La Pista, un refugio para los venezolanos en medio del desierto

Como muchos migrantes que cruzaron de Venezuela a Colombia por el paso de Paraguachón, Evelyn Cruz durmió en la calle cuando llegó hace ya seis años a Maicao, en La Guajira. “Al principio me dio duro”, concede esta caraqueña de 38 años, que enviudó a su llegada y enterró como pudo a su esposo de este lado de la frontera. En Caracas “ya no aguantaba más”, cuenta sin amargura. “Me fui parando poco a poco con el reciclaje, pagué arriendo, pero me hablaron de La Pista y me vine para acá. Hice mi ranchito y fui comprando lamina por lamina”, relata desde su hogar, salpicado de todo tipo de objetos r...

Como muchos migrantes que cruzaron de Venezuela a Colombia por el paso de Paraguachón, Evelyn Cruz durmió en la calle cuando llegó hace ya seis años a Maicao, en La Guajira. “Al principio me dio duro”, concede esta caraqueña de 38 años, que enviudó a su llegada y enterró como pudo a su esposo de este lado de la frontera. En Caracas “ya no aguantaba más”, cuenta sin amargura. “Me fui parando poco a poco con el reciclaje, pagué arriendo, pero me hablaron de La Pista y me vine para acá. Hice mi ranchito y fui comprando lamina por lamina”, relata desde su hogar, salpicado de todo tipo de objetos reutilizados, en uno de los mayores asentamientos informales de América Latina. Poco a poco fueron aterrizando también cinco de sus siete hijos y su pequeña nieta. “Salí adelante, con la ayuda que nos han brindado no todo ha sido tristeza”, dice con optimismo. “Regresar no lo veo. Mis hijos ya lo tienen todo aquí”.

El sol es inclemente. Un niño eleva una cometa rosa que se pierde a la vista en ese círculo resplandeciente. Aunque la vulnerabilidad de las cerca de 13.000 personas que viven en la que fue la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto salta a la vista, se esmeran en exhibir su resiliencia. Ya no es un lugar tan peligroso como la reputación que lo precede, aseguran. Cada rancho, muchos levantados apenas con láminas de cartón o zinc, tiene un número y pertenece a una de sus 12 manzanas. Y cada manzana tiene un líder y un “enramado” que hace las veces de salón comunitario. El agua ―de dudosa calidad― la compran a los repartidores que la llevan en carretillas arrastradas por burros, los aguaeburro. A diferencia de otros asentamientos en terrenos privados, La Pista era un lote abandonado hace décadas por la Alcaldía. Sus habitantes son migrantes venezolanos, retornados colombianos e indígenas wayuu, un pueblo binacional.

“Me siento bien aquí en Colombia, para la educación de los niños tengo más apoyo”, apunta Lexida Larreal, una wayuu venezolana de 41 años, madre de seis niños, que llegó hace tres años desde el estado Zulia. “El carnet que dieron nos cambió la vida”, explica en alusión al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, en marcha desde 2021. Las lideresas de la comunidad, reunidas en el enramado, coinciden en valorar ese hito que, ahora sí, les permite recibir atención médica.

Como Evelyn y Lexida, casi tres millones de venezolanos se han asentado en los últimos años en Colombia, empujados por la crisis política, social y económica del país vecino. Muchos han atravesado páramos y montañas, a menudo a pie, pero los que han cruzado Paraguachón se enfrentan a las condiciones inhóspitas del desierto. En ese espacio estrecho y caótico convergen tractomulas, mototaxis y carretilleros que conviven con cambistas, vendedores de tinto o de empanadas. También abundan las trochas, o pasos informales, bajo el control de grupos criminales. El 45% de los venezolanos que ingresaron a Colombia por Paraguachón en 2022 siguieron con rumbo a Bogotá, mientras un 40% fue a otras ciudades de la región, especialmente Barranquilla, la gran urbe del Caribe, y Maicao.

“Hemos detectado que las salidas siguen siendo muy altas desde Venezuela hacia Colombia, y sigue presentándose población vulnerable, sobre todo mujeres, cabezas de hogar, con alrededor de tres o cuatro niños, que deciden salir para buscar una respuesta a sus necesidades”, explica Alejandra Castellanos, la encargada de la oficina en Maicao de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Los dos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, porosa, que a esta altura se diluye por completo. En La Guajira ya viven 180.000 venezolanos, 80.000 de ellos en este municipio fronterizo.

Las ‘casitas noruegas’

Para llegar a Maicao hay que darle la espalda al mar y recorrer los 78 kilómetros que la separan de Riohacha, la capital departamental. Otros 12 kilómetros más allá está Paraguachón ―y a un par de horas después, Maracaibo, una de las ciudades más golpeadas por la crisis venezolana―. La carretera, en línea recta, atraviesa la península, el trozo de Colombia más al norte de Sudamérica, y corta un paisaje seco, con árboles de trupillo y cardones ―una especie de cactus― a ambos lados del camino. La Guajira, donde escasea el agua y abunda la pobreza, es el departamento con mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas ―a pesar de recibir millonarias regalías por el petróleo y el carbón―.

En un momento, familias enteras dormían en las calles y los parques de Maicao. Ante la crisis, Acnur levantó en 2019 el primer Centro de Atención Integral (CAI) para migrantes venezolanos, retornados colombianos e indígenas wayuu que necesitaban comida y techo ―además de ofrecer otros servicios como salud, educación y asistencia legal―. Con una pandemia de por medio, la pequeña ciudadela atendió en tres años a más de 10.000 personas, pero a mediados de 2022 la respuesta humanitaria cambió para concentrarse en integrar a esa población en las comunidades de acogida.

El CAI alcanzó a sumar más de 200 unidades de vivienda para refugiados (RHU, por sus siglas en inglés). La mitad de esa infraestructura se mantiene instalada para responder a una eventual emergencia, pero otro centenar de unidades se trasladó para beneficiar a familias refugiadas, migrantes y desplazadas. Seis de esas RHU sirven ahora como las flamantes aulas del colegio Pueblito Wayuu, una de las 12 instituciones en zonas rurales de Maicao que acostumbraban a dar clase a la intemperie hasta que recibieron esas estructuras.

Ender Fernández, wayuu venezolano de 33 años dedicado a la panadería, padre de cuatro de los alumnos, las llama “las casitas noruegas”. Con sus manos ayudó a instalarlas en el colegio, después de haber habitado una por más de un mes durante su paso por el CAI. “Decidí migrar por la educación de los niños, todo estaba muy inestable”, relata. “Ya tenemos otra cara. Ha llovido y no nos mojamos”, celebra Érika Enríquez, profesora de primaria, instantes después de haber concluido la clase de matemáticas para una veintena de niños de quinto grado.

Otra de las casitas se encuentra en la sede de Un corazón sin fronteras, de la comunidad marista, cuyo patio da directamente a La Pista. Kenia Navas, ella misma una migrante venezolana, dirige desde hace cuatro años el proyecto que atiende niños con refuerzos escolares, actividades artísticas y culturales. Han censado más de 3.000 familias. “La Pista tiene muchos dolientes”, explica en alusión a la presencia de ONG y agencias de la ONU, más de 30 organizaciones de cooperación. Es un asentamiento impactante debido a que, además de sus dimensiones, la miseria es muy notoria, señala. “No hay agua potable, no tienen ningún tipo de servicio, la luz es robada, cuando llueve se rebosan las aguas negras… es un sinfín de situaciones. Da rabia por los niños, que son los que más sufren”.

Maicao sabe de migraciones. Ha recibido distintas oleadas de libaneses, sirios y palestinos, como atestigua una de las mezquitas más grandes de América Latina, con un minarete de 31 metros de altura coronado por una media luna de cobre. La mezquita fue inaugurada en 1997, y el mármol para los pisos y baños fue traído justamente desde Venezuela. El edificio es un testimonio de las épocas de bonanza, cuando Maicao era un puerto libre famoso por su comercio. El alcalde, Mohamad Dasuki, de ascendencia árabe, se ha comprometido a no sacar a las malas a los habitantes La Pista. Pero su mandato concluye con este año electoral. En la región hay más de medio centenar de asentamientos informales, y todos se debaten, como La Pista, entre la expectativa de que los legalicen y el temor a un desalojo inesperado.

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