Argentina declara “delito de lesa humanidad” la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí

La masacre indígena de Napalpí tiene, al fin, una historia oficial. Un juicio por la verdad sin precedentes en América Latina ha considerado este jueves un “delito de lesa humanidad” ocurrido “en el marco de un genocidio” la muerte, el 19 de julio de 1924, de entre 400 y 500 indígenas qom y moqoit a manos de la policía. El fallo, firmado en Resistencia, Chaco (norte de Argentina), responsabiliza al Estado y establece ocho medidas de reparación...

La masacre indígena de Napalpí tiene, al fin, una historia oficial. Un juicio por la verdad sin precedentes en América Latina ha considerado este jueves un “delito de lesa humanidad” ocurrido “en el marco de un genocidio” la muerte, el 19 de julio de 1924, de entre 400 y 500 indígenas qom y moqoit a manos de la policía. El fallo, firmado en Resistencia, Chaco (norte de Argentina), responsabiliza al Estado y establece ocho medidas de reparación histórica. Ha sido un largo camino para las comunidades indígenas de la región, que durante casi un siglo debieron escuchar la versión de que la matanza era el resultado de un enfrentamiento entre tribus.

Durante el juicio, iniciado el 19 de abril sin imputados -98 años después, no quedan responsables vivos- declaró Rosa Grilo, una mujer qom que era una niña cuando la policía arremetió contra su comunidad y hoy es la única sobreviviente de aquella barbarie. Chaco era en 1924 una región de avanzada criolla, donde los grandes terratenientes ocupaban a sangre y fuego las tierras más productivas de los pueblos originarios. Napalpí era una reducción, como se llamaba a los campos de trabajo administrados por el Estado, donde los indígenas producían algodón en un régimen de servidumbre. La masacre fue la respuesta oficial a una huelga de 1.000 trabajadores hartos de no cobrar por su trabajo.

Los policías y militares “llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora. De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias qom y moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas”, dice el fallo, firmado por la jueza Zunilda Nirempreger. “En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes”, agrega el texto.

“El relato de los hechos es muy descriptivo y abarcativo de cómo fue la secuencia de la masacre y su contexto”, dice el fiscal Diego Vigay, una de las personas que más ha trabajado para que este juicio de la verdad fuese posible. “Cuando empezamos la investigación en 2014, nos planteamos la cuestión de que la verdad abarcara el por qué se llevó a cabo la matanza, cuáles eran los intereses. La sentencia es valiosa en ese sentido. En el juicio hablaron investigadores de otras masacres y eso puso la sentencia en el marco de un proceso de genocidio contra las comunidades indígenas”, explica.

El juicio por la verdad dejó claro que el Estado fue el responsable de la matanza. “La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan”, dice el fallo, “que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación”.

Una vez asesinadas las familias en huelga, se construyó una historia oficial donde las víctimas se convirtieron victimarios. “A los fines de negar y encubrir la matanza, se presentó los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande. La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del Gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena”, reconstruye el texto.

La verdad deberá ser contada ahora en las escuelas chaqueñas, según ordenó la jueza. Habrá también un museo de la memoria en la que fue la sede de la reducción, en un pueblo rural que hoy se llama Colonia Aborígen y que cambiará de nombre, y se informará a organismos internacionales del resultado de la investigación. El juicio por la verdad ha sido el final de un largo camino que tiene a Rosa Grilo, la única sobreviviente, como cara visible. Y también a la Fundación Napalpí como promotora. En 1998, cuando nadie hablaba de la masacre y las comunidades ocultaban su historia, Juan Chico, descendiente qom, comenzó a preguntarse por la memoria de sus padres y abuelos. Chico investigó y en 2008 publicó un libro que abrió a la sociedad la historia de la masacre de Napalpí. “Ha sido un proceso muy tenso, agotador y llegar a esto relaja mucho emocionalmente, saber que por lo menos algo se hizo”, dice David García, miembro de la Fundación.

Juan Chico no pudo ver el resultado de su trabajo porque murió el año pasado víctima del coronavirus, pero dejó una Fundación en marcha. “Tenemos que formarnos para poder abordar la sentencia, porque hay líneas interesantes, como la reparación y las políticas públicas en educación. Debemos trabajar para reparar algunos daños”, dice David García. Comienza ahora el trabajo de reconstrucción.

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