El grito de auxilio de una mexicana tras vivir un intento de feminicidio en Colombia: “Temo por mi vida”

Valeria Casillas se niega a vivir con miedo. No quiere que la violencia que soportó y que casi la mata, la defina. Todavía con moretones, cicatrices físicas y emocionales, enfatiza que otras mujeres están en riesgo. Busca justicia, no venganza personal, subraya. En diciembre viajó desde su México natal a Colombia para pasar sus vacaciones con el hombre con quien mantenía una relación amorosa a distancia hace tres meses. Jonathan Lynn Wright es un ciudadano estadounidense, de 39 años, residente en Perei...

Valeria Casillas se niega a vivir con miedo. No quiere que la violencia que soportó y que casi la mata, la defina. Todavía con moretones, cicatrices físicas y emocionales, enfatiza que otras mujeres están en riesgo. Busca justicia, no venganza personal, subraya. En diciembre viajó desde su México natal a Colombia para pasar sus vacaciones con el hombre con quien mantenía una relación amorosa a distancia hace tres meses. Jonathan Lynn Wright es un ciudadano estadounidense, de 39 años, residente en Pereira, una ciudad ubicada a 300 kilómetros al oeste de Bogotá. Dos días después de haber aterrizado, el idilio se volvió una pesadilla.

Casillas cuenta que la violencia de Wright empezó con comentarios posesivos que escalaron a ataques gordofóbicos. A la violencia verbal le siguió la ira y, después, una golpiza. “Me golpeó varias veces contra la pared, en el rostro, hasta que me dio un puñetazo tan fuerte que me tiró al piso”, cuenta la joven de 29 años. Una vez en el suelo, Casillas recuerda que recibió patadas en la espalda. “En un punto pensé que si recibía un puño más, iba a morir”, cuenta Valeria, todavía afectada. Su agresor se acercó a corroborar si la mujer aún respiraba, detalla la víctima. Al notar que seguía con vida, aprovechó para empujarla fuera del lugar. “Lárgate de mi casa. Eres una gorda, me das asco”, le gritaba mientras le lanzaba sus cosas por la puerta.

Con la cara ensangrentada, desorientada y sin su pasaporte, Casillas cuenta que se quedó en la calle. Unos transeúntes llamaron a la patrulla púrpura de la policía (un equipo especializado en atender casos de violencia de género) y esta la llevó a la Clínica Los Rosales. EL PAÍS ha tenido acceso a su historia clínica, en la que se describe que Valeria ingresó con politraumatismos, esguince de tobillo y una herida en el cráneo, que le cerraron con cinco puntos. Desde la cama del hospital, la fotógrafa de profesión pidió auxilio a su familia en México. Su madre alertó al consulado mexicano en Bogotá, que estuvo en contacto con Valeria por teléfono. “Estaba en estado de ansiedad, paranoia, miedo, frustración...”, recuerda la mujer.

Antes de irse, todavía no sabe con qué fuerzas, Valeria denunció a su agresor en la Fiscalía. La Policía logró recuperar su pasaporte de las manos de Wright y la mujer voló de emergencia a su país el 29 de diciembre gracias a un boleto que le compró su madre. Volvió a su hogar maltrecha, pero convencida de que había escapado de la muerte. Una oportunidad que no tuvieron 403 mujeres en Colombia y 827 en México, todas ellas víctimas de feminicidio en 2023.

El acoso de Wright continuó después de la agresión. Casillas explica que ha seguido recibiendo mensajes en el celular y amenazas veladas. “Me escribía diciéndome que me lo merecía porque estaba gorda. Que me quería y que me había dado una oportunidad, pero que no podía con mi estado físico actual”.

El caso de Valeria es la prueba de que la violencia machista no entiende de fronteras ni nacionalidades. Solo una de cada 10 mujeres se atreven a denunciar tanto en México como en Colombia, y más del 90% de esos casos quedan en total impunidad. Las víctimas saben que denunciar es un camino tortuoso que puede llevarles meses, incluso años. En muchas ocasiones, estas mujeres no solo deben enfrentarse a sus maltratadores, también a unas autoridades y un sistema de justicia que las castiga y las vulnera.

Aunque Casillas puso la denuncia por intento de feminicidio, también conocido como ‘feminicidio en grado de tentativa’, la Fiscalía clasificó el caso como violencia familiar, un delito con penas mucho más bajas. Sumado a lo anterior, la justicia colombiana le exigía que regresara para asistir a las audiencias de manera presencial. Durante tres semanas, sin noticias de su caso, se dedicó a pedir ayuda a la secretaria de Relaciones Exteriores de su país, Alicia Bárcena.

A través de redes sociales, la canciller vio las imágenes de una mujer con la cara llena de golpes, pidiendo su ayuda. “Me encuentro desesperada. Fui víctima de un intento de feminicidio estando de visita en Colombia por parte de un estadounidense residente en ese país. Por favor, ayuda”, escribió Casillas en la red social X. Su mensaje fue visto por más de dos millones de personas. La canciller solicitó a la directora general de Protección Consular que atendiera su caso y reiteró su disposición de apoyarla. Tras una entrevista en la televisión mexicana, las autoridades empezaron a dar seguimiento al caso. “Ese día empecé a sentir el apoyo de las autoridades, la embajada está en comunicación conmigo y con los que estoy batallando un poco es con las autoridades en Colombia”. Este periódico se puso en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no obtuvo respuesta a su solicitud.

Sin tener información clara y precisa de los avances de su denuncia en Colombia, cuando le anunciaron la audiencia de imputación de cargos, solicitó que se hiciera de manera virtual. Apenas 48 horas antes del encuentro, conoció al abogado de oficio de la Defensoría que le había sido asignado, y no tuvo tiempo de hablar con él antes de la audiencia. Casillas reclama que, así, su apoderado no conocía los detalles del caso. Este periódico se comunicó con el abogado en mención, quien se abstuvo de dar información remitiendo ese trámite a la Fiscalía. Esta última no cuenta con canales eficaces para proporcionar más datos que permitan saber el avance de la denuncia.

Tal y como estaba prevista, la audiencia se realizó el pasado viernes 19 de enero. Pese a que la actividad de Wright en redes sociales indica que continúa en Pereira, el hombre no se ha presentado alegando que no se encontraba en la ciudad.

Gracias a la Ley 1257 del 2008, en Colombia ningún operador de justicia puede obligar a una mujer a enfrentarse a su agresor si esa no es su voluntad. “Es un derecho que ha reiterado la Corte Constitucional en varias sentencias, e implica que hay que adoptar herramientas que ya tiene el sistema de justicia para garantizar la continuidad del proceso judicial, de la investigación y llegar al final con una sanción”, declara a EL PAÍS Adriana Alquichides, abogada experta en violencia de género.

Wright nunca fue detenido tras la agresión, pese a las pruebas en su contra y el hostigamiento a la víctima. Casillas asegura que no es la primera vez que su agresor es denunciado por violencia contra las mujeres. El hombre fue condenado en 2009 por posesión de cocaína y cumplió una condena en Illinois (Estados Unidos), de acuerdo con documentos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico. Después de aquello vivió 10 años en México y luego se mudó a Colombia.

Por sus publicaciones en plataformas como Facebook o WhatsApp, Wright continúa con su vida, como muestran fotos que posteó solo unas horas después de la agresión. No ha sido detenido ni se le ha tomado su declaración. “Temo por mi vida, por eso no quiero volver a Colombia. Además, él también tiene permiso de residencia mexicana y tengo miedo de que haya repercusiones”, manifiesta la mujer.

En su desesperación porque su agresor huya, Casillas acudió a la embajada de Estados Unidos para pedir ayuda. Las autoridades de ese país le remitieron con la policía colombiana, argumentando que no podían hacer nada contra uno de sus ciudadanos en el extranjero. “Lo que me hizo a mí, podría hacérselo a más mujeres”, denuncia la fotógrafa.

Tras la audiencia del pasado 19 de enero, la defensa de la mujer logró reclasificar la investigación del delito como intento de feminicidio por la brutalidad de los actos y gracias a las pruebas aportadas por la víctima. Ha pasado un mes desde que la fotógrafa vivió, el que considera, uno de los episodios más dolorosos de su vida. Mientras, su agresor continúa libre.

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