Guatemala pide 2.860 años de prisión para un ex alto cargo militar por genocidio contra el pueblo Ixil

Juan Velasco carga sobre sus espaldas la historia de terror que sufrió su familia en Guatemala. Este hombre de 31 años es hijo y nieto de víctimas de operativos militares que pretendían eliminar al pueblo Ixil, una de las etnias mayas del altiplano guatemalteco. Su abuelo materno, Juan Raymundo, fue desaparecido en 1983 en una “intervención selectiva” del Ejército en el poblado de Nebaj, a 254 kilómetros de Ciudad de Guatemala, en medio de un conflicto armado que dejó 200.000 muertos y graves crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura militar de Romeo Lucas García (1978-1982). La justicia guatemalteca juzga por los hechos de Ixil a Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, quien es acusado de genocidio, desaparición forzada y delitos contra la humanidad. La Fiscalía ha pedido, tras más de noventa audiencias y de presentar más de mil pruebas, 2.860 años de prisión para el exmilitar. Se espera que una sentencia se dicte esta semana, lo que Velasco considera un acto de justicia sobre los verdugos de su población. “Es devolverle al pueblo la esperanza y la confianza en el Estado”, afirma.

Velasco creció escuchando aquellas historias terribles de persecución que sufrió su familia. Narra por entrevista telefónica desde Chajul, un poblado en el occidente del país centroamericano, que las heridas siguen abiertas. “Mis padres nos cuentan que ese tiempo fue muy duro. A veces, cuando estamos alrededor del fuego, nos dicen que toda su juventud se perdió”, expresa. “Pero aseguran que sobrevivieron para buscar justicia”, agrega. Velasco cuenta que el Ejército desapareció a su abuelo en 1983 en Nebaj, que forma parte de la comunidad Ixil, cuando las tropas militares irrumpieron en el poblado. Sus familiares y varios vecinos huyeron hacia las montañas aledañas porque sabían, por lo que habían escuchado en otras poblaciones, que los militares serían despiadados. “Cuando mi abuelo intentó regresar al pueblo para saber si todavía quedaba en pie su casa, en el camino se encontró con el Ejército y lo desaparecieron”, afirma.

Un informe del organismo Impunity Watch, que ha acompañado a la víctimas, informa de que lo ocurrido en Ixil abarca dos fases relacionadas con la estrategia de persecución del Ejército contra las comunidades mayas. Los militares actuaron de forma “selectiva” contra estas poblaciones entre 1978 y 1981, en lo que se ha conocido como fase de “prevención”, cuando se combatió a estos poblados bajo la excusa de erradicar a las guerrillas insurgentes que pretendían acabar la dictadura militar y, según el informe, “se cometieron crímenes de lesa humanidad”.

La segunda fase se denominó de “intervención” y la realizaron los militares de enero a marzo de 1982, “cuando se generalizó la represión y se perpetró el genocidio”. En ambas fases, recoge el documento, ocurrieron desapariciones forzadas de líderes comunitarios y hechos de violencia sexual contra mujeres. “El genocidio inició durante los últimos meses de la dictadura de Romeo Lucas y continuó durante la dictadura de Ríos Montt (1982-1983)”, apunta el informe. Durante el Gobierno de Romeo Lucas se produjo el incendio a la embajada de España, en el que murieron 37 personas, incluidos todos los miembros de la sede diplomática, excepto el embajador, Máximo Cajal, que logró escapar. La mayor parte de las muertes fueron causadas después de la explosión de un cóctel molotov y por los disparos de la policía guatemalteca.

El dictador Ríos Montt fue condenado en 2013 a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil entre 1982 y 1983. Sin embargo, días después, el Tribunal Constitucional decidió anular la sentencia del juicio. Los magistrados aceptaron, en una decisión dividida, los recursos que había presentado la defensa del dictador por supuestas irregularidades. Ríos Montt falleció en 2018 en la impunidad. “Ha sido muy difícil pasar por todo esto”, afirma Juan Velasco. “La gente va al cementerio a visitar a sus familiares y uno no puede, porque no sabemos dónde está mi abuelo. Cuesta mucho, porque uno sabe si realmente está muerto. La intención de los militares era desaparecer al pueblo y que se condene a este militar en concreto es creer que es posible lograr justicia”, afirma.

Velasco, educador de profesión, ha trabajado desde 2017 acompañando a los testigos en el proceso contra Manuel Benedicto Lucas García. Ha buscado durante años a las víctimas, las ha convencido de que testifiquen, ha ayudado a encontrar testigos, ha servido de traductor del ixil al español y hasta ha dado acompañamiento psicosocial. Cuenta que en muchos casos ha sido difícil persuadir a los supervivientes para que den su testimonio, porque muchos no tienen confianza en la justicia ni el Estado guatemalteco, o solo quieren dejar en el pasado hechos brutales de violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía ha presentado durante el juicio 71 testimonios, de los que 11 han sido de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. También ofrecieron 55 peritajes, incluidas excavaciones en fosas clandestinas, 42 de antropología forense y 13 de otras disciplinas, además de decenas de documentos y pruebas materiales.

Masacres y violaciones

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, organización que ha realizado una labor titánica para rescatar la memoria histórica de ese país, explica que hay grupos de poder que han intentado obstaculizar el proceso para mantener la impunidad sobre estos crímenes. La corrupción es un cáncer que carcome el sistema judicial guatemalteco, a pesar de los esfuerzos del presidente Bernardo Arévalo de impulsar reformas. Funcionarios como la fiscal general Consuelo Porras operan en la sombra para mantener en pie lo que en ese país se conoce como “pacto de corruptos”, una trama política, judicial y empresarial que aceleró una deriva antidemocrática durante la Administración del entonces presidente Alejandro Giammattei.

Rodenas, sin embargo, confía en que haya justicia en este caso. “El Tribunal de Sentencia ha venido jugando un papel muy importante y nosotros podemos calificarlo como bastante objetivo e imparcial. Es decir, que a pesar de las críticas que se han hecho al sistema judicial de Guatemala, principalmente en el tema de la fiscalías, tenemos confianza en que pueda haber una resolución favorable para las víctimas”, afirma Rodenas por entrevista telefónica desde Washington, donde está estos días como parte de su trabajo.

Para estas organizaciones de derechos humanos ese es su principal objetivo: que se condene a los perpetradores de terribles violaciones. El informe de Impunity Watch recoge historias como la de Baltazar Chivalán Lux, quien relató que el 28 de febrero de 1981 el Ejército guatemalteco llegó a la comunidad de Xe’sontzaa, en Nebaj, para asesinar a mansalva: “Cuando su familia y él comenzaron a escuchar disparos, decidieron huir. A los tres días regresaron a la aldea y encontraron a muchas personas asesinadas y las casas quemadas. En la iglesia había un mensaje que decía “matamos a 118 guerrilleros”.

También están los testimonios de mujeres víctimas de violación. Una de ellas contó durante el juicio que logró escapar de su pueblo junto a una niña, atravesaron un río y pasaron la noche escondidas en la selva. “Al día siguiente, ambas continuaron huyendo, pero se encontraron con soldados, quienes al verlas las interrogaron, las amarraron y comenzaron a violar a la niña. Mientras tanto, los soldados le decían a ella que “ya le tocaría”, y así fue, porque después la violaron”, contó, según recoge Impunity Watch. La mujer quedó inconsciente: “Hasta el día en que muera, esos recuerdos se irán conmigo”, relató en el informe. Otra de las sobrevivientes de violencia sexual declaró que los soldados rodearon su hogar y ella logró huir, pero “me agarraron, me empujaron, me desnudaron; me da pena decirlo, pero me violaron. No sé cuántos fueron, pero me dejaron tirada. No tenía fuerza para levantarme. A mi hijo lo dejaron tirado en el monte”.

El defensor de derechos humanos Rodenas considera que estos testimonios y las pruebas aportadas son lo suficientemente fuertes para que la justicia condene al exjefe militar. “Se ha probado la responsabilidad del general Benedicto Lucas García. Con todos los testimonios y todos los peritajes hay suficientes medios de convicción como para que exista una condena”, afirma. “Es un caso emblemático que sienta un precedente en virtud de la crueldad que se cometió contra muchas poblaciones ajenas totalmente a un conflicto armado interno”, explica.

Para él, “este proceso ha revelado la forma como el Estado de Guatemala actuó durante la guerra, porque se ha logrado demostrar las graves violaciones a derechos humanos contra la población civil. También es un precedente porque es muy difícil poder conseguir sentencias condenatorias contra aquellos altos mandos militares que aún siguen gozando de cierta protección de determinados sectores que tuvieron algún tipo de participación directamente en el conflicto interno”, explica. Juan Velasco, el hijo y nieto de víctimas del conflicto, espera que la justicia no les falle a quienes sufrieron aquellos atropellos. “Que se condene a este militar es una forma de afirmar a la gente que sí es posible la justicia, que lo que están diciendo es verdad. Sería muy duro que le negaran ese derecho a la verdad. Yo he visto como rompen a llorar cuando cuentan sus historias en los tribunales. Una condena les devolvería la esperanza”, afirma.