Mancuso y Uribe, una vieja historia de acusaciones con riesgo de subir de tono

A comienzos de siglo, Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso vivían su cúspide mediática y de poder. El primero había ganado las elecciones presidenciales de 2002 con el 54,5% de los votos —hasta entonces récord sin precedentes, que él mismo superaría cuatro años después— bajo la promesa de pacificar el país, que entre 2001 y 2002 registró 3.896 secuestros extorsivos. Y el segundo era comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar compuesto por más de 15.000 hombres, que s...

A comienzos de siglo, Álvaro Uribe y Salvatore Mancuso vivían su cúspide mediática y de poder. El primero había ganado las elecciones presidenciales de 2002 con el 54,5% de los votos —hasta entonces récord sin precedentes, que él mismo superaría cuatro años después— bajo la promesa de pacificar el país, que entre 2001 y 2002 registró 3.896 secuestros extorsivos. Y el segundo era comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar compuesto por más de 15.000 hombres, que se relacionaba con empresarios, ganaderos y políticos. La actualidad de ambos es diferente. Tras dos décadas de múltiples acontecimientos, su imagen contrasta con un enérgico pasado, en el que acaparaban titulares de prensa y sus nombres estaban en boca de millones. No obstante, la justicia transicional volvió a ubicarlos en la agenda, en un episodio que puede pasar a la historia, por cuenta de unas declaraciones del exjefe paramilitar.

El pasado 17 de noviembre, Salvatore Mancuso logró ser admitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado por los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno y las extintas FARC para procesar casos graves que ocurrieron durante el conflicto armado. El exjefe paramilitar fue recibido en condición de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”, por lo que se espera que sus testimonios y pruebas se enfoquen en demostrar cómo las AUC operaron conjuntamente con la institucionalidad en su guerra contra la guerrilla. El tribunal señaló que Mancuso, en sesiones previas a su admisión, aportó “elementos presentes, efectivos, suficientes y novedosos respecto a hechos que ya se conocían o han sido investigados por la justicia colombiana”.

Mancuso ha mencionado a Uribe en varias ocasiones, pero no con la contundencia de ahora. Su ingreso a la JEP da la apariencia de que cuenta con material probatorio para sustentar sus acusaciones, lo que sería una diferencia sustancial con sus declaraciones del pasado. En 2012, ante jueces de Justicia y Paz, el sistema alternativo de penas que se creó con la desmovilización de las AUC siete años antes, el excomandante admitió que el grupo armado simpatizaba “con los planteamientos ideológicos y las políticas de Uribe”. En mayo de ese año, siendo entrevistado por Caracol Radio, manifestó que dineros de la insurgencia financiaron la reelección del entonces presidente en 2006.

Previamente, en una diligencia frente a la Corte Suprema de Justicia, en 2010, confesó que también lo apoyaron en su primera aspiración presidencial. “Nosotros para ese momento, el año 2002 e incluso desde 2001, hicimos una conferencia nacional de autodefensas donde acordamos, dentro de esa reunión de comandantes, cesar acciones con objetivos múltiples porque eso perjudicaba la campaña del presidente Uribe”. Más adelante, agregó: “Recibí directamente órdenes de mis comandantes de apoyar al presidente Uribe, candidato a la Presidencia en ese momento”. Sus palabras fueron rechazadas por el exmandatario, aunque coinciden con las declaraciones que realizó el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en 2009 ante la emisora La FM.

Pese a que las incriminaciones de Mancuso no han sido validadas aún por la justicia, en la JEP han tomado otro calibre. El excomandante de las AUC vinculó directamente a Uribe con la masacre de El Aro, perpetrada en octubre de 1997, y con el homicidio del abogado Jesús María Valle, que tuvo lugar en febrero de 1998.

El Aro es un corregimiento en Ituango (Antioquia) y la cruel matanza ocurrió a lo largo de cuatro días mientras Uribe era gobernador de ese departamento. Quince campesinos fueron asesinados. Mancuso se refirió sobre este suceso ante los magistrados de la JEP, según revelaron los portales Vorágine y Cambio. Dijo que la masacre “fue un pedido directamente también desde el gobernador Uribe, a través de Pedro Juan Moreno”, quien era su secretario de Gobierno, y que se ejecutó para desatar el miedo entre la población civil de la zona, que estaba bajo control de la guerrilla. “Uno pone en práctica no solamente un teatro de operaciones, sino la puesta en escena de un teatro de terror, así de horrible como suena (…). Usted tiene que atemorizarlos tanto que, o dejan de apoyar a la guerrilla, o se van de la zona o se enfusilan. Así de crudo como suena, entonces por eso esas operaciones eran de castigo, se imponía un terror y luego salíamos de la zona”, comentó.

Recordó Mancuso que la incursión militar se ejecutó conjuntamente entre las AUC y el Ejército, cuyos uniformados se encargaron de cercar el corregimiento para impedir el ingreso de la Cruz Roja y otras instituciones. La Gobernación de Antioquia, asegura, prestó apoyo logístico con un helicóptero. Aseveró que visitó El Ubérrimo, una finca del expresidente, en donde lo vio cara a cara. “Uribe se ha reunido conmigo. Yo me reuní con el coronel Raúl Suarez, comandante de la Policía de Córdoba, y me llevó a reunirme a la finca de Uribe, con el gobernador Uribe para aquel momento. Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”.

Aquella barbarie fue la principal causa del asesinato de Jesús María Valle, cuatro meses después, cuando Uribe había completado su periodo como gobernador. Valle, oriundo de Ituango, era defensor de derechos humanos y antes de la masacre solicitó a las autoridades, incluyendo a la Gobernación y el Ejército, que protegieran a los habitantes de la zona. Mancuso sostuvo que el expresidente estuvo involucrado en el crimen. “Pedro Juan [Moreno] pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina y a otro general que no me acuerdo en este momento”.

El homicidio, contó Mancuso, se coordinó entre Carlos Castaño, el máximo líder de las AUC en esa época, y Moreno. Las denuncias públicas de Valle, que responsabilizaban al saliente gobernador y su mano derecha por lo acontecido en El Aro, posiblemente fueron su sentencia de muerte. El ajusticiamiento se le encomendó a tres sicarios. “Pedro Juan [Moreno] llega justamente de parte de Uribe y de los generales que le estoy contando, justamente porque los estaba atacando directamente a ellos, incluso los había denunciado judicial y públicamente”. En 2006, distanciado de su antiguo jefe, Moreno falleció en un accidente aéreo junto con su hijo, mientras promovían su candidatura al Senado por el Partido Conservador.

Mancuso volvió a referirse a la financiación del paramilitarismo a la aspiración electoral de Uribe en 2002. Relató que se reunió con un directivo de la campaña en Córdoba para entregarle dinero. “Le entregué 2.000 millones de pesos para la campaña directamente. Esto no se ha contado, son cosas nuevas, peligrosas”. Y reiteró que cesaron actividades militares para no afectar a las posibilidades del entonces candidato en los comicios: “Pedro Juan Moreno llega a donde nosotros antes de las elecciones para pedirnos que no se ejecutaran acciones múltiples, masacres, porque eso estaba perjudicando a la campaña del presidente, candidato Uribe para ese momento”.

Ante las revelaciones, Uribe solicitó a la Fiscalía que se le permita dar una versión libre sobre la masacre de El Aro y el homicidio de Valle. La diligencia se programó para este lunes. En su cuenta de X —antes Twitter—, el expresidente calificó a Mancuso como un “bandido” y lo acusó de modificar sus “versiones sobre El Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC”.

Lo dicho por Mancuso puede ser el punto de inflexión en la supuesta relación de Uribe con los paramilitares o puro humo. El exjefe paramilitar ahondó en sus incriminaciones y su admisión en la JEP es un indicio de seriedad, pero falta ver qué tan convincentes son las pruebas que entregue.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.