Cinco de los voceros del Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada tienen procesos judiciales en otros países

La lista de 16 representantes que presentaron el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ASN) para negociar con el Gobierno incluye a cinco personas con procesos penales abiertos en otros países, según ha informado este miércoles el periódico El Tiempo. Cuatro de ellos enfrentan solicitudes de extradición de Estados Unidos, mientras que uno fue capturado en España. Para el Gobierno, es prioritario que se suspendan las órden...

La lista de 16 representantes que presentaron el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ASN) para negociar con el Gobierno incluye a cinco personas con procesos penales abiertos en otros países, según ha informado este miércoles el periódico El Tiempo. Cuatro de ellos enfrentan solicitudes de extradición de Estados Unidos, mientras que uno fue capturado en España. Para el Gobierno, es prioritario que se suspendan las órdenes de captura de los 16 para poder negociar el sometimiento a la justicia de ambos grupos. No obstante, la Fiscalía General de la Nación mantiene su negativa a ello.

La vicefiscal, Martha Mancera, argumenta que no pueden levantar las órdenes de captura porque ambos grupos pertenecen al crimen organizado y no tienen un estatus político. Por ello, argumenta que no pueden participar en una negociación de paz como la que hubo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o la que inicia con el Ejército de Liberación Nacional. En su lugar deben someterse a la justicia, una figura contemplada en la ley de la paz total en la que el Gobierno puede negociar beneficios judiciales a cambio de información. El problema es que el Congreso aún no ha reglamentado el sometimiento. “No existe un marco normativo”, dictaminó Mancera en una respuesta al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

El fiscal general, Francisco Barbosa, argumentó la semana pasada en Blu Radio que estos casos son distintos a los de las disidencias de las FARC y que no hay condiciones constitucionales para suspender las órdenes de captura. “Yo no voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados”.

El Gobierno ha intentado bajar la tensión. Considera que el presidente Gustavo Petro está facultado para iniciar los procesos gracias a la ley de la paz total, pero ha expresado su predisposición al diálogo. Petro escribió en Twitter hace unos días que tuvo una conversación telefónica con el fiscal y que este “tiene razón” en algunos temas. “Conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”, comentó. Después, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, aclaró que no se solicitará la suspensión de ordenes de captura en caso de que haya pedidos de extradición, algo que preocupa al fiscal por temor a incurrir en un delito en Estados Unidos.

Los negociadores incluyen a ocho miembros del Clan del Golfo y a ocho de las ASN. De el Clan, la lista la encabeza Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que asumió el liderazgo del primer grupo tras la captura del extraditado Otoniel y tiene procesos judiciales abiertos en Estados Unidos. Este miércoles, justamente, Otoniel aceptó cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Por el lado de las ASN, el primero de la lista es Fredy Castillo Carrillo, señalado como líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada y capturado en España a principios del año pasado. Ambos hicieron parte de grupos paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz del Gobierno de Álvaro Uribe.

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