Una multitud silenciosa marcha en Montevideo por los desaparecidos en dictadura

Las madres y los familiares de los detenidos desaparecidos en la dictadura uruguaya (1973-1985) volvieron a marchar este lunes en Montevideo, acompañados de una multitud silenciosa y detrás de la consigna: “Ellos saben dónde están. Exigimos respuestas”. Sin divisas partidarias y con las imágenes de los 197 desaparecidos, la edición número 29 de la Marcha del Silencio congregó a varias generaciones de uruguayos que reivindicaron el emblemático “n...

Las madres y los familiares de los detenidos desaparecidos en la dictadura uruguaya (1973-1985) volvieron a marchar este lunes en Montevideo, acompañados de una multitud silenciosa y detrás de la consigna: “Ellos saben dónde están. Exigimos respuestas”. Sin divisas partidarias y con las imágenes de los 197 desaparecidos, la edición número 29 de la Marcha del Silencio congregó a varias generaciones de uruguayos que reivindicaron el emblemático “nunca más terrorismo de Estado” y exigieron la determinación de los gobernantes frente al silencio de los militares. La manifestación tuvo lugar casi un año después del hallazgo, en un predio militar, de los restos de una mujer víctima de la represión, cuya identidad aún no se conoce debido al mutismo castrense.

Este 20 de mayo la capital uruguaya amaneció con 6 grados y la recia humedad de siempre. Y en la noche, el frío seguía siendo la nota dominante cuando miles de uruguayos llenaron la avenida 18 de julio, la principal de Montevideo, para pedir que se conozca la verdad sobre las personas detenidas y desaparecidas en dictadura. En silencio, marcharon junto a las pocas madres que siguen con vida y acompañaron a las parejas de las víctimas, sus hermanos, hijos y nietos. Había muchos rostros jóvenes, que van cobrando protagonismo conforme pasa el tiempo. “Pasaron 50 años y la información sigue encerrada y silenciada”, dice a EL PAIS Luna Prieto, de 29 años. Su abuelo era Ruben Prieto, militante de izquierda que había escapado de la dictadura uruguaya y terminó secuestrado en Argentina en 1976 con 24 años. Desde entonces permanece desaparecido. El de Prieto es otro de los casos en que se ignora si, tras ser detenido, fue trasladado y asesinado en Uruguay en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión y el intercambio de prisioneros entre las dictaduras de la región.

“Quisiera que mi bisabuela pudiera irse con una respuesta, pero entiendo que tal vez nunca la tengamos”, sostiene Prieto. Se refiere a Milka González, madre de Ruben, que lleva 40 de sus 96 años en busca del paradero de su hijo y de quienes corrieron con igual suerte. “Sigue viviendo con un dolor muy grande, pero muy activa en las reuniones y viniendo a las marchas”, agrega su bisnieta. Para Prieto, la falta de determinación política necesaria para romper el silencio de los militares ha vuelto a ser evidente en los meses que han transcurrido desde que se encontraran los restos de una mujer víctima de la represión, en un predio del Ejército al sur de Uruguay. “Siguen sin decir nada”, protesta Prieto, recordando que todavía no se conoce la identidad de esa persona, pese a que el hallazgo se produjo a principios de junio de 2023: “Es muy grave lo que sucedió y sigue sucediendo”. Hasta el momento se han encontrado e identificado en territorio uruguayo los restos de seis desaparecidos. Sus nombres permanecerán en la lista de los 197, afirman madres y familiares, mientras sus historias no se conozcan cabalmente.

Entre las fotografías que encabezan la marcha estaba la de Miguel Ángel Río, uruguayo secuestrado en Buenos Aires en 1977. Tenía 29 años. En su caso, existen elementos y testimonios que permiten suponer que fue trasladado clandestinamente y desaparecido en Uruguay. El hijo de Río, Valentín, tenía seis meses cuando su padre fue visto por última vez con vida. “La marcha es el hito que en el año da cuenta de la vigencia del tema, no sólo para los familiares, sino para la sociedad en general”, dice a EL PAIS Valentín Río, de 46 años. Considera que en Uruguay ha habido avances, como el reconocimiento de la existencia de la desaparición forzada y la aparición de algunos restos de víctimas, pero no ha existido la decisión política necesaria para esclarecer cabalmente estos crímenes de la dictadura. “La sociedad todavía tiene resacas de impunidad muy importantes”, remarca. Su propia historia da cuenta de ello: “Yo no sé a ciencia cierta qué pasó con mi padre, dónde está enterrado, cuál fue la mano ejecutora. Toda esa información sabemos que existe y el Estado tiene sus instrumentos, sobre todo a través de la Justicia, para poder alcanzarla”, señala.

La Marcha del Silencio se lleva a cabo todos los 20 de mayo, día en que fueron asesinados en 1976 los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, en Argentina. Cuando tuvo lugar la primera manifestación, en 1996, las madres y familiares de los desaparecidos no habían sido recibidos por las autoridades democráticas e institucionalmente se negaba el asunto, aseguran. No los recibió el expresidente Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), ni tampoco Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Recién en el año 2000, el entonces presidente Jorge Batlle (Partido Colorado) reconoció el problema y marcó un hito con la instauración de la Comisión para la Paz. En 2005, bajo el primer Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda), comenzó la búsqueda de los desaparecidos en territorio uruguayo, con un obstáculo que se ha mantenido como marchamo: El pacto de silencio de los militares. Y cuando ha habido versiones sobre el destino de los cuerpos, han sido contradictorias y desmentidas por la vía de los hechos, tal y como ha constatado la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En la primera marcha estuvo Elena Zaffaroni, viuda de Luis Eduardo González, detenido y desaparecido en Uruguay a fines de 1974. En diálogo con EL PAIS, Zaffaroni recuerda que aquella manifestación había sido impulsada por la familia de Michelini, legislador asesinado, por el bloqueo que había en la justicia. “La sociedad ha estado a la altura, pero no los gobiernos”, expresa. En ese sentido destaca la masiva participación ciudadana en la Marcha del Silencio, pero también la movilización que hay más allá de este día clave. Deportistas, también cantantes, fotógrafos y cineastas, ejemplifica Zaffaroni, adhieren a esta causa desde su ámbito de trabajo con mensajes contundentes, por la memoria y contra el terrorismo de Estado. “Hemos sido críticos con todos los gobiernos”, agrega, “porque ninguno entregó a los desaparecidos”. “Ellos son los que tienen el poder y la responsabilidad de hacerlo”, subraya.

En la misma dirección reflexiona Pablo Chargoñia, abogado especializado en derechos humanos. “La premisa es que los enterradores no aportan información; apostar a una especie de arrepentimiento o de reserva ética del secuestrador, es una quimera”, dice Chargoñia a este periódico. Para el experto, una de las objeciones que se le puede hacer al Estado uruguayo es la falta de un diseño estatal para que las investigaciones relacionadas con estos casos sigan un plan de mayor eficacia y de mejores resultados. Se necesita, en su opinión, más personal a cargo de las investigaciones, mayor experticia y coordinación en materia de archivos. “La investigación debería desarrollarse en forma coordinada y eso no lo vemos”, explica este abogado asesor del Observatorio Luz Ibarburu, red de organizaciones que trabaja en la defensa de los derechos humanos.

Chargoñia apunta que Uruguay avanza lentamente en la imputación de delitos del pasado reciente y en los juicios a sus responsables. “Hay aproximadamente 80 exagentes de la dictadura que han sido sometidos a juicio. Algunos de ellos fueron condenados, otros están en proceso, más de 20 personas fallecieron”, puntualiza. Según el Observatorio Ibarburu, en 2023 había 29 represores recluidos en cárceles, pero que podrían beneficiarse de la prisión domiciliaria en caso de aprobarse un proyecto de ley que se discute en el Parlamento uruguayo. Así lo advirtieron tres relatores de la ONU, que en abril plantearon sus objeciones en una carta enviada al Gobierno. Chargoñia coincide: “Acompaño la objeción de los relatores en tanto estas situaciones ponen en riesgo los juicios, banalizan el daño cometido por el crimen de lesa humanidad y agravian a las víctimas”, concluye.

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