Los pueblos indígenas son esenciales para enfrentar la crisis climática
Si no garantizamos la protección y los derechos de las tierras indígenas en la cuenca amazónica y otros ecosistemas estratégicos a nivel regional y global, el mundo no podrá cumplir su objetivo climático de limitar el aumento de la temperatura global
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A pesar de que muchos países han reforzado sus compromisos climáticos, a pocos días de la COP28 —que se llevará a cabo en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre— Naciones Unidas advirtió que los Gobiernos no van por buen camino para cumplir sus objetivos climáticos, instándolos a adoptar acciones más ambiciosas. La evidencia científica lo respalda. Según la NASA, este verano fue el más caliente desde 1880, con efectos dramáticos en las economías, los ecosistemas y la salud humana. Lo que ya se suma a los reportes constantes de escasez de agua y alertas sobre el deshielo de los polos o la transformación irreversible de ecosistemas cruciales como la Amazonia.
La respuesta a esta crisis exige el concurso de pueblos indígenas. Estos pueblos gestionan cerca del 22% de las tierras del planeta. Territorios que albergan el 80% de la biodiversidad, y representan el 36% de los ecosistemas aún intactos, por lo cual son los principales sumideros de carbono del mundo. Varios estudios corroboran que los bosques que están en territorios indígenas no solo conservan mayor biodiversidad, sino que también almacenan aproximadamente el doble de carbono del que liberan, absorbiendo cada año alrededor de 7.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, debido a que su vegetación está en mejores condiciones. Además, si pensamos en las metas proyectadas desde el Marco Mundial de la Diversidad Biológica —adoptado por 200 países en la COP15, realizada en diciembre de 2022— el papel de los pueblos indígenas es crucial para la protección del 30% de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce en el mundo.
Solo en la Amazonia, la selva más grande del planeta, hay más de 400 pueblos indígenas, cada uno de ellos con su propia lengua, cultura y territorio que juegan un rol fundamental para la regulación del clima mundial. Existen alrededor de 3.344 territorios indígenas en los nueve países que conforman la Amazonia, que sumados a las áreas protegidas representan el 58% de toda la biomasa de esa región y almacenan aproximadamente 73.000 millones de toneladas de carbono.
A pesar de estas evidencias, las políticas de “desarrollo”, basadas en un enfoque extractivista, siguen debilitando los sistemas económicos tradicionales de los pueblos indígenas. Esto implica un despojo sistemático y un desconocimiento de sus territorios y sus derechos. América Latina no es la excepción: la población indígena presenta tasas de pobreza dos veces más altas frente a las demás poblaciones en la región, según el Banco Mundial. Es claro que la crisis climática es también una crisis de equidad. Las desigualdades estructurales basadas en diferencias de raza, etnia, género y situación socioeconómica hacen que los impactos del cambio climático afecten mayormente a los más vulnerables, incluyendo a pueblos indígenas, que, contradictoriamente, son los que menos han contribuido al cambio climático y los que proporcionalmente pueden contribuir más a mitigar las emisiones y a la vez, sus prácticas ancestrales se traducen en soluciones efectivas para la adaptación al cambio climático.
Si no garantizamos la protección y los derechos de las tierras indígenas en la cuenca amazónica y otros ecosistemas estratégicos a nivel regional y global, el mundo no podrá cumplir su objetivo climático de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Por ejemplo, en Brasil, la no demarcación de las tierras indígenas en años pasados, resultó en la invasión de más de 250.000 hectáreas, acelerando el proceso de deforestación y degradación de la Amazonía. Adicionalmente, cada año aumentan los conflictos vinculados a industrias extractivas y el uso ilegal de los territorios indígenas y son una de las principales causas de violencia. Según un informe de Global Witness, los indígenas representan un tercio del total de defensores del medio ambiente asesinados en todo el mundo.
Frente una tarea tan inmensa y compleja como la de revertir la crisis climática, los pueblos indígenas deben tener un liderazgo activo y expansivo en la búsqueda colectiva de soluciones.
Es por eso que desde The Natural Conservacy (TNC) trabajamos de la mano de los pueblos indígenas y las comunidades locales con el objetivo de lograr una transformación sistémica y colaborativa que contemple la protección de sus derechos que a la vez genera beneficios en términos de biodiversidad y resiliencia. Apoyamos la búsqueda de soluciones innovadoras y alternativas de negocio rentables. Queremos impulsar un modelo económico sostenible que mantenga el valor del bosque en pie y fomente un nuevo entendimiento del desarrollo humano que reconozca nuestros vínculos con la naturaleza.
Esto solo es posible si, además de reconocer su legítimo derecho a gestionar sus territorios, logramos canalizar el financiamiento suficiente. Existe una incoherencia entre lo que las pruebas demuestran del rol fundamental de los pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático y hacia dónde fluye la mayor parte del financiamiento. Según la Rainforest Foundation de Noruega, los proyectos que apoyan la tenencia y la gestión forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales recibieron aproximadamente 2.700 millones de dólares entre 2011 y 2020, procedentes de donantes bilaterales y multilaterales y de organizaciones filantrópicas privadas. Es decir, solo 270 millones de dólares al año. Esto equivale a menos del 1 de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para la mitigación y adaptación al cambio climático durante el mismo periodo.
Tenemos una deuda histórica con estos pueblos, que debemos rectificar de manera urgente. Desde donde estemos, debemos asegurarnos de que las voces de los pueblos indígenas se escuchen en la COP28 y en otros espacios de diálogo; debemos asociarnos con ellos para impulsar un desarrollo sostenible e integral, basado en los derechos humanos.