El resguardo indígena que vendió bonos de carbono sin que sus habitantes lo supieran

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El 7 de diciembre de 2022, Diana Puenguenan vio un mensaje que la alarmó. Un exgobernador del resguardo indígena de Cumbal, donde ella vive, había compartido en su estado de Whatsapp la foto de un documento legal que anunciaba el cierre de una venta de bonos de carbono en esa comunidad. “¿Alguien sabe de esto?”, preguntaba él. Esa fue la primera noticia que tuvo esta socióloga, administradora pública e indígena pasto de 25 años de que se estaba llevando a cabo un ambicioso proyecto de pago por servicios ambientales en su territorio indígena, enclavado entre páramos y volcanes en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador.

Empezó a comprender que su resguardo, una unidad con la que se organiza el territorio en Colombia, albergaba un proyecto del mercado voluntario de carbono. Se trata de un negocio que enlaza a comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos generados por un proyecto llamado REDD+ equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.

Era una iniciativa interesante para su región, que conserva unas 49.000 hectáreas de páramos, un ecosistema de alta montaña que sólo existe en un puñado de países tropicales y que es considerado estratégico por su riqueza hídrica. Había, sin embargo, un problema. Pese a que este tipo de iniciativas requieren una socialización amplia y la participación de toda la comunidad, ella sólo se enteró cuando ya era un hecho.

No sólo ella lo ignoraba. En los días siguientes, varios compañeros que, como Diana, eran indígenas pasto, profesionales universitarios y habitantes del resguardo de Cumbal, se declararon igual de perplejos. Formaron un grupo de trabajo para indagar más que, en las semanas siguientes y a medida en que profundizaban en sus hallazgos, se convirtió en el Colectivo Ambiental Cumbal. Desde hace cinco meses, han intentado obtener sin mucho éxito más información del proyecto. Escribieron a su gobernador, a la empresa desarrolladora y a la certificadora. Ninguno les ha respondido.

El proyecto, sin embargo, iba más avanzado de lo que ellos sabían. Impulsado por la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y por su filial colombiana SPV Business S.A.S., el Proyecto Ambiental Redd+ de Protección Pachamama Cumbal aparece registrado en la plataforma del estándar de certificación colombiano ColCX desde el 25 de mayo de 2022. Además del suyo, aglutina a otros tres resguardos indígenas vecinos y toma su nombre del vocablo incaico que significa “madre del mundo”.

Cinco meses después, el 14 de octubre, la primera cosecha de 315.000 bonos del proyecto Pachamama fue canjeada por la petrolera Chevron, según muestra la plataforma de la certificadora ColCX. En otras palabras, una empresa reclamó los resultados de conservación del resguardo de Cumbal ocho semanas antes de que muchos de sus habitantes se enteraran siquiera de la existencia del proyecto.

El caso del resguardo volcánico de Diana Puenguenan es ilustrativo de un problema más amplio: pese a su potencial para traer recursos invaluables a quienes cuidan a la madre tierra, muchos proyectos Redd+ en Colombia están siendo socializados apenas con una parte de las comunidades, no son transparentes ni rinden cuentas a la mayoría de sus beneficiarios y están propiciando fracturas sociales. El de Cumbal parece un caso extremo: hasta hoy sus habitantes no saben casi nada del proyecto que alberga su territorio colectivo y que ya ha cerrado cinco transacciones que suman casi un millón de bonos.

No es la única peculiaridad del proyecto. La empresa que lo auditó y le dio vía libre para vender bonos de carbono, Deutsche Certification Body S.A.S., fue cofundada por Bárbara Lara Escoto, quien es gerente de una de las dos empresas que promueven el proyecto Pachamama y representante legal de la otra, según muestran registros de Cámara de Comercio de las dos empresas colombianas. Su representante legal suplente de la filial colombiana SPV Business, Diana Carolina Avella Ostos, también fue representante legal de esa misma auditora hasta un mes antes de firmar el contrato con el entonces gobernador de Cumbal, según muestran actas de esa empresa. Ese doble papel muestra que quienes debían evaluar de manera independiente el proyecto en los bosques y páramos de Cumbal, no tenían tal independencia.

Estos son algunos de los hallazgos de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vacía y EL PAÍS América, y con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer. Esta colaboración hace parte de Carbono Gris, una serie periodística que viene arrojando luz sobre cómo se está dando en la práctica el mercado de carbono en América Latina.

Un proyecto nebuloso en el páramo

Desde que los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal se enteraron a inicios de diciembre del proyecto Pachamama, han ido reuniendo información a cuentagotas.

El 10 de diciembre de 2022, tres días después de que Diana Puenguenan dio el campanazo de alerta, su colega Miguel Ángel Quilismal logró conseguir un primer documento. Era una carta, fechada el 29 de junio de 2022 y con sellos de notaría, la empresa SPV Business informaba al gobernador Ponciano Yamá Chiran —distinto al que había alertado de la oferta en su estado de WhatsApp— de que tenía un “potencial comprador”, a quien no identificaba, interesado en adquirir todos los bonos que emitiera el resguardo entre enero de 2018 y mediados de 2022. En el mismo pdf había una segunda carta más escueta, en la que el entonces gobernador aceptaba la oferta comercial ese mismo día. Ese era el documento que ellos habían visto en el estado de Whatsapp del ex gobernador.

Esas dos cartas les permitieron conocer mejor las dimensiones del proyecto: abarcaba no sólo su territorio, sino también los vecinos resguardos pastos de Chiles, Panán y Mayasquer, que forman parte del mismo municipio y del mismo complejo de páramos en el Nudo de los Pastos. A Cumbal le correspondían, según el documento, poco menos de la mitad de los 1,6 millones de bonos vendidos, por ser el territorio más grande.

La noticia cundió como la niebla por este pueblo lechero a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una semana después, durante la asamblea del 18 de diciembre en que el gobernador Yamá debía rendir cuentas sobre su gestión, en la casa del cabildo llovieron preguntas sobre el proyecto Pachamama. Que explicara el acuerdo e hiciera públicos los documentos, reclamó la comunidad. “Nunca fue claro ni explicó cómo empezó el proceso. Sólo habló de las necesidades del resguardo y cómo la plata de las transferencias [del Estado colombiano] no alcanza para cubrirlas”, dice Diana Puenguenan. También recuerda que, como respuesta, les acusaron de oponerse al desarrollo y a la inversión en el bienestar de la comunidad.

Frustrados por la falta de información, al día siguiente los integrantes del colectivo redactaron un derecho de petición formal con cinco demandas y el respaldo de 270 firmas. Además de entregarlo en la casa del cabildo, lo publicaron en un activo grupo de Facebook sobre la cultura pasto que lleva Miguel Ángel Quilismal. Ese cuestionario tampoco vio respuestas pero, tres días después, un dirigente del resguardo les entregó un segundo documento. Lo hizo tras un intercambio inicialmente tenso, que se calmó cuando Miguel Ángel —ingeniero civil de 38 años que lleva una década estudiando la historia de los pastos e intentando recuperar su lengua casi extinta— le dijo que ellos, como profesionales en áreas afines a lo ambiental y cultural, podían apoyar a las autoridades para que el proyecto sea más robusto. Al final de cuentas, dijeron, el resguardo de 23.000 habitantes tiene entre 400 y 600 profesionales universitarios. Sólo entre los integrantes del colectivo, hay ingenieros ambientales, abogados y geógrafos.

Ese segundo documento resultó siendo el contrato de mandato que había firmado, el 5 abril de 2022, el entonces gobernador Ponciano Yamá con la empresa SPV Business para “originar un proyecto de reducción de emisiones derivado de la evitación de la deforestación y degradación de bosques, de tipo Redd+, a ser implementado en la totalidad de la extensión del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal”. El documento legal, notariado en Bogotá, describe algunos de los términos del acuerdo: durará 30 años —prorrogables hasta un siglo— y sus ingresos se dividirán entre los promotores, correspondiendo el 60% a los cuatro resguardos indígenas y un 40% al desarrollador.

Con el cambio de año llegó también un nuevo gobernador, pero pocos detalles sobre el nebuloso proyecto de carbono o en qué se ha invertido el dinero que trajo. Ante la reiterada falta de respuestas, desde finales de enero y durante dos meses, los miembros del colectivo organizaron reuniones informativas en ocho de las nueve veredas rurales que conforman el resguardo. “Nos dimos cuenta que en ninguna vereda fue socializado”, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 31 años y otro de los fundadores del Colectivo Ambiental Cumbal.

Ni el anterior gobernador Ponciano Yamá —que firmó el contrato— ni su sucesor Héctor Villacriz —que lo está ejecutando— respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza periodística sobre el proyecto y en qué se están invirtiendo los recursos que ha dejado.

Carbono entre páramos y volcanes

Global Consulting y SPV Business son dos de los actores más nuevos en el creciente mercado de carbono en Colombia.

En los últimos seis años han aparecido más de un centenar de proyectos privados de este tipo en todo el país. Estos esquemas fueron incorporados a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados, pero Colombia decidió ampliarlos para incluir también proyectos privados del mercado voluntario de carbono. Desde entonces, los proyectos Redd+ se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos, pero también por los manglares caribeños, las sabanas de la Orinoquia y los páramos andinos como éstos en el sur de Nariño.

Tres razones explican esta bonanza. La primera es que el Gobierno colombiano creó en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles fósiles reducir o no pagar el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia —que suman 600 mil kilómetros cuadrados, el equivalente al área de Ucrania— está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, razón por la cual muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados de carbono. A eso se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, sin mayor supervisión estatal de los proyectos en lo técnico, lo social y lo ambiental.

Aunque los páramos contienen muchos menos árboles que una selva tropical o un bosque, son ecosistemas fundamentales en la lucha contra el cambio climático por otra razón. Sus suelos ricos en materia orgánica retienen altas cantidades de carbono, y si se remueve la capa vegetal más superficial, éste se libera a la atmósfera. Por ese motivo, los proyectos del mercado de carbono en páramos buscan desincentivar cambios drásticos en el uso de esos frágiles suelos, sobre todo su quema y reconversión para agricultura o ganadería que demorarían cientos de años en revertirse.

En teoría, todos los proyectos deben cumplir con principios globales que buscan garantizar que las iniciativas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación de bosques funcionen bien y realmente protejan a las comunidades locales y a la biodiversidad. Una de esas salvaguardas sociales y ambientales —que Colombia convirtió en una lista de 15 reglas de juego detalladas— es que las comunidades interesadas cuenten con información clara y de fácil acceso sobre las iniciativas.

En Cumbal, esa situación no mejoró ni cuando hablaron con la empresa a cargo del proyecto. A mediados de febrero, el ingeniero Alpala, del colectivo, logró entrar a una reunión de Global Consulting y SPV con dirigentes del resguardo, en la que —tras una petición suya— la gerente Bárbara Lara Escoto prometió que les compartiría un drive (una carpeta digital) con todos los documentos del proyecto Pachamama. Tres meses después, Alpala dice no tener ninguna noticia de ese drive.

Sobre todo hay dos documentos fundacionales de todo proyecto Redd+ que Alpala y los otros integrantes del colectivo aún no han podido consultar: el documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) y el informe del auditor externo que lo evaluó. Usualmente están disponibles en el Renare, la plataforma del Gobierno colombiano que lista todas las iniciativas de mitigación, pero que está fuera de servicio desde agosto pasado. Tampoco están publicados en la plataforma de la certificadora que otorgó su sello de calidad al proyecto.

Como ninguno de los gobernadores les ha respondido y Bárbara Lara no ha cumplido su promesa de hacerlos públicos, el 9 de marzo escribieron desde el correo del colectivo ambiental a la certificadora colombiana ColCX, una de las cuatro que operan en el país. Tras presentarse como “parte de la comunidad del resguardo indígena del Gran Cumbal”, le pidieron compartir ambos documentos, explicando que el gobernador no se los ha compartido y aduciendo que consultarlos es un derecho. “La no entrega de esta información ha generado una división y conflicto social entre la comunidad, puesto que no se sabe sobre la formulación, ejecución, indicadores ni metas a desarrollar en el proyecto”, escribieron.

ColCX —cuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas y poderosas del país— les respondió al día siguiente. Lo hizo negándoles acceso a los informes. “Siguiendo el debido proceso, debe ser solicitada a los titulares y/o al gobernador”, dijo escuetamente su gerente técnica Catalina Fandiño. Omitió que, justamente, el problema es que ni las empresas titulares ni el gobernador les dan respuesta.

Desde enero, esta alianza periodística solicitó a ColCX acceso a los documentos del proyecto, dado que —a diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima)— esta certificadora no los hace públicos en su registro de proyectos. En una primera respuesta en enero, Fandiño dijo que “el documento de diseño de cada uno de los proyectos es de carácter confidencial y es propiedad de la comunidad y/o desarrollador”, pero que los solicitaría al desarrollador. Ante nuevas solicitudes, en marzo respondió: “No obtuvimos aprobación para compartir la información solicitada”.

En entrevista el 30 de mayo, ColCX explicó que confía en el rigor de los documentos presentados por los desarrolladores y auditores, pero que no pueden compartirlos porque sus contratos con desarrolladores —incluida Global Consulting— incluyen una cláusula de confidencialidad. “Nosotros desafortunadamente estamos atados contractualmente y el único que nos podría autorizar es el desarrollador”, dijo su director Mario Cuasquen, añadiendo que no sabían del conflicto en la comunidad a raíz del proyecto de carbono pero que, como certificadores, no pueden cumplir ningún rol en su implementación.

Cuasquen, sin embargo, reconoció que hay una diferencia en el estándar de transparencia frente al de sus competidores y que este episodio generó autocrítica al interior de ColCX. “Nos dimos cuenta que, por un tema administrativo, tal vez ese aspecto estaba quedado [era insuficiente] y no era la mejor práctica”, dijo Cuasquen. Una de las decisiones que tomaron, fruto de una consultoría que contrataron, contó, fue eliminar la cláusula de confidencialidad de los contratos a partir de ahora, de manera que en los nuevos proyectos harán públicos sus documentos. En los ya vigentes, como Pachamama, se iría haciendo gradualmente a medida que renuevan sus contratos con ColCX.

El 14 de mayo, el colectivo ambiental de Cumbal volvió a escribir a Global Consulting y a SPV, insistiendo en su derecho a consultar dichos documentos. De nuevo, sólo hubo silencio.

Los promotores de Pachamama

Los titulares del proyecto Pachamama a los que se refiere la certificadora ColCX son, además de los gobernadores de los cuatro resguardos, dos empresas vinculadas entre sí. Una de ellas, la colombiana SPV Business, firmó el contrato de mandato con el resguardo de Cumbal, mientras la otra, la mexicana Global Consulting and Assessment Services, es la que ha impulsado la iniciativa ante los organismos de certificación y validación.

SPV Business, creada en Bogotá en septiembre de 2020, lista a Global Consulting and Assessment Services —representada por Yolanda Escoto Torales— como accionista única desde agosto de 2022, según consta en actas de Cámara de Comercio. A su vez, Global Consulting es una empresa que tiene su dirección en la ciudad mexicana de Querétaro.

La cabeza visible de ambas empresas desarrolladoras es Bárbara Lara Escoto, una ingeniera química e industrial mexicana que trabajó en la auditora noruega Det Norske Veritas. Desde 2008 es la fundadora y gerente de Global Consulting, empresa que —según su propia descripción— ha ayudado a registrar “más de 1650 proyectos de diferentes sectores productivos en los estándares de carbono de mayor reconocimiento internacional”. Es también, desde marzo de 2021, la representante legal de SPV Business. En Colombia fue invitada del gremio de palma aceitera Fedepalma a su congreso internacional en septiembre pasado, donde habló sobre los bonos de carbono como “posibilidad de generar ingresos adicionales en la agroindustria de la palma”.

Esta alianza periodística solicitó entrevistas a Bárbara Lara, de Global Consulting, y a Diana Carolina Avella, de SPV Business, desde el 20 de mayo, tanto por correo electrónico como por teléfono. Ninguna de ellas respondió.

Una auditora no tan independiente

En el esquema de funcionamiento del mercado de carbono, un proyecto Redd+ es presentado por sus desarrolladores a un estándar de certificación como lo es ColCX. Para que este último le otorgue su sello de calidad y le permita emitir créditos, evalúa los informes en los que un auditor externo valida el proyecto y verifica la deforestación que éste ha evitado. El trabajo de ese auditor, que suele ser pagado por el desarrollador, debe “permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, así como libre de sesgos y conflictos de intereses”, según señala una de las normas internacionales que regulan su trabajo y que rige en Colombia.

Sin embargo, en el caso de Pachamama, esa distancia entre desarrolladores y auditor es menos clara. En lo que podría constituir un conflicto de interés, la gerente de Global y representante legal de SPV fue también socia accionista de la auditora que lo validó en octubre de 2022 y verificó su remoción de 2,6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que le permitieron vender igual número de bonos.

En efecto, Bárbara Lara Escoto, gerente de Global Consulting y representante legal de SPV Business, figura en actas de cámara de comercio como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. Creada en junio de 2019 para prestar servicios de “pruebas, inspecciones, supervisiones, certificaciones, investigación y evaluación” de “proyectos de reducción, mitigación, captura, secuestro y almacenaje de emisiones de gases de efecto invernadero”, la auditora basada en Bogotá tuvo tres socios fundadores, todos ellos de nacionalidad mexicana: Raúl González Mitre contaba con la mitad de las acciones, mientras Óscar Gaspar Negrete y Lara Escoto tenían una cuarta parte cada uno.

Lara figuró como accionista de Deutsche Certification Body al menos hasta marzo de 2021, según documentos oficiales de la Cámara de Comercio. Un año después, en marzo de 2022, ya figuraba como único accionista de la auditora Óscar Gaspar. Fue justamente él quien firmó, en octubre de 2022, las declaraciones de validación y de verificación del proyecto Pachamama Cumbal que aparecen en la plataforma de ColCX, en tanto representante legal de Deutsche Certification Body.

No es el único vínculo entre desarrolladores y auditores. Diana Carolina Avella Ostos, quien figura desde marzo de 2021 hasta la actualidad como representante legal suplente de SPV Business, ocupó ese mismo cargo en Deutsche Certification Body entre marzo de 2021 y marzo de 2022, según consta en actas dela auditora inscritas ante Cámara de Comercio. Avella, una ingeniera química que trabajó en Fedepalma, fue la persona que firmó el contrato con el gobernador de Cumbal en abril de 2022 y la oferta comercial de compra de bonos en junio de 2022.

Dado que los informes completos de auditoría no son públicos y que ColCX negó acceso a ellos, esta alianza periodística no pudo comprobar si esas conexiones empresariales y personales fueron hechas públicas.

Esta alianza periodística buscó a las tres empresas involucradas en el proceso de auditoría para escuchar su visión sobre esas relaciones entre ellas y entender cómo gestionan potenciales conflictos de interés. Al igual que Global Consulting y que SPV Business, Deutsche Certification Body no respondió a una solicitud de entrevista hecha por correo electrónico el 20 de mayo.

La certificadora ColCX dijo a esta alianza periodística que no tenía noticia de esos vínculos. “No había escuchado. Es un tema de alarma y habría que evaluar el tema de conflicto de interés”, dijo su gerente técnica Catalina Fandiño, añadiendo que el procedimiento sería reportar los hechos al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) que supervisa a los auditores en el país. El director de ColCX, Mario Cuasquen, explicó que la empresa y el grupo Valorem tienen un riguroso proceso de debida diligencia de sus proveedores, que verifican que los auditores estén acreditados ante la ONAC y que confían en el monitoreo que hace dicho ente mixto, pero reconoció que no revisan los documentos corporativos en detalle. También admitió que ColCX no tiene hoy un procedimiento de gestión de conflictos de interés, pero que en la actualización que está haciendo de su protocolo incluirá una obligación a los desarrolladores de declarar posibles conflictos de interés. “Nuestro objetivo es subsanar las debilidades que el estándar puede tener, en un proceso de mejoramiento continuo”, dijo Cuasquen.

La cliente petrolera

En sus seis meses de vida, el proyecto Redd+ de Cumbal ha registrado la venta de 849.000 bonos de carbono. Lo ha hecho a un único comprador: la petrolera estadounidense Chevron.

Desde esa primera transacción de 315.000 bonos en octubre de 2022, Chevron ha canjeado créditos del proyecto en los páramos de Cumbal en cinco ocasiones, según consta en la plataforma de ColCX. A esa compra inicial siguieron una de 160 mil bonos en diciembre de 2022, otra de 194 mil en febrero de este año y una más de 180 mil en abril pasado. En todos los casos, su objetivo fue —según informa ColCX— demostrar carbono neutralidad para ser eximido del pago del impuesto al carbono al Gobierno colombiano.

Consultado si sabía que los bonos que compró y canjeó provienen de un proyecto que gran parte de los habitantes del resguardo que lo alberga desconocen, Chevron respondió a esta alianza periodística que “de acuerdo con los informes de auditoría, se cuentan con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de Gobierno indígena y también se realizaron los procesos de socialización respectivos”. La sucursal de la petrolera en Colombia añadió que tiene “una continua comunicación” con los desarrolladores, que éstos no les han “reportado y/o notificado sobre la existencia de algún conflicto o eventualidades” y que incluso les consultaron de nuevo a raíz de este reportaje.

Chevron también explicó que su política para respaldar lo que considera “un importante enfoque basado en el mercado para lograr reducciones eficientes de carbono” es establecer “alianzas estratégicas que nos permiten alcanzar estándares de cumplimiento”. Su proceso de debida diligencia de los bonos que compra, detalló, consiste en revisar que los organismos de verificación que evalúan los proyectos estén acreditados en Colombia o por el Foro Internacional de Acreditación, y examinar los informes de auditoría de los proyectos. Declinó responder, por “políticas corporativas de confidencialidad de la información”, a qué empresa compró dichos montos y el monto que pagó por ellos. “Nuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos”, añadió. (Aquí se puede leer la respuesta completa de Chevron).

No es la primera vez que Chevron ha sido cuestionada por su esquema de compensación ambiental. Hace una semana, un informe de la organización no gubernamental Corporate Accountability señaló que un 93% de los bonos de carbono que Chevron compró y utilizó a nivel global entre 2020 y 2022 son ambientalmente problemáticos. La petrolera rechazó las conclusiones de ese informe, argumentando que tiene un sesgo contra la industria y que pinta una imagen incompleta de sus esfuerzos por reducir su huella de carbono.

El asesor de carbono sancionado e inhabilitado

La falta de transparencia en torno al proyecto Pachamama no es lo único que preocupa a los habitantes del resguardo de Cumbal. También se ha convertido en un factor de alarma el nombre —y más concretamente el historial— de quien aparece en la carta de aceptación de la oferta comercial de compra de bonos del proyecto Redd+ como “testigo”.

Se trata de Jorge Luis Tipas Colimba, un habitante del resguardo que fue regidor en la vereda de Cuaspud, trabajó como funcionario público en la alcaldía de Cumbal y fue diputado departamental. Su carrera política se vio truncada cuando, a finales de 2015, la Contraloría departamental de Nariño lo halló responsable por mal manejo administrativo en dos procesos distintos ligados a contratos que él había supervisado durante su paso como secretario municipal de planeación de Cumbal en 2012.

En un primer proceso, en noviembre de 2015, la Contraloría halló a Tipas responsable por la “pérdida injustificada de recursos públicos” en un contrato de suministro de gasolina para una volqueta destinada al mantenimiento de vías en el resguardo de Chiles que estaba en reparaciones en Pasto. Según el ente departamental de veeduría a los recursos públicos, Tipas no supervisó ese contrato y “faltando a la verdad certificó que el combustible y lubricantes fueron utilizados en un vehículo que no estaba siendo utilizado a favor de la comunidad”. Un mes después, la misma Contraloría departamental lo declaró responsable fiscal por no haber supervisado diez contratos para la adecuación de la casa cultural de Chiles, no monitorear el uso de materiales y no darse cuenta que se usaron en obras distintas a la contratada. En ambos casos, la Contraloría determinó que hubo “un daño al patrimonio público” por cuenta del “actuar negliglente” de Tipas, que calificó como “culpa grave de carácter omisivo”. La suma de esas pérdidas, según la Contraloría, fue de 102,3 millones de pesos (unos 31.000 dólares al tipo de cambio en esa fecha).

Esos fallos le acarrearon dos de las sanciones disciplinarias más duras que hay en Colombia: en abril de 2016, la Procuraduría General de la Nación registró una inhabilidad para desempeñar cargos públicos por diez años y otra idéntica para contratar con el Estado. Ambas están vigentes hasta abril de 2026. (Varios de los documentos escriben Tipas con ‘s’ y otros con ‘z’, pero se refieren al mismo número de cédula).

Seis años después, en marzo de 2022, un mes antes de la firma del contrato para el proyecto de carbono, la Contraloría de Nariño volvió a fallar en contra de Tipas en otro proceso distinto también ligado a su paso por la alcaldía de Cumbal. Según el ente departamental, no se encontró “vestigio alguno (…) que permita establecer la ejecución” de un proyecto de restauración ambiental en el resguardo de Cumbal y nunca se plantaron 46.000 plántulas de árboles nativos que fueron pagadas. Tipas argumentó que no fue designado supervisor de esos contratos, pero la Contraloría falló en su contra aduciendo que “no puede minimizarse” que no verificó las actividades y aún así certificó su cumplimiento. En esa ocasión no le endilgó responsabilidad fiscal y aclaró que “no participa en el engaño para la obtención de los recursos de manera intencional”.

Tipas no respondió a una solicitud de entrevista de esta alianza periodística sobre su rol en el proyecto de carbono y sus sanciones vigentes.

Problemas para la “madre tierra”

Para los habitantes del resguardo en las faldas del volcán Cumbal, la mayor ironía es que el proyecto que promete cuidar “la totalidad de la extensión del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal”, como dice su contrato, los ha excluido del todo.

“La obligación de la autoridad es hacer conocer cualquier proyecto: con perifoneo invitar y reunir a la comunidad, presentarle el proyecto y preguntarle cómo se siente. Si la comunidad está de acuerdo, se hace. Pero calladamente no se puede”, dice Gilberto Valenzuela, de 74 años, quien fue regidor de la vereda de Cuaical cuatro veces.

La suma de peculiaridades —un proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son públicos, vasos comunicantes no declarados entre desarrolladores y auditores, un certificador que niega información a la comunidad y un asesor del proyecto sancionado e inhabilitado— han sembrado dudas entre ellos sobre su legitimidad. A eso se suma que podría estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales para este tipo de iniciativas, incluyendo la transparencia en su información, el consentimiento y la participación plena de sus beneficiarios, y la rendición de cuentas de sus resultados.

“Todo debe hacerse con participación y diálogo. El cúmulo de conocimiento de la comunidad, de los mayores, las mujeres, los jóvenes profesionales y las organizaciones ambientales no se tomó en cuenta, sino que la negociación se hizo en Bogotá a puerta cerrada”, dice Omar Chiran, abogado y miembro del colectivo. A su juicio, el proyecto ha sido “totalmente lesivo de los derechos, procesos y cosmovisión de los pueblos indígenas”, por lo que están considerando interponer una acción judicial, emulando la de los indígenas del Pirá Paraná que fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.

Eso les permitiría corregir, como mínimo, que el proyecto beneficie a quienes ya están protegiendo a la “madre tierra” en Cumbal. “No estamos beneficiados en ningún momento las comunidades que de verdad cuidamos los páramos y los bosques”, dice María Jael Cuaical, una indígena de 50 años que lidera un vivero de plantas nativas en la vereda de Guan. En los semilleros de su asociación Sinchimaki, donde trabajan once familias, crecen cientos de árboles propios de los bosques altoandinos —pumamaquis, caspimotes, capulíes, chilcuaros y charmelanes— que siembran en los bordes de las quebradas que bajan del páramo.

Pero, dice Cuaical, “somos invisibles”.