó entre sus recomendaciones la de garantizar la búsqueda como una prioridad que comprometa al Estado. Para ello, es necesario, por ejemplo, cotejar de los restos ya existentes de cerca de 25.000 personas. “Este debe ser un pilar fundamental de las políticas para poder cerrar las heridas”, afirma Iván Darío. Tanto a él como a su madre, de 93 años, les tomaron hace un mes una muestra de ADN, que ahora figura en un banco de perfiles genéticos a la espera de nuevos indicios sobre José Gabriel.

Han pasado más de 36 años desde la desaparición de su mellizo. Iván Darío continúa en la que describe como una estación entre la noche y la niebla, la forma como se conocían también las prácticas de represión en el régimen nazi. “Es un espacio en el que no logras discernir nada, no logras ver nada”, explica. “Es algo que para mucha gente parece sacado de la ficción, pero es real. Necesitamos cerrar el círculo abierto de la incertidumbre para que este pasajero, que está en la estación de la espera, pueda abordar el tren que lo lleve a la estación de la verdad”, concluye con las fotografías a blanco y negro de su hermano sobre la mesa de una cafetería en Medellín.

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