La presión fiscal condiciona el gasto del Gobierno de Petro para 2025

El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado en la tarde del lunes una propuesta de aumento del 3,9% en el Presupuesto General de la Nación para el 2025. Las cuentas, cuyo techo ronda los 523 billones de pesos, exponen un reflejo ajustado de las dificultades económicas que atraviesa el país y del estrecho margen para un Ejecutivo urgido de soluciones en el ecuador de su mandato. Sobre la aprobación del desembolso, que debe pasar por el Congreso de la República, no se prevén mayores complicaciones si se tiene en cuenta que el aumento de 2023 a 2024 fue seis veces mayor, hasta alcanzar un 19%.

Factores como el crecimiento económico previsto para el próximo año, la tasa de inflación o los ingresos estatales, forman parte del marco utilizado por los responsables de Hacienda para confeccionar las previsiones. Cuentas que, según diversas instituciones, no son las mejores. Por eso más de un observador económico cuestiona a fondo el parte de tranquilidad que emitió el Gobierno en una rueda de prensa celebrada ayer lunes en la sede de Hacienda, encabezada por el viceministro general, Diego Guevara, y los directores de Crédito Público, José Roberto Acosta, y de Presupuesto, Jairo Bautista.

Los funcionarios subrayaron una vez tras otra que el proyecto de ley respeta y cumple los linderos fijados en la sacro santa regla fiscal. Pero, acto seguido, deslizaron que 12 billones del total proyectado provendrían de una nueva ley de financiamiento que viene cocinando desde hace meses el Ejecutivo. Es decir, el Gobierno de Gustavo Petro presentó unas cuentas que dan por sentado un recaudo adicional, que está sujeto a votación parlamentaria y que, lejos de ser una garantía, revive las sombras y debilidades del presupuesto elaborado para este año.

De otra parte, algunos analistas financieros han fruncido el ceño al constatar que una parte importante de los ingresos presupuestados se recuesta, como es habitual, en la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Una agencia que durante el primer trimestre de este año completó tan solo el 21,4% de la meta estipulada por recaudo en impuestos. Esa realidad fue la que, a la postre, obligó al Gobierno a fijar en el Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado en junio, y en el que revisa cada año las proyecciones de gasto oficial, un recorte presupuestal a la inversión de 51 billones de pesos en la partida de 2024 (en 2025 serán 42).

Por eso, a las debilidades estructurales de una economía que a duras penas se empieza a desperezar con señales contradictorias, se suma la desconfianza que han generado este tipo de giros drásticos del Gobierno tras tener proyecciones erradas o no concretar la presentación de los objetivos. Desde el Ejecutivo han señalado someramente que el grueso del nuevo presupuesto, como lo dicta la Constitución de 1991, será destinado a programas sociales, formación de capital humano, aseguramiento en salud o protección de la vejez. Lo anterior sin desagregar el plomizo pago de la deuda pública, que se calcula que ha subido al 6,3% del Producto Interno Bruto este año y supone uno de los grandes dolores de cabeza más serios para un Gobierno que destinará el 21,5% del presupuesto en cumplir con sus obligaciones financieras.

De acuerdo con los cálculos de crecimiento oficial, el PIB del país cerraría este año con un aumento del 1,7%. De la misma forma, el Gobierno prevé que la inflación anual terminará en 5%. Son dos registros que retratan las estrecheces económicas. “Un incremento presupuestal del 4% nominal puede significar una caída del recaudo real, dependiendo de cómo se comporte la inflación”, explica a EL PAÍS el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta. “Yo esperaría que la inflación siga cayendo, a pesar de que tuvo un freno en seco reciente, y que converjamos a una inflación cercana del 4% para el 2025″.

Lo anterior, continúa Zuleta, significa que el país estaría ante un “crecimiento nulo en el mejor de los casos”. Una coyuntura que, en su opinión, ha llevado al Gobierno a atemperar en esta ocasión el gasto público como señal de responsabilidad fiscal: “Las cifras muestran que el sector privado está en recesión y es el sector público el que está creciendo. Por eso para el año entrante la buena noticia es que el gasto público no va a crecer en términos reales”.

El académico también se muestra cauto a la hora de presagiar qué sucederá con los 12 billones del presupuesto que aún no están financiados: “Es previsible una gran reticencia parlamentaria a aprobar esta nueva ley de financiamiento. Me puedo equivocar. Pero lo que hay destacar es que el Gobierno sigue hablando de ingresos que son contingentes, al igual pasó con los planes en el pasado que se basaban en fallos judiciales que nunca llegaron. Hacer cuentas de esta forma resulta riesgoso”.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana detalla por su parte que habrá “una desaceleración en el crecimiento del gasto”. El renglón que se verá más afectado, de acuerdo con el análisis de la institución, será la inversión: “De los 523 billones, 328 corresponden a funcionamiento, 113 a deuda pública y 82 a inversión”. En términos reales, la inversión pública caerá un 16%: “Desde el observatorio hemos venido advirtiendo sobre el incremento desmesurado en el gasto de funcionamiento. Esta situación se ha agravado después de la pandemia, producto de gastos en salud y transferencias que se volvieron permanentes”. Y rematan con una advertencia: “En caso de que no se apruebe la ley de financiamiento que busca recaudar los 12 billones, es necesario que el Gobierno racionalice el gasto en funcionamiento”.

A falta de más detalles, sin embargo, desde otros sectores aún descreen que haya consistencia en el manejo de las finanzas públicas. “Es llamativo que el Ministerio de Hacienda presente un presupuesto desfinanciado, que necesite $12 billones más para cuadrar cuentas y que, al mismo tiempo, diga que no ejecutará $16 billones este año (además del recorte de 20 billones) y $24 billones el que viene”, se cuestionaba en X el profesor de economía en la Universidad de los Andes Germán Machado.

El déficit fiscal colombiano acabará el año en 5,6% del PIB, de acuerdo con las estimaciones estatales. Se trata del cuarto ejercicio en que se incumple la meta de estabilizarlo en un 4,3% del PIB. Y aunque la jerga técnica puede parecer nebulosa, el mensaje es bastante simple: en los últimos años el gasto estatal ha aumentado proporcionalmente a un paso más acelerado que los recaudos por impuestos. Un manejo que pone a temblar a los mercados internacionales y las agencias calificadoras de riesgo que atestiguan con atención la evolución de la deuda externa que este año ronda el 54,1% del PIB. La pregunta es evidente para los prestamistas del Estado colombiano, si la economía no crece y Hacienda ingresa cada vez menos: ¿qué garantías habrá a futuro para cubrir las deudas?

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